1st de March de 2021
CóRDOBA EFECTOS DE LA CAIDA DE LA CAUTELAR
29-09-2019 00:41

Garantizan el aborto no punible en la Provincia

Detalles de la guía que entró en vigencia tras siete años de bloqueo. Para Fortuna, “es un tema de salud y la mujer puede y debe tener acceso en cualquier efector”.

29-09-2019 00:41

Hace 15 días, PERFIL CORDOBA anticipaba la inminente resolución del tribunal de Justicia respecto a la cautelar que impedía el cumplimiento de la ‘Guía de procedimientos para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible’, tras siete años de batalla legal.

Esta semana se conoció la denegación del recurso extraordinario planteado por Portal de Belén, la ONG católica que interpuso el amparo, que buscaba llevar la causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con cinco votos a favor y tres en contra.

Luego de que en diciembre expusieran que no había caso judicial en el planteo de constitucionalidad de la guía y que las medidas adoptadas tenían meros efectos dilatorios, en el texto emitido por el máximo tribunal provincial advierten, según el voto de la mayoría que “reconocerle legitimación a Portal de Belén, que sostiene que el aborto es punible en todos los casos, sería como admitir que la persona gestante podría ser forzada indirectamente a actuar en contra de la posibilidad de valorar o de resignificar el sentido de su propia vida, algo que le reconoce el Código Penal al declarar fuera de la persecución penal, por ejemplo, la decisión de interrumpir la gestación que pudiera adoptar la víctima de un abuso sexual con acceso carnal que fuera la causa de ese embarazo”.

La guía, así, quedó vigente en lo inmediato y fue motivo de celebración para las organizaciones que venían pugnando por el cumplimiento de la Ley de 1921, interpretada en el caso FAL de la Corte Suprema, que establece que el aborto en Argentina es no punible cuando peligra la vida o la salud de la mujer o la gestación es producto de una violación.

Por su parte, Rodrigo Agrelo, apoderado de Portal, dijo a Cadena 3 que está la posibilidad de que recurran a la Corte con un recurso directo.

Sin embargo, esa acción no tendrá un efecto suspensorio del protocolo que estableció el por entonces ministro de salud Carlos Simon y cuya responsabilidad de cumplimiento queda ahora en manos de Francisco Fortuna, actual titular de la cartera sanitaria.

Garantías. Así, durante la misma jornada de conocida la resolución, el Ministerio de Salud, publicó un comunicado garantizando la aplicación de la guía de aborto no punible. En el mismo sentido, se pronunció el ministro Fortuna en diálogo con este diario: “Estamos preparados para hacer efectiva la aplicación de la guía a partir del momento de la caída de la cautelar. El primer criterio es ponerla operativa. Esta garantiza el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, que interpreta el código penal en relación con el aborto, tanto en situaciones de peligro de vida de la mujer como en el caso de una violación. Lo que hacemos con la guía es garantizarle a las mujeres el derecho para que efectivamente puedan ser atendidas en el sistema de salud provincial”.

—El aborto puede ser quirúrgico o medicamentoso. En estos siete años de suspensión de la guía se extendió el uso del Misoprostol, como un método más seguro. ¿Cuál es la posición sanitaria en este caso?

—La incorporación de fármacos tiene que ver con la evolución de los métodos. Nosotros garantizamos el acceso a la salud. La recepción de una mujer que solicite un aborto no punible puede darse en cualquier nivel del sistema de salud provincial. En ese marco, el equipo valora la situación concreta y ve cual es la solución más adecuada. Puede ser en el primer nivel o en uno de más complejidad. Es lo que garantizamos con la red que está en toda la provincia.

—La guía es muy concreta con los pasos que establece en relación con la objeción de conciencia de los médicos. ¿Cómo sería el proceso de registro de los objetores? ¿Solo aquellos que no quieran realizar ANP o tal vez creen una lista de profesionales amigables?

—Como sistema de salud vamos a garantizar una respuesta. Y vamos a respetar aquellos objetores de conciencia porque están en su derecho. El sistema es amplio y tiene capacidad para dar respuesta, a pesar de los profesionales que objeten.  Lo que debe quedar en claro es que entendemos que es el aborto no punible es un tema de salud, un problema sanitario, y la mujer puede y debe tener acceso en cualquier efector. A partir de ahí, el equipo de salud evalúa y orienta para que la mujer pueda ser atendida de la mejor manera.  Además, con la sola presentación de una declaración jurada está garantizado el procedimiento en caso de violación.

—Es concreta la guía, siguiendo el caso FAL, en que no es necesaria la judicialización en los casos de violación y también marca que  la conformidad es un proceso, tiene un asesoramiento constante. En ese marco, si son menores, involucra a la Senaf, ¿cómo es ese proceso?

—Se ve caso por caso, también puede intervenir el Polo de la Mujer, de ser necesario. Tenemos que tratar, al entender que es un problema de salud, de garantizar el acto médico, que significa la confidencialidad en la relación del equipo de salud con la paciente. Para que el sistema funcione debe ser así. Para quien necesite contención y comprensión también la reciba.

—Hay un subregistro histórico, ¿va a haber una estadística?

—Tiene que ver con la historia clínica de cada paciente y la que históricamente se comunica es la de muerte por aborto y en Córdoba no hubo ninguno en los últimos años. En este caso, si es necesario lo determinará maternidad e infancia. Nacen 55 mil niños por año en la provincia, la mortalidad materna, en los últimos años, es cero. Más que desarrollar hipótesis, tenemos que dejar que el sistema funcione para valorarlo desde la práctica concreta. A priori, tenemos el sistema organizado y preparado, confiamos en los equipos de salud. Está abierto y queremos darles a las mujeres todas las garantías del acto médico.

Siete años de dilaciones.  De acuerdo con testimonios de referentes de la Red de profesionales por el derecho a decidir de Córdoba, para dar una respuesta a los abortos solicitados, antes del Fallo FAL, algunos centros de salud implementaban la estrategia de reducción de riesgo y daño de la mortalidad materna provocada por aborto inseguro, una consejería pre y post aborto. Una estrategia legal, porque los profesionales no están involucrados en la práctica que, cuando en 2012 salió el fallo, quedó más clara la intervención que deben tener, algunos equipos de salud se capacitaron para poder seguir asistiendo a las personas gestantes que asistían por ayuda.

La cautelar fue un freno no solo en lo material sino también en lo simbólico: faltaban medicamentos y el miedo se  imponía entre algunos efectores.

En lo concreto, la Municipalidad de la ciudad, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló una estrategia institucional para seguir con las consejerías.

Son 40 centros de salud de los 100 que lo implementan y acceden, desde hace poco, de manera directa a la medicación provista por el plan nacional para atender el aborto no punible con tratamiento ambulatorio.

“En siete años, la red pudo atender lo que la provincia no podía garantizar por la cautelar”, advierte una de las referentes.

Con el nuevo escenario, las dificultades se diluyen porque esta misma red también incluye a decenas de profesionales que están dentro del sistema de salud provincial, para atender las interrupciones voluntarias de embarazo por causales que excedan las 12 semanas y no pueden tratarse de manera ambulatoria.

Al respecto, horas después de conocerse la caída de la cautelar, el equipo de salud del Municipio comunicó a través de la Voz del Interior, que el Misoprostol está en los centros de Salud y, como muestra, el Centro de Salud N° 57 de barrio IPV Argüello dio a conocer el registro de 51 casos de abortos no punibles, siguiendo los criterios establecidos en párrafos anteriores.

“No va a ser fácil, pero hemos avanzado mucho”

María Teresa Bosio, apoderada de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir -también parte del proceso legal de los últimos años-  entiende que, dado el inminente debate sobre los objetores de conciencia, esta va a ser una estrategia “para obstaculizar el acceso al derecho”.

“El Consejo de Salud se expidió y ofreció ese recurso para la negativa a realizar la práctica a los agentes de salud. No va a ser fácil, pero hemos avanzado mucho también en los procesos de disputas de sentidos con ese sector y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir ha crecido y se ha posicionado como un actor importante para disputar las prácticas en ese ámbito. La formación, capacitación, también son herramientas con las que hemos avanzado. Que en la Facultad de Medicina se implemente una cátedra sobre Aborto, aprobada por la secretaria académica de esa facultad da cuenta de lo que hemos avanzado en esta disputa de sentidos en la cual el acceso al aborto legal es una agenda de derechos y de salud pública”.

Y agrega: “Hay que debatir sobre lo que implica la objeción de conciencia como derecho individual, cuál fue el contexto del cual surge, cómo un derecho a no realizar prácticas que exige una institución o un Estado, como participar de una guerra o alistarse al servicio militar, derecho que no vulnera los derechos a otros sujetos. En este caso, la objeción de conciencia de un efector vulnera el acceso de una ciudadana a un derecho asegurado por el código penal y el fallo FAL".

Los principales puntos de la guía

Consentimiento informado: entendido como un proceso de exposición de información clara, precisa y adecuada.

Declaración jurada en caso de violación: No es necesaria autorización de autoridad judicial o administrativa.

Objeción de conciencia: los profesionales podrán ejercer ese derecho y manifestarlo por escrito.

Menos de 18: se dará noticia a la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf).

Realización: en un plazo no mayor de tres (3) días y según la urgencia del caso.

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