El Poder Judicial de Córdoba es observado por dos fenómenos antagónicos al mismo tiempo. Mientras siguen sin respuestas las preguntas sobre qué pasó para que apareciera el cadáver de una mujer en el lugar donde un preso condenado, altamente conflictivo y violento cumplía prisión domiciliaria, se prepara una artillería argumental para cuestionar el “abuso” de la prisión preventiva que disponen fiscales y jueces sobre personas en proceso y sin condena.
¿La Justicia de Córdoba es laxa o es inflexible, al punto de no respetar garantías mínimas? El tema es complejo y abarca a la Justicia y al Estado, a cargo del sistema penitenciario.
Las cárceles están superpobladas. El gobierno provincial decretó la emergencia y está construyendo dos módulos más en el Complejo Penitenciario de Bouwer, uno de máxima seguridad y otro para los que ingresan al sistema.
Hay 16.000 presos en Córdoba, 500 detenidos en prisión domiciliaria y 100 con tobilleras electrónicas y la Provincia sumará 500 dispositivos de monitoreo a distancia. Habría que preguntarse si los controles, tal como se hacen en la actualidad, son los más efectivos.
La Justicia quiere acelerar tiempos y está poniendo en marcha un sistema de flagrancias para que los delitos menores –que generan alta sensación de inseguridad– puedan tener rápida e innovadoras resoluciones, con reparación a las víctimas, por ejemplo. El cambio no es de un día para el otro.
La sociedad implora que no haya puerta giratoria, pero no hay dónde poner más presos y habría que preguntarse cómo salen las personas detenidas después de cumplir la condena. ¿Salen mejores o peores?
El otro fenómeno está en la vereda de enfrente. Abogados defensores de imputados acudieron a la CIDH para quejarse porque en Córdoba hay prisiones preventivas que llegan a los tres años y que califican de “condenas anticipadas” o “chantajes”, porque los acusados terminan declarándose culpable para que sus causas concluyan.
Es preciso aclarar que el fenómeno no se extiende a todos los procesados, se centra especialmente en los acusados por delitos de “guante blanco”, como las estafas o asociaciones ilícitas de corrupción. En la mira colocan en particular al fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, que concentra los expedientes más calientes, como Servicio Penitenciario, Policía de Córdoba, o empresarios de peso, como Alicio Dagatti, o los involucrados en estafas con criptomonedas o inmobiliarias. El fiscal más valorado en la opinión pública porque avanza sobre la corrupción, es también el más atacado por su mano dura.
Más allá de Gavier, en Córdoba más de la mitad de los presos no tiene condena. A nivel nacional, es al revés: son mayoría los condenados.
¿La Justicia de Córdoba es bipolar? ¿Con los condenados es laxa y con los procesados comete excesos? Quizás no es ni lo uno ni lo otro.
Lo cierto es que el caso Grasso con un muerto en el placar y la audiencia que concedió la CIDH y que se realizará el próximo viernes, están interpelando por igual al Poder Judicial de Córdoba y al sistema penitenciario.
