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HABEAS CORPUS

Desde la cárcel, Javier Marieschi pide estudiar

Reclama por la suspensión de las actividades educativas por la pandemia de coronavirus. Pretende realizar un curso de Derechos Humanos.

Carcel
CÁRCEL. Por la pandemia se suspendieron los cursos que se dictaban a los internos. Marieschi pide acceder a ellos para obtener puntos que le permitan menguar una eventual pena. | Cedoc Perfil

El abogado Esteban Papagenadio, defensor de Javier Marcelo Marieschi, presentó un habeas corpus por las condiciones de detención en que se encuentra alojado en la cárcel de Bouwer. En particular, reclamó por la imposibilidad de estudiar desde que se suspendieron las actividades educativas por la pandemia de coronavirus.

Marieschi se encuentra con prisión preventiva, imputado por asociación ilícita y estafas inmobiliarias desde marzo de 2019. La presentación se realizó en el Juzgado de Ejecución N° 2 y el de Control N° 10.

La ley de ejecución penal fija entre los derechos de los detenidos el acceso a la educación con el objetivo de resocializar durante el encierro. La inquietud de Marieschi es realizar un curso de Derechos Humanos que dicta la UNC. Pretende, a través de ello, acceder al estímulo educativo que le posibilitaría menguar el monto de la pena en caso de que un tribunal lo condene.

En el escrito que analizan en los dos juzgados se mencionan las medidas adoptadas en el Servicio Penitenciario por la cuarentena. Se prohibieron las visitas y salidas transitorias y se anularon los cursos, entre otras cuestiones, lo que está incidiendo en las condiciones que viven los internos. Todo esto, en el marco de las condiciones de la cárcel, donde hay superpoblación, con celdas destinadas a un detenido donde se alojan dos, junto a una letrina de baño, refirió el abogado en la presentación.

Papagenadio se quejó, además, porque realizó pedidos ante el Ministerio de Justicia que no fueron contestados.

La causa. Hace poco más de un mes, el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier elevó una parte del expediente a juicio. Incluyó la presunta asociación ilícita que tiene ocho acusados. Queda en instrucción un importante número de hechos sobre presuntas estafas que reclaman los inversores que pagaron sus casas o departamentos y no recibieron las unidades habitacionales o las recibieron parcialmente.

Una de las características de las maniobras desplegadas fue la constitución de sociedades civiles involucrando a los clientes que compraban los inmuebles, lo que terminó ocasionándoles un doble perjuicio porque tuvieron que afrontar los malos manejos de la empresa de Marieschi.