El fin de la feria por la emergencia sanitaria implicará para los tribunales federales regularizar la agenda después de tres meses de paralización casi total. Si bien desde hace unas semanas se realizan juicios abreviados en forma remota, las autorizaciones de la semana pasada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del COE permitirán abocarse a procesos más complejos.
A partir de mañana, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) comenzará a fijar las fechas de audiencias pendientes. Quizás la más trascendente, por la envergadura del acusado, sea la que llevará al banquillo al expresidente y actual senador nacional Carlos Menem, quien permanece internado a la espera de recibir el alta médica.
Hace 15 días fue internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de Buenos Aires. Descartado que padezca Covid-19, se estableció que padecía de una neumonía bilateral por lo que permaneció en terapia intensiva. El jueves próximo, 2 de julio, cumplirá 90 años.
Al comenzar el año, se había estimado realizar el juicio a partir del 22 de mayo, aunque el aislamiento social preventivo y obligatorio determinó su postergación. Posiblemente mañana, el tribunal dé a conocer la fecha en que se realizará el juicio.
Allí, se deberá develar si fue o no instigador de las explosiones ocurridas a las 8:55 del viernes 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero. Será la única discusión en la audiencia, ya que la defensa elevó un nuevo planteo, pero la voluntad de los jueces es resolverlo y fijar audiencia, señalaron fuentes de tribunales a este medio, al indicar que el objetivo es evitar la prescripción de las causas.
Otro proceso que está pendiente es el segundo juicio por CBI. Son 14 las personas acusadas por el presunto delito de lavado de activos en varios hechos a partir de la operatoria de la financiera y de otras empresas satélites que habrían aportado para mantener el circuito de negocios.
Reapertura. A partir de mañana, también los juzgados de primera instancia destrabarán la actividad en todas las causas judiciales. La salida de la emergencia implica que comienzan a regir los plazos procesales y los tribunales se aboquen a la tramitación de todo tipo de expedientes. No obstante, la presencia física será limitada.
El protocolo aprobado por el COE implica, entre otras cosas, que la planta de personal se alterne por mitades para ir a trabajar y rotar cada 15 días. El resto continuará con teletrabajo, es decir desde sus casas en forma remota. Lo mismo ocurrirá con las dependencias del Ministerio Público Fiscal.
