La Unicameral cordobesa aprobó este miércoles el proyecto del Ejecutivo que institucionaliza, por un plazo de diez años, la realización del acto de apertura de sesiones ordinarias en distintas localidades del interior provincial incluidas en el Plan de Igualdad Territorial del gobierno de Martín Llaryora. El áspero y extenso debate estuvo atravesado por acusaciones cruzadas de demagogia, autoritarismo, uso político de las instituciones y un marcado telón de fondo electoral.
La iniciativa -de cuatro artículos dispositivos más uno de forma- fue defendida por el oficialismo como una expresión de federalismo real y cuestionada por gran parte de la oposición como una ley innecesaria, simbólica y de alto contenido político, que avanza sobre atribuciones propias del Poder Legislativo.
El miembro informante del proyecto, el legislador Matías Chamorro (HUxC), hizo foco en la carga política y simbólica de la norma. Afirmó que no implica un gasto sino una inversión institucional y rechazó el eje fiscal del cuestionamiento opositor. “Reducir el debate a una cuestión de costos es bajarle el precio a la democracia”, sostuvo el socialista, al destacar la esencia de la ley como una herramienta complementaria del Plan de Igualdad Territorial. Para el oficialismo, la presencia del gobernador rindiendo cuentas en distintos puntos de la provincia expresa un modelo de gestión que piensa el desarrollo “desde las periferias”.
En la misma línea, Edgardo Russo y Juan Manuel Llamosas defendieron la iniciativa como una decisión estratégica que institucionaliza una visión federal y evita que la apertura de sesiones dependa de la voluntad personal de un gobernador. “No es demagogia, es federalismo provincial ejercido con responsabilidad”, afirmó Russo. Llamosas endureció su discurso al señalar que “empezó el año electoral para la oposición” y retrucó: “Odian a esa Córdoba que no los elige… y nosotros amamos a Córdoba toda”.
Rechazo opositor
Desde la oposición, el rechazo fue mayoritario y transversal. El radical Mauricio Jaime cuestionó la necesidad de una ley para sesionar en el interior y sostuvo que el territorio se conoce con presencia efectiva del Estado, no con actos simbólicos. “No hace falta una ley para entender las carencias del transporte o del sistema energético”, advirtió.
Más duro fue el juecista Walter Nostrala, quien calificó el discurso del gobernador como “destemplado” y denunció un avasallamiento institucional. “Quien define dónde sesiona la Legislatura es la Legislatura, no el gobernador”, disparó, al tiempo que vinculó la iniciativa con el allanamiento al Tribunal de Cuentas. “Les jode que se los controle… lo vamos a hacer hasta el último día”, lanzó, y afirmó que “se le está terminando el ciclo al PJ”.
El eje institucional atravesó varias exposiciones. El vecinalista Gerardo Grosso consideró “improcedente y riesgoso” votar una ley con tanta carga política y advirtió que se delegan facultades propias del Legislativo en el Ejecutivo. Desde el PRO, Oscar Agost Carreño logró incorporar un artículo de austeridad y racionalidad del gasto, mientras que el radical Carlos Briner sostuvo que el federalismo no se reglamenta por ley, sino con una distribución equitativa de recursos.
Las intervenciones más filosas llegaron desde el juecismo y sectores duros de Juntos por el Cambio. Gregorio Hernández Maqueda acusó al gobernador de haber dado un “discurso cobarde” y autoritario, mientras que Alejandra Ferrero calificó la iniciativa como “populista” y propia de “gobiernos en retirada”. “No es federalismo montar escenarios y viajar; federalismo es respetar autonomías y distribuir recursos”, lanzó la deloredista.
Discusión recargada y cierre
El debate se tensó aún más cuando Miguel Nicolás, Walter Gispert y Viviana Martoccia denunciaron un avance del Ejecutivo sobre los organismos de control. “Les molesta que los controlemos”, fue una de las frases que encendió el recinto con reproches cruzados y obligó a la vicegobernadora Myrian Prunotto a llamar al orden.
El cierre político estuvo a cargo de Facundo Torres, quien acusó a la oposición de anticipar la campaña electoral y de buscar desgastar al gobierno. Negó que la ley vulnere la división de poderes y habló de una “catarsis opositora” en la antesala del proceso electoral de 2027.
La espada del PJ cuestionó que “hay mala leche” en la crítica opositora por el gasto de esta medida y remarcó que el accionar cambiemista en este comienzo del año legislativo representa “el preámbulo del proceso electoral del 2027”. “Olvídense de que el próximo año hay elecciones”, le espetó el jefe del bloque oficialista a los halcones opositores.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en general y en particular a mano alzada. El oficialismo recibió el acompañamiento de los dos legisladores del PRO y de Construyendo Córdoba, la aliada capitanista Karina Bruno, la radical escindida Graciela Bisotto y los cuatro radicales departamentales de las regiones que hace hincapié la ley en cuestión.
Votaron en contra la mayoría del bloque UCR conducido por Matías Gvozdenovich, el juecismo encabezado por Nostrala, el liberal mileista Hernández Maqueda, la amarilla Patricia Botta, el libertario autónomo Agustín Spaccesi y el vecinalista Grosso. La izquierda se abstuvo.
Más allá del resultado, la sesión dejó una señal clara: el debate tensionado sobre el federalismo, el rol de las instituciones y los límites del Poder Ejecutivo ya se inscribió de lleno en la lógica del año preelectoral en Córdoba.
