El Observatorio de la Deuda Social de Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) acaba de publicar su informe 2018. En el se aprecian los niveles de confianza institucional: los tres poderes del Estado tienen indicadores muy bajos, pero, además, muestra que ese nivel de confianza ha descendido en el último año.
Respecto al Congreso Nacional, el nivel de confianza en el 2017 era del 17,3% mientras que el año pasado fue del 11,5 %.
En Córdoba es esperable que esos números se repitan.
En ese marco, me parece importante cuestionarnos por qué las y los ciudadanos tienen esa desconfianza hacia el Poder Legislativo.
La respuesta no es simple y tiene una multiplicidad de variables.
Sin embargo, quiero detenerme en el funcionamiento de este poder, en el juego democrático de las mayorías y minorías, en la construcción de consenso, la apertura al diálogo y en las temáticas que se abordan.
Entiendo que uno de los problemas centrales que tenemos en las instituciones y en el manejo de la política es que nos conducimos con paradigmas, criterios y acciones propias de la política del siglo 19 cuando estamos en pleno siglo 21.
Las instituciones reproducen en su interior los modos de funcionamiento social. Si en lo social nos manejamos con verdades absolutas y el debate se transforma en una guerra de vanidades es muy posible que eso se replique al interior de las instituciones.
Aun así, hay posibilidades de revertir esta modalidad. Distintos movimientos transversales (de mujeres, de jóvenes y grupos ambientalistas) están marcando una ruta en la cual es posible construir consensos entre quienes pensamos distinto.
En este contexto, es imprescindible tener presente que no siempre la razón está del lado en el que nos encontramos y una posición alternativa a la oficial no atenta contra la gobernabilidad de un Estado.
Al contrario, poner en debate las ideas de aquellos que no pertenecen al oficialismo es síntoma de salud institucional y de auténtica democracia.
En los próximos años tenemos la opción de revertir el bajo nivel de confianza en nuestras instituciones y dependerá de la dirigencia política; de nosotros, de si somos capaces de entender que no importa de quién proviene la idea, sino de avanzar en políticas públicas que puedan mejorar la calidad de vida de nuestra gente.
Liliana Montero es licenciada en psicología y legisladora provincial
