Cuando a un vecino cordobés se lo consulta espontáneamente por la Justicia, la respuesta más habitual no tiene matices: es lenta, no funciona, no da soluciones. Esa es, según relató a PERFIL CÓRDOBA la referente judicial comunitaria Evangelina Gottardi, la primera reacción que reciben los voluntarios del programa cada vez que tocan una puerta, se instalan en una plaza o abren una charla en una escuela.
"La principal palabra que sale apenas hablan de la Justicia es que es lenta, que no hace nada", resumió Gottardi, que además de su tarea voluntaria se desempeña en el fuero penal del Poder Judicial provincial.
El diagnóstico que describe la referente no es un dato aislado. El Índice de Confianza en la Justicia, elaborado por la fundación FORES junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, viene de sufrir su mayor caída semestral desde que la medición se retomó en 2023: en junio retrocedió 3,7 puntos y quedó en 48,7, el nivel más bajo desde el promedio histórico registrado entre 2004 y 2011.
Otros relevamientos privados, con metodologías distintas y foco en el área metropolitana de Buenos Aires, ubicaron la confianza promedio en la Justicia en apenas 2,5 sobre 10 puntos. Ninguna de esas mediciones es específica de Córdoba, pero coinciden en un mismo eje que los referentes escuchan a diario en territorio provincial: la lentitud como principal motivo de descrédito.
Un programa nacido en 2021, con casi cinco años en la calle
El programa de Referentes Judiciales Comunitarios se creó por el Acuerdo Reglamentario N° 1717, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba el 27 de agosto de 2021, aunque su implementación efectiva comenzó recién en 2022. Sus impulsores lo presentan como una iniciativa sin antecedentes en América Latina: un cuerpo de voluntarios que actúa fuera del horario laboral y sin remuneración, con presencia en las 24 circunscripciones judiciales de la provincia, entre la Capital y más de setenta localidades del interior.
La composición del programa se amplió este año. A los empleados judiciales que lo integran desde su origen se sumaron, por primera vez, jubilados del Poder Judicial -con años de trayectoria en tribunales- y estudiantes y docentes universitarios.
Sobre la cantidad de personas involucradas existen números que no siempre coinciden: mientras Gottardi habló de "más de 1500 voluntarios" en la actualidad -organizados en grupos de dos a cuatro personas por barrio o localidad-, el propio sitio institucional del programa reivindica "cientos de voluntarios" en toda la provincia y registra hitos como 180 entrevistas a enlaces de organismos públicos locales y más de 1.500 consultas atendidas sobre boleta única durante las últimas elecciones provinciales. En el lanzamiento de la última convocatoria, en marzo pasado, el propio Tribunal Superior había informado que 1.000 personas se inscribieron y capacitaron para sumarse a la iniciativa.
Las tareas de los referentes incluyen recorridas de diagnóstico barrial en centros de salud, iglesias y centros vecinales; charlas en escuelas dentro de una actividad llamada "Derecho al pizarrón"; proyecciones de cortometrajes vinculados a problemáticas sociales bajo el título "Cultura y Justicia"; y jornadas abiertas en plazas conocidas como "Es tu derecho, preguntá a la Justicia". Los temas que más aparecen en esos encuentros, según Gottardi, son la violencia doméstica, las estafas virtuales y el grooming entre adolescentes.
Informar, no reemplazar
La referente marcó una distinción que el programa repite como límite de su función: los voluntarios no reemplazan a un abogado, un juez, un fiscal ni un defensor público. "Nuestra tarea es informar, orientar y, en su caso, derivar el conflicto al lugar que corresponda; no venimos a suplantar a un abogado, a un juez o a un fiscal", planteó.
La diferencia con la Defensoría del Pueblo, señaló, es que ese organismo asiste a personas de bajos recursos con un trámite judicial concreto, mientras que el objetivo de los referentes es anterior: evitar, cuando es posible, que el conflicto termine convertido en un expediente.
Consultada por las causas estructurales de la lentitud que los vecinos reprochan, Gottardi apuntó a la falta de recursos y de personal, y en particular a que la provincia cuenta con una sola policía judicial para investigar la totalidad de las causas penales de Córdoba. Sobre el clima interno, la referente sostuvo que la vocación individual sigue explicando buena parte del compromiso de quienes trabajan en tribunales:
Un dato que la propia entrevistada destacó como punto de inflexión en la percepción ciudadana es la experiencia de haber integrado un jurado popular. Según su relato, las personas sorteadas para participar de un juicio penal suelen modificar drásticamente su mirada sobre la Justicia una vez que atraviesan el proceso desde adentro, al tomar contacto directo con la complejidad de una investigación y el volumen de prueba que exige cada causa compleja.
