El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa resolvió por unanimidad destituir a Mauricio Gabriel Zambiazzo, titular de la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, Entre Ríos. Los juzgadores advirtieron un patrón sistemático de maltrato laboral, irregularidades administrativas y conductas incompatibles con la ética pública. El fallo fue dictado el 5 de febrero pasado y ya se publicó en el Boletín Oficial la declaración de vacancia del cargo que ocupaba.
En el fallo, el tribunal concluyó que el magistrado perdió la idoneidad necesaria para ejercer el cargo, requisito esencial según la ley 27.149.
La decisión adquiere relevancia institucional no solo por la gravedad de las conductas comprobadas, sino también por el peso de los testimonios provenientes de la jurisdicción federal de Córdoba, donde Zambiazzo trabajó previamente en la capital provincial y en la sede de Bell Ville. En efecto, su domicilio no cambió y siguió siendo en un country de Villa Allende donde reside su familia.
El veredicto
El tribunal sostuvo que el comportamiento del funcionario configuró la causal de mal desempeño prevista en el artículo 57 del régimen jurídico del Ministerio Público de la Defensa. Según la sentencia, las pruebas demostraron un patrón reiterado de violencia laboral, falta de liderazgo efectivo y vulneración de los estándares mínimos de respeto y trato digno exigidos a un magistrado.
También aclaró que la destitución no constituye una sanción penal, sino una evaluación institucional sobre la capacidad del funcionario para ejercer responsabilidades públicas.
Consideró probado un estilo de conducción caracterizado por instrucciones contradictorias, cambios repentinos de reglas sin explicación y ausencia de directivas claras sobre la gestión de casos. Según testimonios, el magistrado prolongaba reuniones con monólogos sobre su vida personal o descalificaciones hacia colegas, lo que generaba retrasos y desorganización.
Los testigos describieron episodios reiterados de gritos, recriminaciones agresivas e invasión del espacio personal de los empleados. También se mencionaron comentarios ofensivos sobre la apariencia física de trabajadoras y situaciones de trato degradante hacia subordinados.
Entre los casos más graves señalados figura el trato hacia el empleado Ulises Barreira Vesco, a quien habría obligado a realizar acciones humillantes, y situaciones de falta de empatía frente a problemáticas personales de integrantes del equipo.
La acusación sostuvo que Zambiazzo fomentaba deliberadamente la discordia interna mediante críticas cruzadas entre empleados y el uso arbitrario de ascensos como herramienta de presión o manipulación.
La resolución también atribuyó al defensor el uso de lenguaje racista, clasista y sexista hacia personas defendidas por la institución, incluyendo expresiones ofensivas que reflejarían un trato incompatible con la función pública.
Además, se acreditó que produjo la carga de datos falsos sobre visitas carcelarias que debía realizar y pedidos a empleados para falsificar su firma en comunicaciones oficiales.
Testimonios de Córdoba y Bell Ville
Magistrados y empleados que trabajaron con Zambiazzo durante su actuación como defensor público en la jurisdicción federal de Córdoba, tanto en la ciudad capital como en la Defensoría de Bell Ville también prestaron testimonio en el transcurso del juicio de destitución. Varios refirieron rasgos de liderazgo que impactaban negativamente en el clima institucional.
Las audiencias realizadas de forma telemática desde el Equipo Interdisciplinario de la Jurisdicción Federal Córdoba incluyeron también declaraciones de excolegas y personas del entorno personal.
El argumento de la defensa y la respuesta del tribunal
La defensa sostuvo que, pese a las denuncias internas, el servicio jurídico brindado a los asistidos no se había visto afectado. Sin embargo, el tribunal rechazó ese planteo al afirmar que la idoneidad para ejercer la magistratura no se limita a la eficiencia técnica, sino que incluye el respeto por la dignidad humana y la garantía de un ambiente laboral libre de violencia.
El análisis jurídico concluyó que las conductas acreditadas constituyen infracciones graves a la ética pública y a los protocolos de género vigentes, lo que justificó la remoción definitiva de Zambiazzo del cargo.
