En el 2003, año en el que nació IDESA, la estructura del mercado laboral argentino era muy precaria. Cabe recordar que la situación estaba muy condicionada por la profunda crisis del 2002. Del total de personas en edad de trabajar que vivían en centros urbanos, el 44% estaba sin trabajo sea como desempleado, inactivo o cobrando planes sociales (en aquel entonces el Plan Jefas y Jefes de Hogar). Un 19% tenía un empleo privado formal y otro 9% eran empleados públicos. El restante 28% de la gente en edad de trabajar estaba ocupada en la informalidad. La tasa de pobreza era de 50%.
¿Cómo es la foto hoy? El 35% están sin trabajo (desempleados, inactivos, planes sociales, etc.), el 25% con empleo privado formal y 11% empleo público, mientras que el restante 29% es empleo informal. La tasa de pobreza se estima en torno del 40%. Es decir que en 20 años la foto sigue bastante similar. Esto demuestra una debilidad estructural en la generación de empleos de calidad que trasciende los ciclos económicos y los cambios políticos.
El resultado es que la mayoría de las personas en edad de trabajar no lo hacen o lo hacen bajo condiciones de muy baja productividad. Con este desempeño laboral, no es sorprendente que la pobreza siga alta y que una gran proporción de la población no pobre sienta una gran insatisfacción por los bajos ingresos que tiene.
¿Por qué es así? Hay varios factores causales de diferente naturaleza, lo cual alerta sobre los riesgos de caer en planteos parciales que pecan de simplistas. Evaluando objetivamente el nivel de degradación alcanzado se concluye que se necesita avanzar en varios frentes de manera simultánea y que resolverlos demandará mucha audacia, innovación y paciencia.
El primer problema es la economía: es muy inestable y muestra como tendencia el estancamiento. Bajo estas condiciones no hay posibilidades de dinamizar la generación de empleos de calidad. No hay dudas que, con una macroeconomía estable y con crecimiento sostenido, se incentivarían las inversiones y la generación de empleo. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Con solo crecimiento no se solucionan todos los problemas laborales argentinos.
El segundo y principal problema son las instituciones laborales. Por un lado, las altas cargas sociales: contratar a un trabajador cumpliendo con las normas muchas veces excede las posibilidades financieras de una pyme o micro-emprendimiento (la mayoría de las empresas en nuestro país). En términos aproximados, de cada 100 pesos que llega al bolsillo del trabajador, deben pagar 50 más de impuestos.
A esto se suma el impacto de los convenios colectivos de cada sector. Estos agregan cargas sociales en favor del sindicato y establecen pisos salariales que generalmente toman como referencia a las empresas de mayor productividad. Para las empresas más pequeñas y débiles se hace muy cuesta arriba respetar los salarios mínimos y las condiciones allí estipuladas.
A todo esto se suma la incertidumbre que, generada por la posibilidad de un conflicto laboral y los criterios aplicados por la justicia laboral en la instancia de dirimir controversias, las reglas que regulan el despido son un poderoso factor de desaliento a la creación de empleos.
Un tema de alto impacto es la “privatización” de las sanciones por incumplimientos de diversas normas por parte del empleador. Es decir, las normas actuales fijan sanciones por incumplimientos del empleador que las recibe el demandante, cuando deberían ser beneficios que cobra el Estado. Tal como está planteado el esquema hay aún más incentivos para el que lleva adelante un juicio. Esto genera costos impredecibles muchas veces definidos en un juicio laboral.
Los montos involucrados suelen superar la capacidad financiera de las empresas. Actualmente, en Argentina el tamaño promedio de las firmas es de 14 trabajadores. Por lo tanto, para la mayoría de las empresas el despido de un trabajador con 12 o más años de antigüedad implica abonar una indemnización superior a toda la masa salarial mensual. Asimismo, si hubiera fallas en la registración, la indemnización sería más de 2 veces la masa salarial. Es decir, fácilmente lo lleva a la quiebra.
Esto hace que los empleadores vayan a lo seguro y solo encuentren trabajo formal los más calificados: el resto queda en la informalidad o en la nueva herramienta para esconder la informalidad, el monotributo.
El tercero, y que demandará más paciencia resolverlo, es la educación. Solamente el 40% de los adolescentes está terminando la secundaria a tiempo. Más grave aún es que los estudiantes acumulan escasos conocimientos y habilidades. Por ejemplo, los resultados de las pruebas Aprender –que realiza el Ministerio de Educación nacional– señalan que en el 2021 el 70% de los niños de hogares pobres que cursaban el 6° grado de primaria no alcanzaron niveles mínimos de conocimientos en lengua y matemática, lo cual los deja en una situación de gran vulnerabilidad de cara al futuro.
Asistencialismo no suplanta el empleo. Las evidencias son contundentes en mostrar que las consecuencias sociales de esta falta de creación de buenos empleos no pueden ser revertidas con programas asistenciales. También es puro voluntarismo plantear que se pueden transformar los planes asistenciales en planes de empleo a través de una simple decisión política.
Pretender con una política pública (subsidios al empleo privado) compensar las distorsiones de otra política pública (malas instituciones laborales) es la incoherencia que garantiza el fracaso. Y la historia lo demuestra: Mauricio Macri intentó esto con el Plan Empalme en el 2017 y el actual gobierno impulsó iniciativas parecidas. En las dos gestiones de gobierno todos los casos fueron fracasos rotundos.
Décadas de degradación institucional sosteniendo políticas equivocadas explican el mal desempeño del mercado de trabajo. Ni aún con la economía marchando viento en popa será posible revertir la baja generación de empleos productivos. El camino correcto es asumir la integralidad del problema y poner la suficiente atención como factores causales de la débil generación de empleos de calidad el profundo deterioro del sistema educativo y atávicas instituciones laborales.
Coordinadora de Investigación Idesa Argentina
