El oficialismo provincial comenzó a mover en la Legislatura una de las apuestas económicas de la gestión de Martín Llaryora: la creación del Fondo Provincial de Capital Emprendedor, una herramienta que apunta a financiar proyectos innovadores, desarrollos tecnológicos y empresas basadas en el conocimiento, en plena avanzada del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei.
La iniciativa empezó a ser tratada en la comisión de Tecnología, Innovación y Economía del Conocimiento de la Unicameral, presidida por Juan José Blangino, y constituye una nueva señal política del cordobesismo para consolidar un modelo de gestión con fuerte impronta productivista y articulación público-privada.
El proyecto del Ejecutivo prevé la creación de un fondo que se nutrirá con hasta el 0,5% de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y que, para el ejercicio 2026, podrá alcanzar los 10 mil millones de pesos. La señal es clara: mientras la Nación repliega programas de financiamiento productivo, científico y tecnológico, Córdoba busca posicionarse como una provincia que sostiene el impulso estatal a la innovación y al desarrollo económico.
En los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo sostiene que resulta “imprescindible profundizar” las políticas de apoyo al sector emprendedor y avanzar en herramientas destinadas a fomentar inversiones, crecimiento económico y generación de empleo calificado. Asimismo, el texto plantea la necesidad de “afianzar a la Provincia de Córdoba como un faro productivo a nivel nacional e internacional”.
El proyecto fija cuál es el norte estratégico del Gobierno provincial. Entre sus objetivos aparecen el fortalecimiento del sistema de innovación, la promoción de actividades científico-tecnológicas, la transformación de la matriz productiva y la atracción de talento humano.
De igual modo, la iniciativa pone el foco en empresas basadas en el conocimiento, investigación aplicada, infraestructura científico-tecnológica, exportaciones y esquemas de coinversión con privados.
Con este esquema, Llaryora profundiza una línea que el peronismo cordobés ya venía desarrollando durante las gestiones de Juan Schiaretti: consolidar a Córdoba como referencia nacional en software, biotecnología, innovación y servicios tecnológicos.
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Estado y privados
En ese marco, el proyecto también funciona como un mensaje político hacia el ecosistema empresario y tecnológico: aun en un contexto nacional atravesado por el recorte y la desregulación, la Provincia pretende sostener una agenda propia vinculada al desarrollo productivo y la economía del conocimiento.
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es que habilita a la Provincia a constituir fideicomisos financieros y de administración por hasta 30 años para canalizar inversiones en emprendimientos o instituciones de capital emprendedor.
La herramienta permitiría al Ejecutivo participar indirectamente en inversiones estratégicas, generar esquemas de coinversión y apalancar capital privado, algo que en el oficialismo presentan como un mecanismo moderno de promoción económica.
Asimismo, el texto faculta al fondo a colocar recursos en instrumentos financieros y mercados de capitales mientras el dinero no tenga aplicación inmediata. Sin embargo, ese punto ya empieza a abrir interrogantes políticos y opositores sobre el grado de discrecionalidad en el manejo de los recursos, especialmente porque buena parte de la reglamentación quedará bajo la órbita de la autoridad de aplicación que designe el Ejecutivo.
Controles y una “pata legislativa”
El proyecto crea un Comité de Inversión y un Consejo Asesor ad hoc que evaluarán los emprendimientos a financiar. Pero, sobre todo, concentra amplias facultades en la autoridad de aplicación para definir criterios, reglamentaciones y mecanismos operativos.
Frente a este escenario, la oposición comenzó a marcar reparos. Durante el inicio del debate en comisión, la bancada de la UCR reclamó incorporar mayores controles institucionales.
La legisladora Ariela Szpanin pidió que el despacho que llegue al recinto especifique quién será la autoridad de aplicación y reclamó que exista “una pata legislativa” dentro del organismo asesor.
Asimismo, la radical propuso incorporar una rendición de cuentas anual ante la Legislatura. “No solo en calidad de auditar, sino para saber qué se está haciendo y si hace falta alguna modificación. Estos mecanismos son más rápidos y más aceitados”, sostuvo.
En términos políticos, allí aparece uno de los aspectos más sensibles de la iniciativa: el nivel de centralización que conservará el Ejecutivo en la administración de recursos públicos destinados al financiamiento privado.
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La mejor ley
En los próximos días, el proyecto continuará siendo debatido en comisión con participación de otros actores vinculados al sector y luego pasará por Legislación General.
“Seguiremos trabajando para sacar la mejor ley, con el objetivo puesto en potenciar a la Córdoba productiva”, dijo Blangino durante la reunión, que contó con la presencia del presidente de Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, y del titular de Agencia Córdoba Innovar y Emprender, Manuel Ron.
“Son proyectos de alto riesgo, que requieren un financiamiento particular. La intención es retener el talento cordobés y desarrollar unicornios desde Córdoba, empresas tecnológicas dinámicas que generan empleo de calidad y nutren la matriz productiva provincial”, explicó Blangino.
Además, aclaró que el acompañamiento no será solamente financiero sino también a través de mentorías y asistencia técnica. “No hay fondos de estas características a nivel nacional y subnacional, por lo cual Córdoba podría ser pionera”, remarcó el oficialista.
Por su parte, De Chiara sostuvo que la Provincia viene desarrollando “un fuerte apoyo al sector emprendedor” y defendió la necesidad de profundizar herramientas orientadas a fomentar inversiones, competitividad e innovación.
Con este proyecto, el cordobesismo intenta consolidar un perfil de gestión enfocado en infraestructura, economía del conocimiento y generación de empleo, diferenciándose del ajuste libertario de Milei. De hecho, el Fondo Provincial de Capital Emprendedor aparece como algo más que una herramienta financiera: se transforma en una pieza política del modelo económico que Llaryora busca sostener para Córdoba.
