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CóRDOBA
OPINIÓN

La colegiación profesional obligatoria (¡algunos cambios por favor!)

13_02_2021_fachada_CPCE_Perfil_Cordoba
"La libertad de asociación lleva implícito el derecho a no colegiarse". | Cedoc Perfil

La libertad de asociación consagrada en la Constitución Nacional lleva implícito el derecho a no colegiarse. Por eso se han presentado numerosos reclamos judiciales que han llegado hasta la Corte Suprema, cuestionando su obligatoriedad. 

Pero la jurisprudencia de dicho tribunal marca una directriz constante en el sentido de que la razonabilidad legislativa es una condición para la aplicación del poder de policía en todo lo que se relaciona con la limitación de derechos, en especial del derecho de asociación y el de no asociación. El alto tribunal fundamenta que la colegiación profesional es obligatoria, con base en la doctrina de la que se pueden extraer los principios de razonabilidad, federalismo, democracia participativa, solidaridad y bienestar general.

La pregunta es si esos principios se ven manifestados en la acción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba (CPCE), al cual, quien aquí escribe, está asociado obligatoriamente desde hace más de 40 años.

Razonabilidad, solidaridad y bienestar general

  • La colegiación se trata de un ejercicio equilibrado del poder de policía sobre las profesiones y de la ‘justicia distributiva’ sin sacrificio desmedido. 
  • Quedan obligados a colegiarse los graduados con exclusiva actividad en relación de dependencia, pagando un arancel.
  • La adhesión de los profesionales liberales al régimen de previsión es compulsiva e ineludible.
  • Contribuciones sobre honorarios ingresadas al fondo: bonificación al haber acotado al máximo del 4% anual.

Hasta ahí los criterios de razonabilidad, solidaridad y bienestar general. Pero hay más: 

  • Existe un Consejo Directivo de 20 miembros ‘ad honorem’ y una Caja de Previsión con un directorio de nueve ‘no rentados’.
  • Entre los honorarios mínimos y los sugeridos por el ente, hay una diferencia de más del 450%. ¿Por qué? 
  • El costo mensual integrado para el ejercicio liberal es un guarismo importante similar al gasto de un asistente junior part time.
  • El beneficio previsional mensual base de $30.000 no es solución de retiro. ¿Quién dignamente vive con eso? 
  • De acuerdo al último presupuesto y reexpresando valores, el costo anual de administración de la matrícula y de los servicios sociales es de $500.000.000. Sí, quinientos millones.
  • El manejo del Fondo de Reserva de la Caja de Previsión está severamente cuestionado.

Estas son solo algunas muestras de imprudencia, solidaridad con recursos ajenos y malestar general con sacrificios desmedidos. Al Consejo se lo sufre, en actividad y en la pasividad; esa es mi experiencia y la que comparto con todos los colegas que conozco.

Propuesta inicial: profesionalizar la dirección. Aceptando con pena la jurisprudencia de la Corte Suprema, ofrezco, al menos, una dosis de sensatez inicial: profesionalizar la dirección.

Max Weber, en ‘La Política como vocación’ plantea que “vive de la política como profesión quien trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos; vive para la política quien no se halla en este caso”.

Los ‘políticos’ que ejercen la Dirección del CPCE y la Caja de Previsión, viven ‘para’, ya que son cargos no rentados o ad honorem. La pregunta es ¿cómo se les puede exigir eficiencia a quienes gratuitamente desempeñan un cargo, que importa la gestión de un organismo que maneja miles de millones de pesos? 

La respuesta es obvia: el primer paso es la modificación de la ley en el sentido de que solo podrán presentarse a la elección de los citados cargos quienes acrediten idoneidad y experiencia en la dirección de organismos similares. La aprobación de los candidatos puede estar a cargo de la Junta Electoral. Mi duda es: ¿acaso quienes hayan tenido experiencia no podrían asimismo obrar para ellos mismos y no para el interés común de los profesionales? Quizás la idea de votar un tribunal de evaluación, tipo democracia semidirecta, pueda contribuir a la pluralidad de representación. 

La modificación legal propuesta debe prever la remuneración de los directores y la fijación del número de los mismos. La austeridad que debe imperar sugiere que la cantidad debe ser la mínima necesaria. Felizmente, el Consejo nuclea a los profesionales de las ciencias económicas y por lo tanto será mucho más fácil encontrar idóneos entre los asociados.

Nunca va a ser el momento ideal, por lo tanto, no hay que esperar; proseguiré con algunas otras ideas la próxima semana.

[email protected]. Gestor de patrimonios financieros y Contador Público.