El titular de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal, Jorge Jofré, realizó una primera evaluación sobre los cambios en la materia que introdujo el gobierno provincial tras la salida de Alfonso Mosquera del ministerio, la unificación de las carteras de Gobierno y Seguridad y la designación como secretario de Claudio Stampalija.
Durante una entrevista en el programa ‘Con el diario del lunes’ (que se emite por Canal 10 los lunes a las 20) analizó que “el problema de la inseguridad es una cuestión seria, que desborda en todos los escenarios y que obligó al gobierno a tomar cartas tratando de generar un shock de confianza”.
Inmediatamente planteó dudas sobre cómo reconstruir esa confianza cuando “los actores se repiten” al igual que los planteos. “A quien vamos a referenciar en Seguridad es a Claudio Stampalija –señaló–; es conocido en el ámbito académico y coincidimos en muchas cuestiones, pero el problema es que ya en 2016 decía lo mismo que dice ahora: que el eje de la gestión del nuevo plan es escuchar al ciudadano, nueva gestión policial y el combate al narcotráfico”.
Consultado sobre cuál es el problema principal, Jofré opinó que si bien el discurso de la seguridad está bien enfocado y da buenos resultados a nivel internacional, “en el barro no está pasando eso porque no se solucionan las trabas institucionales” para aplicar el modelo.
En este punto se explayó sobre algunas cuestiones. En primer lugar criticó que la Policía de Córdoba mantenga “un tono castrense, machista, más cercano a la represión que al diálogo con los ciudadanos”.
Reconoció que una de las ideas que Stampalija trajo a Córdoba fue la Policía Barrial, pero subrayó que el inconveniente es que sigue siendo un apéndice y no el modelo de una fuerza que realiza prevención en contacto con los vecinos. “Ha habido momentos en la historia reciente que tuvo avances y retrocesos traumáticos. El problema es que es tan solo un área dentro de la fuerza injertada dentro de una institución con matriz tradicional. Eso genera tensión por la diferente forma de relacionarse con la ciudadanía”, interpretó.
Opinó que “la policía funciona como una institución cerrada que no permite discusión sobre determinadas cuestiones, como por ejemplo si se permite volver a policías retirados porque hay muchos efectivos que están detrás de los escritorios y se necesita más gente en la calle”. “En 2003 había 13.000 efectivos y en 2011 saltamos a 22.000. En ese transcurso se incorporó a gente que no tenía ni siquiera el titulo secundario, dos promociones completas”, dijo.
“En el 2003, el entonces gobernador José Manuel de la Sota decía que no hacía falta tener borceguíes para comprar papel higiénico. Las estructuras administrativas de la Policía pasaron al Ministerio de Seguridad. En 2005 fue todo marcha atrás –puntualizó–; existe en la burocracia policial un apego a un modelo histórico donde hay un poder donde todo se tiene que cocinar en ese escenario”.
Otro aspecto que cuestionó es la superposición de organismos de control a los efectivos policiales: “Los controlan el nuevo tribunal, el viejo, la dirección general y la jerarquía desde su potestad disciplinaria. Cómo hace un policía para desenvolverse cuando tiene tantos nortes”. Jofré reiteró en varias ocasiones que “la única salida es discutir el modelo policial, dar el carácter de policía comunitaria a la institución a partir de esa decisión política hablar de cómo se controla, cuál será el órgano y la formación” de los agentes.
Tácticas y estrategias. También puntualizó que está demostrado que el crecimiento de la desigualdad social y el agravamiento de la situación económica impacta en la inseguridad. “Un buen plan tiene una perspectiva estratégica que son las decisiones políticas sobre los nuevos modelos de seguridad y también contiene tácticas para dar respuestas a la ciudadanía en lo inmediato”, explicó. “No puedo hacer un plan para capacitar a la gente durante tres años y prometer que los resultados se verán en seis”, opinó y continuó: “Hoy le tengo que dar respuestas a la ciudadanía. La única forma de cumplir eso es establecer un plan estratégico donde se apunte a cuestiones trascendentes y aplicar tácticas como respuesta a la situación cotidiana”.
En relación a la política criminal contra el narcomenudeo, dijo que “no es un tema resuelto porque el debate competencia de las provincias está abierto y hay quienes sostienen que esa política fue un error. La fuerza vital de cualquier plan –recalcó– está dada en la prevención y no en la represión”.
