Desde mañana, Aurelio García Elorrio deja la Unicameral. Si bien la Legislatura aprobó un pedido de licencia por seis meses, su decisión es abandonar el cargo como legislador provincial de manera anticipada, ya que tiene mandato hasta 2023.
A la par de madurar y concretar esa decisión, en los últimos dos meses se abocó a diseñar la estrategia para judicializar la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Córdoba. Lo hará con su sola firma, a título personal y sin el sello del Portal de Belén detrás, a diferencia de la extensa batalla judicial que paralizó por siete años en Córdoba el protocolo del aborto no punible entre 2012 y 2019, hasta que finalmente se pudo llevar a la práctica en los hospitales provinciales.
En la nueva embestida, el primer paso es una intimación al Poder Ejecutivo provincial por considerar que la Provincia renunció a su autonomía en la defensa de la protección de los niños por nacer. Dice que el trámite se ancla en el artículo 1 de la ley 26.061 porque habilita a cualquier ciudadano a “interponer acciones administrativas y judiciales” en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
“El poder de policía en materia de salud es de la Provincia de Córdoba”, sentencia García Elorrio. “Toda materia relativa al desarrollo de los actos médicos y la forma de ejercerlos es facultad privativa provincial”, subraya a continuación y destaca que “no puede aplicar una ley contraria a la Constitución Provincial y a principios de la Constitución Nacional”.
Con esos argumentos, ante un eventual –y casi seguro– rechazo de sus argumentos, o la probable falta de respuesta de la Provincia, prepara un amparo que presentará en el fuero Contencioso Administrativo. Diferencias con el caso de aborto no punible. Cuando el Portal de Belén presentó el amparo contra el protocolo que fijó el procedimiento para realizar abortos no punibles (por violaciones o riesgos de salud de las gestantes), la Justicia de Córdoba tardó siete años en poner punto final a la controversia. A fines de 2019, el Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo desconociendo la legitimidad de la entidad para iniciar la acción.
En rasgos generales, las diferencias entre aquel planteo y el actual serán dos: ahora, firmará el amparo García Elorrio a título personal y hará foco en la autonomía provincial en materia sanitaria. El resto de los argumentos son idénticos: que la Constitución Provincial establece el principio de la vida desde la concepción.
