La litigiosidad laboral volvió a convertirse en un factor que condiciona la generación de empleo formal. Los datos recientes muestran un retorno a niveles de judicialización cercanos a los que motivaron la reforma de 2017, borrando en pocos años los avances logrados tras la sanción de la Ley 27.348.
La evolución del sistema vuelve a exhibir una desconexión, evidenciando menos siniestros pero más juicios, lo que genera incertidumbre operativa, costos crecientes para las empresas y presiones sobre las alícuotas del seguro. Entre 2021 y 2025, las demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales experimentaron un fuerte rebote, alcanzando al cierre de 2025 unas 125.000 presentaciones, volumen semejante al máximo histórico. Esto ocurre en un contexto de siniestralidad descendente, lo que confirma que el motor del problema no son los accidentes sino los incentivos del sistema pericial y judicial de cada provincia.
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Las diferencias territoriales son marcadas: desde 0,1 casos por mil trabajadores en Salta, hasta 24 y 23 juicios por mil asegurados en Santa Fe y San Luis. El resultado: arbitrariedad, desigualdad ante la ley e incertidumbre económica.
Más juicios que en 2024
En las nueve jurisdicciones que explican casi el 80% de los juicios del sistema, la mayoría registró más causas en 2025 respecto de 2024. Los saltos más fuertes se dieron en Santa Fe, San Luis y Chubut. Los procedimientos provinciales para realizar pericias médicas están en el centro del problema. En varios distritos persisten esquemas donde los peritos se asignan por sorteo y sus honorarios se fijan como porcentaje de la incapacidad, lo que incentiva el sobrediagnóstico. A ello se suma la falta de especialización y de monitoreo sistemático.
La distorsión más grave: el procedimiento vigente obliga a efectuar una nueva evaluación médica del trabajador en lugar de revisar el dictamen previo de la Comisión Médica. La Ley 27.348 creó los Cuerpos de Peritos Médicos (CPM) para corregir ese desvío —selección por concurso, capacitación, remuneración adecuada, revisión técnica del dictamen— pero su aplicación fue parcial. En la mayoría de las provincias persisten condiciones que incentivan a litigar.
Los costos del seguro
El impacto económico es significativo. La cuota que las empresas pagan a las ART combina riesgo real y costo esperado de litigiosidad. Cuando este último se desacopla de la siniestralidad, domina toda la estructura de costos. Así, las empresas argentinas terminan pagando menos por accidentes reales y más por riesgo judicial. En agosto, la alícuota ya llegó al 2,9% de la masa salarial.
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Entre 2010 y 2016, mientras la siniestralidad bajaba, la alícuota subió de 3,20% a 3,46%. Tras la reforma de 2017 descendió, pero desde 2021/2022 las primas vuelven a tensionarse por la masificación de juicios. Actualmente, los litigios insumen un tercio de la alícuota, comprometiendo la sustentabilidad.
La situación es preocupante: los aumentos apenas cubren parte del impacto financiero. La reciente decisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que dictó una inhibición general de bienes sobre una ART por déficit financiero, alerta sobre riesgos sistémicos.
(*) Responsable de la sección Social-Laboral del Ieral de Fundación Mediterránea
