La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció días atrás a la Justicia presuntas operaciones ilegales de inteligencia realizadas durante la gestión del Gobierno contra cerca de 500 personas, entre las que hay al menos once cordobeses.
La presentación impulsada por la actual interventora, Cristina Caamaño, tiene que ver con el hallazgo de 489 fichas con datos personales de periodistas y personas vinculadas a organizaciones sociales, civiles y del ámbito académico.
La presentación que recayó el Juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, tiene como contexto las acreditaciones para la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) del año 2017 y la Cumbre del G-20 del año siguiente.
Gravedad institucional
Para Paula Litvachky, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), este tipo de maniobras son peligrosas porque muestran que “una parte del Poder Judicial aparece vinculada a un mercado ilegal de información para ser utilizados en términos políticos y de control ideológico”.
Por su parte, Javier Pallero, representante para América Latina de la Organización Access Now, consideró que el espionaje ilegal no sólo constituye una invasión al derecho de la privacidad, sino que además constituye “una gran decepción a nivel democrático”.
“Que el Estado que debe ser garante de derechos, utilice todo su poder para hacer espionaje ilegal sobre organizaciones y personas de la sociedad civil es una cosa gravísima que debería tener una condena social mucho mayor”, aseguró Pallero.
El especialista en Seguridad Ciudadana, Jorge Jofré, pone el acento en la poca reacción de la comunidad ante este tipo de casos: “es terrible presenciar el adormecimiento de nuestra sociedad al no reclamar por los derechos de todos y para cada uno”, aseguró.
Responsabilidades
La directora de la Fundación Vía Libre y una de las víctimas del espionaje ilegal, Beatriz Busaniche, consideró que además de las responsabilidades que les caben a los ex directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, la investigación deberá determinar si ellos recibieron órdenes de su jefe político directo que era el expresidente Mauricio Macri.
Además, la comunicadora cordobesa explicó que las solicitudes de inteligencia sobre los asistentes a los diferentes eventos internacionales, provino de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich: “Allí no sólo hay parte de la responsabilidad, sino también un claro incumplimiento de las normas porque la AFI no responde a ningún ministerio”.
En la misma línea, Litvachky aseguró que “en la mayoría de las causas se ven estructuras de inteligencia que llegan a funcionarios de muy alto rango que alcanzan a la presidencia”.
Fallas en los controles
En cuanto a los resortes del Estado que permiten controlar el accionar de la AFI, Busaniche es categórica: “fallaron todos los controles que hay sobre el sistema de inteligencia nacional”.
“Esto no es nuevo, ni fue algo exclusivo de la gestión de Mauricio Macri. Es histórica la falta de control de los SI por parte del único órgano que la legislación argentina contempla para ese tipo de controles que es la Comisión Bicameral de Seguimiento”.
Para la especialista cordobesa, también fallaron los otros recursos de control como la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y la Justicia ordinaria.
“La AAIP no hizo lugar a ninguna de las demandas sobre esos temas y
la Justicia en lo Contencioso Administrativo también rechazó todos los pedidos de acceso a la información que presentados desde 2017”, indicó.
Cambios necesarios
En coincidencia casi unánime, los especialistas aseguran que es imprescindible realizar cambios profundos en el actual esquema de inteligencia del Estado.
“Los SI deben ser reducidos al máximo y no deben estar haciendo ni inteligencia sobre la ciudadanía ni haciendo investigación criminal. No son parte de las Fuerzas de Seguridad ni de la Justicia, hay una gran confusión sobre este tema”, explicó Busaniche.
La especialista considera la Inteligencia se debe limitar a analizar información estratégica y mantener al Presidente informado sobre potenciales amenazas al orden constitucional, ataques terroristas o ataques desde el exterior”.
En cuanto a los controles, Paula Litvachky cree que hay que ampliar esa función “no sólo al poder político y parlamentario sino también a ciertas estructuras de control externo y ciudadano”.
“Debe haber cambios en cuestiones concretas, algunas ya comenzaron a hacerse, como por ejemplo transparentar el uso de los fondos reservados. Se debe avanzar en cortar el vínculo con el Poder Judicial y el Ministerio y trabajar sobre una nueva ley de privacidad y escuchas”, consideró la directora del CELS.
En Córdoba
Las fichas que se dieron a conocer, revelan que hubo al menos 11 cordobeses que fueron víctimas de espionaje, la mayoría de ellos periodistas.
Javier Pallero, de la organización Acces Now, explicó que “con las tecnologías digitales actuales la capacidad de espionaje se multiplica exponencialmente. La mayoría de nosotros estamos todo el tiempo portando dispositivos electrónicos de rastreo y vigilancia”.
Además, Busaniche indicó que “la AFI tiene delegaciones en el interior del país que estaban activas y operativas en el momento en que se realizaron estas fichas, por lo que no me sorprendería que hayan hecho tareas de inteligencia sobre personas radicadas en Córdoba”.
“Hubo varios cordobeses acreditados para la reunión ministerial de la OMC cuyos permisos fueron revocados por pedido del gobierno nacional. Claramente hubo maniobras de inteligencia para el armado de las listas de personas que fueron excluidas del evento”, explicó Busaniche.
En primera persona
La presidenta de la Fundación Vía Libre, fue una de las víctimas de espionaje ilegal que pudo acceder a la ficha que se había elaborado de ella de manera irregular.
“En mi caso no se hicieron escuchas, pero sí puedo confirmar que hay una ficha mía y de dos colegas más de la Fundación. Esto se dio en el marco de nuestra acreditación para la reunión ministerial de la OMC que se hizo en diciembre de 2017 y también durante el G-20 en 2018 en las que nos acreditamos para las actividades de la sociedad civil”, relató Busaniche.
La comunicadora, explicó además que en su caso se realizó una inteligencia doble, porque se hizo un fichaje con recolección de información y se hizo también, algo de inteligencia de fuentes abiertas.
“Mi ficha contiene información personal, de mis hijos, de mis vecinos, de mis cuentas bancarias, de mis empleadores de los últimos años, información de mis vías de comunicación. En otros casos he visto que hubo cruces con datos del registro de la propiedad y del automotor. Además, en el caso de la Universidad Nacional de 3 de febrero y el instituto del Mundo del Trabajo se hizo inteligencia sobre la institución y sobre los investigadores de ella, catalogándolos en algunos casos como personas peligrosas para el sistema constitucional”, explicó la investigadora.
Para Busaniche, el Estado aplicó una política de hacer inteligencia ilegal sobre todas las personas acreditadas en la reunión ministerial y no sólo sobre el grupo cuyas fichas se han descubierto.
“La propia exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo reconoció hace algunos días en un programa de televisión al decir que se hizo inteligencia sobre unas 15.000 personas”, afirmó Busaniche.
Derecho a la Intimidad
Para Pallero, que el ser humano se comunica siempre habido vigilancia, algo que se acrecienta en la actualidad por el uso de tecnologías digitales.
“La vigilancia siempre tiene como efecto la violación de la privacidad. A veces resulta aceptable y a veces no. Los fines, los métodos y la legalidad, son los que determinan si un espionaje es aceptable, pero el espionaje ilegal constituye una invasión al humano de la privacidad.
Por su parte, Jofré asegura que los derechos y garantías establecidas en la Constitución son el sistema de principios que revelan el grado en que una comunidad ha evolucionado en el reconocimiento de la dignidad humana.
Por esto, hablar de las escuchas telefónicas, Jofré advierte que “debemos saber que debe haber un procedimiento especial, con intervención de un juez, para poder escuchar una comunicación telefónica porque esto está fundado en un derecho consagrado en nuestra Constitución desde 1853 que es la protección del derecho a la intimidad.
“La intimidad esta vista como el último refugio de nuestra libertad donde el Estado tiene absolutamente vedada cualquier intromisión, salvo que un juez o un fiscal lo hayan admitido solo en función de razones sobradamente fundadas”, dijo el director de la diplomatura en Seguridad Ciudadana de la UBP.
“Admitir escenarios donde los derechos esenciales de las personas y los principios elementales que sostienen la República son “el costo admisible” para el sostenimiento del “poder” es olvidar que justamente ese poder, lo hemos instituido únicamente para el bien común y en defensa de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos”, cerró Jofré.
Consejo Consultivo
Desde que se inició la gestión de Cristina Caamaño en la intervención del organismo, se creó un Consejo Consultivo integrado por representantes de diferentes instituciones vinculadas a iniciativas de Control Ciudadano de los Servicios de Inteligencia.
Entre ellos están, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, Beatriz Busaniche y Enrique Chaparro en representación de la Fundación Vía Libre, Sidonie Porterie, del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed).
También forman parte reconocidos profesionales de las Ciencias Sociales, el derecho y la Sociología como Rafael Bielsa, Máximo Sozzo, Alberto Binder y Juan Tokatlian.
Nicolás Gerchunoff
