Legisladores opositores reclaman explicaciones sobre el transporte interurbano en Córdoba
A través de un pedido de informes, legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio apuntaron contra la administración provincial ante la situación actual del transporte interurbano. “El sistema hace agua y el gobierno se maneja con asombrosa precariedad”, cuestionó Rossi.
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Perfil Cedoc
Rodrigo Miranda
Los legisladores del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) Dante Rossi, Matías Gvozdenovich, Carlos Briner, Walter Gispert, Carlos Carignano, y Sebastián Peralta, exigieron que el Ejecutivo brinde información detallada respecto la situación "precaria" del transporte interurbano.
El radical del bloque Construyendo Córdoba, Dante Rossi, expresó que la situación actual del servicio de transporte público en el ámbito de la provincia "es precaria".
En ese plano, el opositor trazó un panorama del servicio "con prestaciones inadecuadas a los requerimientos de la demanda y con graves conflictos con parte de los actores involucrados en la oferta representados por el gremio AOITA que mantiene paralizados de forma recurrente los servicios desde fines del año 2023 por reclamos salariales".
"El sistema tiene un conjunto de empresas prestadoras que se encuentran, en algunos casos, con contratos derivados de un proceso licitatorio que data de diciembre del año 2015 (contratos con vencimiento a 10 años), y otras empresas que 'no daban la talla' y continuaron como prestatarias en el mismo marco regulatorio", indicó el radical, quien remarcó que "esta situación marca una diferencia jurídica importante".
Tras advertir los casos de empresas que han resultado fallidas y se retiraron del servicio, a los que mencionó como "prestadores sin contrato", Rossi también observó las adjudicaciones y los corredores con contrato, se trata de los principales grupos operadores actuales. "Existe desde hace casi una década una situación jurídica diversa para prestadores regulados por el mismo cuerpo legal", cuestionó el parlamentario.
A propósito, ahondó: "Es llamativo que la situación patrimonial (antigüedad de flota) es muy inferior para las empresas 'permisionarias' que –además- prestan servicios que exceden los límites kilométricos de los denominados 'Urbanos Provinciales' y recibían compensaciones nacionales muy inferiores a las empresas 'concesionarias' que son prestadoras de las mayores proporciones de servicios que fueron reconocidos por los regímenes nacionales".
"Frente a esto, poco y nada se conoce de la forma como se han distribuido. ¿Cuánto? ¿Desde cuándo? ¿Con qué criterios según las distancias de los servicios?", se preguntó el radical, entre otras variables observadas.
El miembro del interbloque JxC remarcó que el sistema "hace agua" y "para el cual se anuncian cambios importantes sin dar explicación ni razón clara de donde entiende la autoridad de aplicación que se apoyará legal y financieramente para avanzar".
"Mucho menos se hace referencia a los efectos de las formas de subsidiar el sistema que la propia Provincia aplica desde hace más de una década con intenciones de hacerlo sustentable y equitativo para los diferentes prestadores y, sobre todo, los usuarios del sistema, que como mínimo no han cumplido en el tiempo con lo propuesto", enfatizó el radical, al tiempo que subrayó: "Hace casi diez años que hay empresas y usuarios de primera y de segunda según accedan al grupo contratado o sean permisionarios".
Entre los puntos clave del pedido de informes, se reclama información sobre montos, conceptos y mediante qué parámetros de cálculo se han distribuido fondos a los distintos prestadores de los servicios de transporte público interurbano de pasajeros regulados por la Ley 8.669, desde el 2015 a la fecha, con datos por empresa.
- Detalle de la flota, kilómetros recorridos, pasajeros transportados, personal a cargo (según F 931) desde el otorgamiento de los contratos a fines de 2015 a la fecha, empresa por empresa y para las contratadas y las que continuaron con permisos.
- Razones legales, técnicas y otras que justifiquen no haber completado el proceso licitatorio del año 2015 hasta la fecha.
A su vez, demandan conocer acerca de los "ajustes inmediatos" y las modificaciones estructurales que se aplicarán en el sistema. Y saber con qué marco jurídico se propone la reforma de "metropolización" y cómo se coordinará especialmente con la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.
Asimismo, le piden al Ejecutivo que rinda cuentas de los atrasos declarados por el sector empresario en el pago de las franquicias BEG, BOS y BAM. Como así también el estado de la prestación del sistema prepago (TIN) en la actualidad.
