La madre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado el 29 de junio de 2023 en Laboulaye por un compañero de escuela de 13 años, recibió con satisfacción la aprobación en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la imputabilidad a partir de los 14 años. Sin embargo, advirtió que la reforma será insuficiente si no se garantiza un abordaje integral de los menores que cometen delitos graves.
"Estos menores no pueden quedar libres en la sociedad, no pueden ser devueltos al entorno donde se gestó, porque se convierten en asesinos, violadores", afirmó Mariela Flores en declaraciones a Punto a Punto Radio 90.7. La mujer sostiene que el Estado debe intervenir con un seguimiento multimodal riguroso para evitar que los jóvenes victimarios regresen a entornos disfuncionales sin comprender el daño causado.
La Cámara de Diputados aprobó el jueves con 149 votos a favor y 100 en contra el proyecto que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, que ahora pasará al Senado, establece un tope de 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. El oficialismo de La Libertad Avanza logró el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras que el kirchnerismo y la izquierda votaron en contra.
El difícil camino del perdón
Consultada sobre si algún día podrá perdonar al asesino de su hijo, Flores fue contundente: "Hoy no, a él no lo puedo perdonar. Sí quiero entender y entenderlo, qué es lo que pasó en su cabeza que lo llevó a hacer semejante hecho. Pero no sé, tal vez si yo entendiera eso ahí podría hablarte del perdón. Hoy te digo que no".
La familia intentó en varias instancias hablar con los padres del agresor para entender qué manifestaba el menor sobre el crimen, pero nunca accedieron. Tampoco existió ningún tipo de acercamiento de la otra familia.
Flores sostiene que el menor victimario no puede ser devuelto al entorno donde se gestó sin un trabajo profundo sobre "qué fue que lo llevó a llegar a hacer esto y que ese menor entienda el daño que causó". De lo contrario, advirtió, "seguimos en esto de que no importa, no pasó nada acá".
Un crimen premeditado que conmocionó a Córdoba
El 29 de junio de 2023, Joaquín Sperani salió de su casa en bicicleta hacia el IPEM N° 278 Malvinas Argentinas de Laboulaye. Dejó su bicicleta en el patio de la escuela pero nunca ingresó al aula. Tres días después, familiares encontraron su cuerpo en una casa abandonada a 100 metros del establecimiento educativo.
La autopsia reveló que Joaquín había recibido 18 golpes en la cabeza con un caño de metal y un pedazo de hormigón, lo que le provocó un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica. La muerte fue instantánea.
El autor confeso del crimen fue L., su mejor amigo y compañero de curso de 13 años. Las cámaras de seguridad captaron a ambos adolescentes saliendo juntos del colegio a las 14.50. Según la reconstrucción judicial, el menor premeditó el asesinato: salió de la escuela a las 9.21, se dirigió a la casa abandonada donde armó la escena del crimen durante 40 minutos, regresó al colegio y luego convenció a Joaquín de ir con él al lugar del ataque.
Tras cometer el homicidio, el agresor volvió a la escuela, se comportó de manera "normal" según compañeras, "jugó y se rió", participó de la búsqueda de su amigo durante tres días y aportó pistas falsas para confundir a la policía. Incluso inventó que Joaquín estaba cansado del trato "muy estricto" de su familia y que había decidido irse "con otra familia".
Tres meses de detención y libertad
Por su edad, el agresor fue declarado inimputable. En octubre de 2023, tras solo tres meses en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) del Complejo Esperanza, fue liberado y reintegrado a su familia con la orden de realizar un tratamiento multimodal psicoterapéutico.
"El asesino de mi hijo está libre, hace su vida como cualquier otra persona", denunció Flores. "Lo único que estuvo fueron tres meses que fue del tiempo que duró para hacerle las pericias y luego lo dejaron en libertad".
Los peritos advirtieron en sus informes que existía "alta probabilidad" de que el menor volviera a cometer los mismos patrones si no era abordado correctamente. "A pesar de que los peritos pidieron que él tenga un seguimiento multimodal muy riguroso porque existe la probabilidad, alta probabilidad de que él vuelva a cometer, tener los mismos patrones si no es abordado como se corresponde", explicó la madre.
Una ley que no alcanza a su hijo
Flores reconoce que la nueva ley no será retroactiva y que casos como el de Joaquín y el de Jeremías Monzón -el adolescente de 15 años asesinado en diciembre de 2025 en Santa Fe por tres menores, cuyo caso impulsó el tratamiento de la iniciativa- quedarán en la impunidad.
"Los casos como Joaquín, como Jeremías Monzón y como miles más quedan en la impunidad. Nosotros estamos viendo esto para adelante, para el futuro, para que estos casos que han sucedido y que no tienen justicia y que quedan en impunidad, no se repitan o reciban condena", señaló.
La madre insiste en que su pedido no nace de la venganza sino del anhelo de una resocialización genuina. "No buscamos venganza, buscamos que realmente el Estado se haga presente y que haga una resocialización de estos menores victimarios como debe ser", aclaró. "Estamos hablando de hechos aberrantes, no de un menor que te roba o te raya un auto".
El Estado condenado por negligencia
En febrero de 2025, la Justicia cordobesa condenó al Estado provincial a pagar 595 millones de pesos a la familia Sperani por responsabilidad civil. El fallo del juez Ignacio Andrés Sabaini Zapata determinó que el IPEM N° 278 no garantizó la seguridad de los estudiantes ni ejerció un control adecuado de asistencia.
Joaquín nunca ingresó al aula ese día, pero nadie lo advirtió. Su compañero salió del colegio sin autorización a las 9.21 de la mañana y regresó tras cometer el asesinato, sin que ningún docente lo notara. El juez concluyó que la deficiente supervisión escolar facilitó el crimen y que el Estado debe asumir las consecuencias.
La familia había demandado originalmente por 600 millones de pesos tanto al Gobierno provincial como a los padres del victimario, pero la Justicia eximió de responsabilidad a estos últimos argumentando que en el momento del crimen el agresor estaba bajo custodia del colegio.
