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CóRDOBA
EN CUATRO PROVINCIAS

Investigan megaevasión de exportaciones agropecuarias

Vendían cebolla, poroto, ajo y soja a Brasil, pero los pagos se hacían en Uruguay para no tributar en Argentina. Hay tres detenidos y más de 40 imputados.

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TRIANGULACIÓN. Compraban productos agrícolas en Argentina y los exportaban a Brasil, pero los pagos se hacían en Uruguay. Habrían sorteado el mercado cambiario oficial, además de evadir impuestos. | Cedoc Perfil

La Justicia Federal investiga otra megaevasión tributaria perpetrada en Misiones, Mendoza, Buenos Aires y Córdoba a través de la exportación de cebolla, poroto, ajo y soja desactivada a Brasil. La denuncia había sido formulada a mediados del año pasado por Afip y Aduana en la fiscalía federal de Enrique Senestrari.

Los últimos días de diciembre, por orden del juez Alejandro Sánchez Freytes, fueron detenidos el contador cordobés Leonardo Gustavo Vicente y dos personas más, que serían encargadas de la logística de pagos y transportes de camiones en Misiones, Jorge Rolando y Juan Marcelo Weiss. El expediente tiene 43 acusados en total. La mayoría reside en el litoral.

Según la pesquisa de Afip y Aduana, la actividad desplegada abarcaría casi una década, desde que se formó la primera de las firmas investigadas, Al Quintal SA, integrada por Claudino Sánchez Normando y Marta Elisa Giussiani. Según los rastros que se encontraron, se trataría de una organización en principio liderada por el contador Vicente y por Jorge Rolando Weiss, que consistió en crear empresas insolventes para simular, a su nombre, exportaciones de ajo, cebolla, porotos y soja desactivada, entre otras materias primas, y fingir operaciones de comercio interior y exterior. En la mira de la Justicia hay una lista de por lo menos 14 firmas, la mayoría con actividad real y otras ficticias.

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ENRIQUE SENESTRARI, fiscal federal.

Subfacturación. La hipótesis de los investigadores es que se constituyeron Pymes apócrifas a través de figuras societarias que carecen de solvencia y de realidad patrimonial comercial, con socios prestanombres también insolventes. Según los registros, declaraban ventas de productos primarios que se compraban en el mercado interno sin poder justificar el origen de los fondos. Eran luego exportados, declarando valores inferiores a los que rigen en el mercado real.

Evasión y dólares afuera. Otra característica de la actividad de este grupo de personas y empresas es que habrían triangulado la facturación. Usaron empresas radicadas en Uruguay para realizar allí los pagos y así evitar tributos en nuestro país. En realidad, toda la mercadería iba de Argentina a Brasil, pero cobraban en Uruguay. No solo eludían las cargas impositivas, sino que no habrían declarado las divisas adquiridas, ingresándolas por fuera del circuito cambiario oficial.

Facturas apoc. Como en muchas otras investigaciones penales económicas, también en esta se hallaron facturas apócrifas que simulaban operaciones de compra venta interna o de exportación de productos primarios que permitirían camuflar operaciones marginales de comercio. Así se mantenían ocultos a los productores y también a intermediarios en la cadena de compraventa. La facturación apoc habría sido usada además para ingresar débitos fiscales de IVA y Ganancias por esas venta, generando para el comprador créditos fiscales falsos que nunca ingresaron a las arcas de Afip. La consecuencia era el manejo de saldos de libre disponibilidad de contribuyentes inexistentes. Por último, se sospecha que el dinero obtenido a través de las maniobras relatadas podría configurar el delito de lavado de activos.

LOS PRESUNTOS CABECILLAS

Según el requerimiento fiscal, el contador Leonardo Eduardo Vicente se habría encargado de formar empresas y realizar las gestiones contables e impositivas. Es decir que se habría encargado de manejar las carpetas, para las maniobras presuntamente ilícitas. También se le achaca haber emitido facturas falsas, tramitar los reintegros de IVA y hasta preparar el pedido de concurso o quiebra de algunas de las firmas que se extinguían.

La otra persona señalada es Jorge Rolando Weiss, domiciliado en Misiones, quien se habría ocupado de organizar aspectos financieros y logísticos. Tenía nexos con clientes en Brasil y despachantes de aduana, varios de los cuales también están imputados. Se sospecha que operaban a través de financieras con dinero en efectivo, además de cuentas bancarias. Entre los imputados también figura Paulo Giovani Dos Santos, un ciudadano brasileño inscripto como operador que emitió facturas por más de un millón de dólares. Una empresa de su país, Efimix Importacao & Exportacao Eireli, aparece como la principal compradora que coincide con el destino de los productos vendidos por Agrocordoba SRL, una de las principales firmas locales investigadas. Además, se constató que Dos Santos y Weiss compartieron movimientos migratorios.

Aviso. Llamó la atención que a medida que Aduana bloqueaba el transporte de cargas por presuntas irregularidades, las personas investigadas llamaban directamente a funcionarios intermedios del organismo estatal para consultar sobre esos procedimientos administrativos, según confiaron a este medio fuentes de la investigación.