Perfil Córdoba consultó sobre el tema a un crítico del actual sistema de evaluación del Poder Judicial de Córdoba para ascender en la carrera judicial. Marcelo Hidalgo es fiscal de la Cámara 3ª del Crimen y docente en la UNC. Enumeró cuáles son las falencias de las evaluaciones actuales y hacia dónde dirigir las reformas para hacerlas más modernas y transparentes.
–¿Qué opinión tiene de los concursos para ingresar y para ascender en el Poder Judicial?
–Permiten el acceso sin ningún tipo de discriminación que no sea la capacidad. Ese es el sentido más positivo que tienen los concursos y ha sido un logro histórico muy importante.
–¿Por qué cree que se han producido casos donde hay sospechas de parcialidad de miembros del tribunal evaluador?
–Eso habla de una cierta crisis del sistema en Córdoba. Creo que hay que cambiar. No los concursos de acceso, sino los de promoción hacia cargos de funcionarios. Se necesita otro concepto.
–¿Los concursos actuales no garantizan la selección según la capacidad de los aspirantes?
–El concepto tiene que ver con la capacitación para que una persona pueda estar en condiciones de desempeñar un cargo. Debería ser perfectamente transparente y enfocada en sentencias, fallos, en el conocimiento específico para el cargo al que se aspira. Un ejemplo, sobre la base de los últimos 100 fallos, es estudiar cuáles han sido los avances, las posturas. Debería examinarse sobre ese contenido. Es una idea de capacitación acotada, específica y también democrática. Hay sistemas de inteligencia artificial que, sobre la base de cuestionarios prediseñados de 1.000 preguntas que todos pueden conocer, en el instante en que se desarrolla el examen aparecen las pantallas con los temas de esas preguntas que se prepararon previamente. Se diseña un múltiple choice para cada uno de los participantes y en el mismo momento en que termina el examen se permite la corrección. Esto tampoco es nada novedoso. En Harvard, entre otros lugares del mundo, utilizan el sistema de las 1.000 preguntas.
–Cuando usted habla de capacitación, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Son cursos, posgrados, especializaciones que cada postulante debe acreditar?
–No. Esa formación puede ser de mucha utilidad, pero lo que hay que garantizar en el Poder Judicial es que las personas que van a cumplir funciones específicas tengan los conocimientos para optimizar su desempeño. Yo bien puedo desarrollar conocimientos y tener capacitaciones y cursos en áreas que no son las que me exige la función. Lo que se necesita, en cambio, son conocimientos técnicos especiales y permanente actualización en esas áreas. Toda la otra actividad, bienvenida sea, pero lo que hace falta acá son funcionarios dispuestos a producir y a provocar resultados, no sólo a generar logros académicos, sino un conocimiento volcado al desempeño de la función y a la aplicación en función de resultados.
–Si usted tuviera que definir el actual sistema que se aplica en Córdoba, ¿cree que es vetusto, poco transparente? ¿Cuál es la falencia más importante?
–Hay que ir hacia un sistema más moderno. Reitero, 100 fallos, conocimientos para todos y 1.000 preguntas que las conoce todo el mundo. Es más transparente y moderno. Ambas cosas van de la mano. No sirve al sistema alguien que se dedique a estudiar, a obtener títulos, si no los vuelca en resultados en el trabajo.
–¿Cuánto limita el camino hacia el objetivo que plantea la existencia de la “familia judicial” o los vínculos sociales y académicos que se tejen para alcanzar un nombramiento?
–Precisamente los concursos tienden a dejar de lado ese concepto. En mi caso, soy el primero de toda mi familia que ingresó al Poder Judicial y fui rindiendo sucesivamente en el Consejo de la Magistratura. Atrás mío cuatro familiares directos pudieron acceder con un concurso muy exigente al Poder Judicial y realmente me parece extremadamente valioso. El acceso y el desarrollo en la carrera es preciso que tengan que ver con los talentos que deben ser demostrados, el conocimiento y la productividad.
