La evasión por el robo de claves fiscales alcanza cifras millonarias

La imaginación parece no agotarse cuando se trata de buscar herramientas y modos para evadir impuestos. En los últimos tiempos se ha incrementado la cantidad de denuncias que llegan a tribunales federales desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) o de contribuyentes.

La modalidad se repite. A través del robo de claves fiscales se montan usinas de facturas apócrifas que son ‘compradas’ por empresas o grandes contribuyentes con el fin de evadir el pago de impuestos.

En la punta inicial puede haber personas poco precavidas que, por diferentes razones o trámites, entregaron su clave fiscal a terceros y estos, sin su consentimiento, accedieron a su usuario. Otros, a cambio de dinero, habrían permitido la maniobra pero terminaron siendo damnificados por el cambio de categoría o pérdida de algún beneficio que percibían con anterioridad. Como intermediarios hay personas que confeccionan facturas apócrifas con esos datos a pedido de terceros que las compran para tomar crédito fiscal o desgravar ganancias.

El fiscal federal Nº1, Enrique Senestrari, relató a PERFIL CORDOBA que durante el último turno, de octubre, vienen recibiendo entre dos y tres denuncias por día que describen el mismo presunto modus operandi. Hasta el viernes pasado, se habían acumulado medio centenar en un solo mes. “Por lo general, estamos investigando a personas que conocen el sistema de Afip –explicó el funcionario entre los cuales hay abogados y contadores”. Y remarcó que el objetivo final es el provecho que obtienen empresarios de diferentes rubros.

Senestrari explicó que este fenómeno se advierte desde que las inscripciones de los contribuyentes se hacen en forma virtual. “Falta control físico y fidedigno”, puntualizó al indicar que esta preocupación se trasladó a las autoridades de Afip.

¿Cómo es el circuito? En la mayoría de los casos denunciados donde se presentaron contribuyentes no precavidos relataron y presentaron documentación alegando que fueron engañados. Entregaron un poder para operar ante Afip a su nombre o, más directamente, sus claves para ingresar a la página del ente recaudador. Hay un expediente en el que se investigan las maniobras concretadas desde un cyber.

A algunos los cambiaron de categoría: de ser monotributistas categorizados en la más baja aparecieron como supuestos dueños de empresas inexistentes. Con ese sello registrado ante Afip les generaron -sin su consentimiento- facturas apócrifas de servicios o productos también falsos que los que “compran” esas facturas terminan aplicando a sus balances para tomar crédito fiscal o desgravar el impuesto a las Ganancias.

Por lo tanto, se registra un doble perjuicio, ya que termina siendo damnificado el contribuyente al que le usurparon la clave fiscal y el Estado, por la evasión impositiva que se busca con la maniobra. 

 

EMPLEADO INFIEL EN LA PROCURACION DEL TESORO

Hace 10 días fueron detenidas tres personas, imputadas por el delito de “alteración dolosa de datos fiscales”. En ese marco, se allanó la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba porque allí trabaja uno de los investigados. Se secuestraron seis computadoras ante la sospecha de que las utilizó para fabricar facturas apócrifas. Los imputados son Raúl Horacio Molina, Rubén Daniel Sánchez (empleado de la Procuración) y Ricardo Esteban Cupper.

Se sospecha que este último obtenía los datos fiscales y los cedía a Sánchez y Molina para emitir facturas apócrifas, confeccionadas en forma virtual y en papel a pedido de terceros. Para ello, habrían modificado contraseñas de diferentes contribuyentes. “Para evitar que el ente nacional los detectara, habrían equilibrado la relación entre débito y crédito fiscal de los contribuyentes apócrifos a través de la registración de compras falsas valiéndose de personas físicas o jurídicas que ellos mismos administraban”, explicó un investigador.

Engaño a su pareja. Las maniobras no solo las hicieron con desconocidos. En uno de los hechos que se investigan resultó damnificada una mujer, en su momento pareja de Ricardo Esteban Cupper, uno de los imputados. Le habrían ofrecido un pago semanal de $1.000 para crear facturas a su nombre. En enero último, luego de que ella les cediera su clave fiscal, la dieron de baja como monotribuista y la registraron como trabajadora autónoma con inscripción en IVA y Ganancias. Entre febrero y marzo generaron 39 facturas por $3,2 millones que fueron comercializadas. El resultado fue que la mujer perdió el carácter de monotributista y no pudo cobrar honorarios por su trabajo, además del perjuicio que se habría causado al fisco. Se estima que esta usina de facturas truchas habría permitido una evasión de $200 millones.

 

COMO PREVENIR EL FRAUDE FISCAL

Por Mariano Longobardi, Abogado penalista, profesor titular de derecho penal económico

La respuesta al interrogante no es sencilla y desvela a todos los estados, casi como de encontrar la cuadratura del círculo. La decisión político-criminal del Estado Argentino de combatir la defraudación fiscal se expresa desde hace muchos años en la legislación penal tributaria.

Frente al fenómeno que se quiere prevenir, conviene analíticamente tener en cuenta algunas cuestiones legales.

El sistema impositivo nacional es autodeclarativo. vale decir, es el propio deudor quien originalmente determina su deuda con el fisco, sujeta a verificación posterior por parte de la administración tributaria (Ley 11.683 arts. 11, 13 y cc.). Por ende, el control fiscal se produce ex-post, una vez que se ha configurado el hecho imponible y declarado el impuesto adeudado. Esta característica del sistema tributario limita las posibilidades de prevención durante la etapa de cumplimiento voluntario.

No obstante, el régimen penal tributario contiene normas que castigan como delitos a conductas que pueden constituir en sí mismas actos preparatorios de fraudes fiscales y que adelantan el reproche penal antes que se produzca el daño a la Hacienda Pública. Una de ellas es la figura de adulteración dolosa de registros prevista en el artículo 11 del régimen vigente que reprime con prisión de dos a seis años a quien, con el propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado, adultere, modifique o inutilice (entre otras acciones) los registros o soportes documentales o informáticos del fisco nacional, provincial o de la C.A.B.A., lo que suele constituir un medio para la concreción posterior de una defraudación fiscal.

La teoría nos explica que el mejor método de prevención general positiva de los ilícitos es la aplicación de las normas penales de un modo justo, racional y fundado en pruebas. Este presupuesto exige a las agencias estatales encargadas de la investigación y persecución penal de las defraudaciones tributarias un especial empeño en la determinación y acreditación del componente ardidoso o engañoso que caracteriza al fraude y lo diferencia de otras situaciones de conflicto en la relación Fisco-Contribuyente.

Podremos ver, entonces, a la prevención del fraude fiscal no solo como una forma de evitar desviaciones al deber de contribuir al financiamiento estatal, sino también como una garantía de igualdad y equidad en el reparto de la carga tributaria entre los ciudadanos.