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CóRDOBA / SURRBAC TRAS LAS REJAS
domingo 1 septiembre, 2019

La Justicia estima que el patrimonio de los líderes del Surrbac parte de los 150 millones

Desde ámbitos judiciales especulan que esa cifra es “el piso” y podría crecer de manera considerable a medida que avance la investigación. Ahora, se concentran en la búsqueda de más bienes y se investiga una red de testaferros.

Mariano Nievas

Mauricio Saillen mientras era detenido Foto: CEDOC PERFIL

“Nunca imaginamos que tuvieran tanto y a la vista de todos”, afirma uno de los investigadores de la causa Amsurrbac, que aún no sale de su asombro mientras realiza el inventario y la clasificación de lo secuestrado en los 16 allanamientos, que se concretaron en el marco de la investigación que tiene como detenidos a los líderes del gremio de recolectores de Córdoba (Surrbac) Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, acusados de ser jefes de una asociación ilícita.
Si bien es difícil, por ahora, establecer un número exacto, PERFIL CORDOBA pudo saber que en una primera aproximación, quienes tienen acceso al expediente estiman que los gremialistas obtuvieron “ganancias” por más de 150 millones de pesos. “Se trata de ejemplos”, dicen desde la fiscalía, para dejar en claro que ese número es el “piso” de lo que podrían haber obtenido los dirigentes. “Vemos que hay mucho más con respecto a la documentación a la que hemos accedido”, añaden.
Tras una detallada y silenciosa investigación encarada por el fiscal federal Enrique Senestrari, quien promovió el procedimiento el miércoles avalado por el juez Ricardo Bustos Fierro, dispuso que por riesgo procesal tanto Saillén como Catrambone permanecieran detenidos. El propio fiscal reconoció, ante los hallazgos materiales, que los líderes sindicales tenían una “sensación de impunidad”. Asociación ilícita, lavado de activos, usura y administración fraudulenta son las imputaciones que enfrentan. En total, en la causa hay 19 imputados con diferentes responsabilidades penales. De ese total, 10 son familiares de los líderes del gremio, entre ellos el legislador Franco Saillén y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Además, otros aparecen como empleados del Esop (Ente de Servicios y Obras Públicas) y entre los acusados se destaca un ex funcionario provincial, José Luis Yacanto, abogado laboralista y ex subsecretario de Higiene y Seguridad e Inspección del Trabajo, y que se desempeña en el estudio jurídico del ex ministro de Justicia de la Provincia, Luis Angulo, recientemente propuesto para integrar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Millones a la vista. Camionetas Amarok (cuatro en total), VW New Beetle, Mercedes Benz, BMW, Jeep, Renault Captur, Ford Focus, una moto BMW, 6 millones de pesos en fajos, dólares, reales, joyas por más de 2 millones de pesos, un plazo fijo a nombre de Mauricio Saillén por 700 mil dólares, viajes a playas paradisíacas, alojamientos de lujo en Buenos Aires y casas fastuosas.
Todo eso fue lo que encontró la Justicia en los allanamientos, pero se busca más: por ejemplo, se secuestraron 11 automóviles de los 20 que buscaban. Las operaciones de presunto lavado de activos son las que se investigan. Por un lado, determinar el origen declarado de la fortuna de los Saillén y los Catrambone es uno de los objetivos del fiscal, y por el otro, se investiga una red de testaferros, de prestanombres que habrían servido para poder “blanquear” montos de dinero sin determinar. 
¿Podrán Saillén y Catrambone justificar ante la justicia su impresionante patrimonio? En ese sentido, este medio pudo establecer que ya se estánrealizando entrecruzamientos de llamadas telefónicas y analizando computadoras y celulares para obtener información relevante.

Investigación. La causa pasó hasta el momento por tres fiscales. En el 2015, cuando se realizó la denuncia por parte de un exafiliado, la investigación recaló en el por entonces fiscal anticorrupción Gustavo Hidalgo, quien ordenó las primeras medidas de prueba. En 2018 pasó a manos de la fiscal Patricia García Ramírez, quien determinó la intervención de la mutual y una auditoría. En diciembre del año pasado García Ramírez, al entender que se habían cometido delitos de instancia federal, derivó la causa, que terminó en manos del fiscal Enrique Senestrari.
Según se pudo determinar en el transcurso de las instrucciones, entre el 2009 y 2018 un grupo de “inversores” o prestamistas colocaron 11 millones de pesos en la mutual. Y bajo la modalidad“ayuda social” comenzaron a prestar plata mediante créditos a los empleados y afiliados del gremio. Los créditos tenían tasas de interés que en algunos casos llegaban al 170% anual y las cuotas de los mismos eran descontadas directamente de los recibos de sueldo de los empleados. En pocos años los dirigentes gremiales obtuvieron ganancias millonarias gracias a ese mecanismo. Una fuente consultada y con acceso a la investigación afirmó: “El negocio tenía una rentabilidad y seguridad absoluta, ya que le prestaban solo a los afiliados. Era pescar en una pecera”. 

Por ahora, en Bouwer. Saillén y Catrambone siguen detenidos en la cárcel de Bouwer y esta semana los abogados de los gremialistas van a insistir con el pedido de excarcelación. De todos modos, en el entorno más cercano de los detenidos analizan sumar un defensor o directamente cambiar de abogados. Actualmente Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco representan a los imputados.
Hasta el momento nadie puede predecir si esta megacausa tendrá ramificaciones, si habrá más involucrados o si salpica a otros ámbitos. Pero quienes eran considerados como los “patrones sindicales” ahora tendrán que justificar y dar explicaciones en la justicia cómo lograron tener en los últimos años una vida plagada de lujos, opulencia y ostentación. 


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