En cuatro años las denuncias por violencia familiar y de género crecieron casi un 170%

La violencia de género y familiar no para. Las estadísticas que maneja el Ministerio Público Fiscal (MPF) arrojan un diagnóstico cada vez más grave: en los últimos cuatro años se registró un incremento de causas iniciadas del 168%.

Mientras en 2019 hubo 4.758 denuncias, este año la proyección indica que superarán las 12.700, ya que hasta el mes pasado se contabilizaron 12.344. Sólo pasaron cuatro años y casi llegan a triplicarse.

En 2020, cuando se declaró la pandemia de Covid-19 y el aislamiento social preventivo, el salto fue enorme: de 5.350 ese año pasaron a 9.771 al siguiente. Es posible que el encierro haya potenciado la violencia hacia el interior de los hogares. Al menos los números hablan de una escalada de hechos que llegaron a la Justicia. El año pasado siguió la curva creciente y traspasó los 10.500 casos y en 2023 no descendió, por el contrario, continuó el ascenso de demanda.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿creció la violencia o ahora hay más denuncias debido a que existe una conciencia diferente y las víctimas se reconocen como tales? Es posible que los números expongan la mixtura de ambas realidades.

Los datos pertenecen sólo a la ciudad de Córdoba, donde actualmente hay seis Fiscalías de Violencia de Género y Familiar y el ingreso de causas se produce a través de la Unidad Fiscal especial que funciona al lado del Polo de la Mujer, en Entre Ríos 680.

Desde comienzos de este año esa oficina unifica los ingresos de denuncias de violencia de género, familiar y también delitos contra la integridad sexual. Allí trabajan cinco ayudantes fiscales y 30 sumariantes. Si se contabilizan días hábiles, reciben un caudal de 61 denuncias diarias.

En su inmensa mayoría, son situaciones acuciantes donde mujeres y niños corren peligro inminente. Al día siguiente serán 61 demandas más y así se irán agregando hasta acumular, en promedio, 1.200 al mes.

Cada una de ellas requiere que se adopten medidas urgentes. Son las y los fiscales de Violencia de Género y Familiar (seis en total para la Capital) quienes las ordenan para proteger a las víctimas de inmediato. Luego, cada expediente es investigado y demanda procedimientos, secuestros, detenciones y demás trámites similares a cualquier otra causa judicial. Para esa tarea hay 18 comisionados policiales en total para toda la ciudad Capital.

Por eso, uno de los pedidos que se reiteran al Poder Ejecutivo es la creación de más cargos, partidas presupuestarias y la incorporación de más comisionados.

El MPF también ha sufrido el impacto por la merma de ingresos de efectivos a la Policía de Córdoba. La decisión política de incrementar el tiempo de formación de los ingresantes a la fuerza hizo que durante los últimos tres años se produjeran las bajas habituales por jubilación, situación pasiva, carpetas médicas, etc; pero sin la incorporación de nuevos efectivos. Esta realidad tiene impacto en los denominados comisionados. Son policías que prestan una ayuda esencial a fiscales para la investigación del delito.

Mujeres, víctimas mayoritarias. Si se observan las categorías en que se dividen los expedientes, se llega a la conclusión de la preponderancia de las demandas por agresiones hacia las mujeres. Son más de la mitad, el 52%. El resto se divide entre violencia familiar (25%), maltrato y abuso infantil (20%) y contravenciones.

Estas últimas son casos que investiga la Ayudante Fiscal y se juzga en el mismo ámbito en una audiencia oral. Las penas que se imponen son trabajos comunitarios, multas y cursos educativos sobre perspectiva de género, además de prohibición de acercamiento a las víctimas. Se trata de hechos por difusión no autorizada de contenido íntimo, hostigamiento laboral a mujeres, a estudiantes, acoso callejero o por redes sociales.

En cuanto a la edad de las personas denunciadas, más del 93% fueron mayores de 18 años, es decir que la investigación judicial queda a cargo de las Fiscalías de Instrucción especializadas -sin son casos graves- y las comunes.

El 2,75% de denuncias fueron derivadas a los Juzgados Penales Juveniles cuando los presuntos victimarios fueron adolescentes no punibles (menores de 16 años) y a las Fiscalías del mismo por jóvenes de 16 a 18 años; es decir que son sometidos a un proceso especial. Con este panorama, los recursos resultan escasos.

Para el año próximo, el MPF espera un refuerzo de personas para la Unidad Judicial del Polo de la Mujer. Esperan definiciones del Poder Ejecutivo para incorporar 10 sumariantes más y también más comisionados policiales.

TRES FISCALÍAS MÓVILES PARA EL INTERIOR

La Fiscalía General busca para el año próximo refuerzos también en el interior provincial. Se encuentra en proyecto crear tres Fiscalías Móviles especializadas en Violencia Familiar y de Género que tendrán sede en Jesús María para la 9ª Circunscripción; en Cosquín para 7ª y en Villa Dolores, para la 6ª. Para la designación de sus titulares deberán ponerse en marcha los concursos. La fiscal General Adjunta, Bettina Croppi, señaló que esperan ponerla en funcionamiento a mediados del año próximo.

Hay otras ciudades donde se asignó por ley la competencia en la materia, pero no entraron en funcionamiento. Es lo que sucede en Río Cuarto, con la Fiscalía de Fernando Moine; en Villa María con la de Juliana Companys y en San Francisco, con la de Silvana Quaglia. En esas tres jurisdicciones, los fiscales deberían estar tramitando las causas por violencia familiar y de género. Pero no serán relevados de investigar también las comunes.

Se planea un reglamento que fije los criterios de gravedad y prioridad -tal como ocurre en Capital- que derivará los casos más graves a las fiscalías especializadas