La próxima semana habrá varias definiciones en la investigación penal por las muertes y ataques intencionales a bebés en el Hospital Materno Neonatal. El fiscal Raúl Garzón se apresta a definir la situación procesal de Brenda Agüero (27), la enfermera sospechada de haber producido dos muertes de recién nacidos el 6 de junio pasado.
El informe de la pericia psicológica que ordenó el fiscal confirmó que es imputable: tiene capacidad penal porque comprende las consecuencias de sus actos. Esa conclusión le permite al fiscal avanzar para definir la situación procesal y dictar la prisión preventiva o su excarcelación. La decisión se conocerá en las próximas horas.
La mujer permanece detenida, aislada y sin contacto con otras internas a raíz de un pedido que ella misma realizó. Este medio consultó si durante su estadía en Bouwer sufrió agresiones físicas y desde la Justicia respondieron que no. Sí reconocieron que en los días previos, cuando estuvo en un sector junto a otras internas, recibió insultos.
En relación a la enfermera hay otra decisión pendiente. Mamás de niños sobrevivientes pidieron que se le ampliara la imputación de homicidio en grado de tentativa sobre sus hijos. El fiscal todavía no lo resolvió.
Tampoco definió si habría tenido participación en las primeras tres muertes registradas, entre marzo y mayo. Sobre esos tres fallecimientos, el fiscal Garzón está a punto de resolver la exhumación de los cuerpos de los bebés. Sus madres pidieron la medida porque dudan, incluso, de sus identidades. Con un examen genético de ADN procuran conocer que los niños que sepultaron son realmente sus hijos. Si bien no hay expectativas de que las autopsias sobre esos cuerpitos puedan arrojar demasiados detalles de los que se buscan, igualmente el fiscal las ordenará.
Según pudo conocer PERFIL CÓRDOBA esa prueba, más nuevas pericias sobre las historias clínicas y estudios a niños sobrevivientes, serán decididas luego de la eventual ampliación de imputación a la enfermera. Su defensa debería poder participar, con peritos de parte, en cada uno de los estudios que se efectúe.
De ahí que el primer paso sería definir si es o no excarcelada, para lo cual se tendrá en cuenta si hay riesgo procesal, de fuga o entorpecimiento de la investigación. Después, si debe responder penalmente por el resto de ataques a los bebés. Una vez definido eso se encararán las nuevas pericias, con la posibilidad de que su defensa las controle.
Mientras tanto, la instrucción del expediente ingresó a un terreno de análisis. En cada uno de los casos de los 13 bebés (cinco fallecidos y ocho sobrevivientes) que mostraron sintomatología similar, como pinchazos incompatibles con los de las vacunas, arritmia y lesiones cutáneas, se está constatando qué personal hospitalario estuvo cerca, quién tomó conocimiento de la situación, qué supo y qué decisión adoptó tras saber lo sucedido.
Además de la enfermera Agüero, imputada actualmente por homicidio de los niños muertos el 6 de junio, directivas y jefas del área de Neonatología del nosocomio están imputadas por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
El exministro de Salud Diego Cardozo, el exsecretario de la cartera, Pablo Carvajal, y el director administrativo del Neonatal, Eduardo Escudero Salama, también deben responder por incumplir sus funciones.
Hasta el momento, ninguno de los defensores ha planteado la derivación del expediente al fuero Anticorrupción.
La decisión de no acudir a la Justicia ni realizar inmediatamente las autopsias coloca en una situación más comprometida penalmente a la directora Asís y las jefas de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales. A menudo se escucha decir dentro del equipo de investigadores de la causa que los niños sobrevivientes son los que arrojarán luz y permitirán saber qué pasó con los fallecidos. Es la salida a la pésima decisión de las autoridades de no haber practicado las autopsias apenas se detectaron las irregularidades.
En efecto, el horror vivido durante meses en el Neonatal llegó a la Justicia porque dos médicas se negaron a firmar los certificados de defunción de los bebés muertos el 6 de junio y radicaron la denuncia en la fiscalía de Jorgelina Gutiez. Eso permitió poner fin a la secuencia de recurrentes ataques durante tres meses.
Pero ni siquiera con esa evidencia delante de sus ojos, las autoridades del hospital y del ministerio acudieron a los tribunales. Mientras se iban produciendo las muertes y descompensaciones de bebés sanos, hijos de madres en perfecto estado de salud, pretendieron investigarlo internamente manteniendo la situación en secreto. Apartar a parte del personal, entre los cuales estaba la enfermera acusada ahora de homicidio, permitió detener las muertes, pero eso recién ocurrió al décimo tercer caso.
Perfil criminal. Los peritos psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales que realizaron las entrevistas a Brenda Agüero todavía no entregaron al fiscal el informe final. Ese estudio arrojará qué rasgos presenta la mujer sospechada de haber producido sucesivas muertes y ataques que colocan a Córdoba entre los pocos casos en el mundo de crímenes en serie cometidos contra niños recién nacidos.
El caso 14 no existe. Hay una denuncia presentada en las últimas semanas sobre un bebé fallecido con posterioridad al 6 de junio, fecha en que se produjeron las últimas muertes sospechosas de bebés sanos. Desde la fiscalía aclararon a este medio que “no hay un caso 14”, porque la situación que presentaba ese niño es totalmente diferente al resto de los casos judicializados.
