Hay momentos históricos en los que el mal no se impone por la fuerza, sino por la pasividad cómplice. No por la acción directa del agresor, sino por la inacción de quienes, pudiendo actuar, deciden —por diversas razones— no hacerlo. Venezuela es hoy uno de esos casos paradigmáticos. No fue el primero ni será, lamentablemente, el último. Esta tragedia nos obliga a no desviar la mirada del sistema internacional vigente, que lejos de ser parte de la solución, se ha convertido —de manera creciente— en facilitador y corresponsable del problema.
El socialismo del siglo XXI demolió la institucionalidad democrática venezolana. No lo hizo en los márgenes ni en zonas oscuras: lo hizo a cara descubierta, a plena luz del día, manipulando de forma atroz los resultados electorales, sometiendo a la Justicia y utilizando como ariete de esa devastación a la propia Constitución “bolivariana”. No hubo error ni deriva involuntaria. Fue diseño originario.
Frente a esa demolición interna, la comunidad internacional —sumida en la impotencia— sólo atinó a responder con la corrección diplomática de manual: respeto irrestricto de la soberanía nacional, no injerencia en los asuntos internos de los Estados. El resultado fue una suerte de reacción autoinmune: en lugar de proteger al cuerpo agredido —el pueblo venezolano—, el sistema terminó blindando al agente agresor. No por acción directa, sino por omisión inexcusable e imperdonable.
Aquí aparece el núcleo del problema. El derecho internacional contemporáneo, nacido del frágil equilibrio de poder posterior a 1945, no está estructuralmente preparado para defender a los pueblos sojuzgados por fracciones internas o por sus propios gobernantes. Cuando se enfrenta a dictaduras feroces sostenidas por vetos cruzados y alianzas geopolíticas, queda paralizado, reducido a la insignificancia.
Y esa parálisis no es neutra: deviene cómplice de atrocidades masivas, muchas de ellas tipificables como crímenes de lesa humanidad. Mata por hambre y desnutrición; por represión y exilio forzado; en suma, por la violación sistemática de todos los derechos humanos, sumiendo a pueblos enteros en una desesperanza abismal.
En Venezuela, ante la aparente inexistencia de una respuesta eficaz ajustada a la legalidad internacional, ésta última se convirtió en una coartada moralmente obscena para el abandono de los inocentes. Y la indiferencia, cuando es estructural y persistente, no es neutralidad: es una forma de violencia por omisión que el derecho internacional aún no tipifica, pero que la conciencia moral de nuestro tiempo ya no puede seguir tolerando, por sus efectos equivalentes a crímenes de lesa humanidad. Los Estados que integran ese sistema deben una respuesta —largamente postergada— a los pueblos masacrados con impunidad ante la pasividad cómplice de todos.
Trump y el espejo incómodo
En este escenario irrumpe la figura de Donald Trump como un espejo incómodo. Trump no es un líder confiable ni un garante ético. Sus palabras incendiarias, su desprecio por las formas y su tendencia a llevar cada controversia al borde del abismo generan riesgos graves que no pueden ser minimizados. Groenlandia es una advertencia elocuente de hasta dónde puede tensarse el sistema internacional cuando se abandonan los consensos básicos.
Pero negar lo ocurrido en Venezuela sería otra forma de autoengaño complaciente. Aun impulsado por una combinación opaca de intereses estratégicos, económicos y políticos, Trump hizo lo que el sistema internacional se negó a hacer: dar el puntapié inicial para la desarticulación del aparato criminal que usurpaba el poder. Ese hecho no lo convierte en héroe ni en candidato al Nobel, pero tampoco puede negarse lo que de positivo resultó de esa decisión. El episodio expone, con prístina claridad, la cobardía cínica de buena parte del progresismo autoproclamado humanista.
Diego Guelar sobre Groenlandia: "Hay una especie de espiral de locura, es muy absurdo"
La voz de María Corina
La voz de María Corina Machado clama en un desierto o, si se prefiere, en un mundo habitado por sordos, ciegos y mudos. Su reciente conferencia de prensa en Washington evocó inevitablemente el histórico I have a dream de Martin Luther King Jr. No por la forma, sino por el fondo: la convicción moral de quien, sin odio y sin ingenuidad, se niega a resignarse a la injusticia. Machado no habla en nombre propio: carga sobre sus hombros el sufrimiento, la dignidad y la esperanza de un pueblo entero. Su clamor es el de una mujer que lo arriesgó todo, agotó todas las instancias de negociación —diecisiete—, soportó traiciones de todo tipo y nos obligó a comprender que la supuesta neutralidad internacional, en ciertos contextos, es simplemente otra forma de violencia.
Hace décadas, Juan Pablo II lo expresó sin ambigüedades: cuando todos los medios diplomáticos han fracasado y poblaciones enteras están en riesgo, los Estados tienen el deber de actuar, incluso de desarmar al agresor. No existe derecho a la indiferencia.
El dilema de nuestro tiempo va mucho más allá de Donald Trump, inquilino circunstancial de la Casa Blanca con fecha de salida cercana en el horizonte. El dilema es qué hacer cuando un orden legal internacional imperfecto y limitado termina protegiendo al verdugo y abandonando a sus víctimas. Venezuela nos enfrenta a esa pregunta sin anestesia. Y la respuesta —para las naciones que aún se reclaman civilizadas— ya no admite evasivas.
Hay silencios cómplices que la historia no absuelve.
