El Concejo Deliberante de Córdoba refrendó el convenio de colaboración entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad provincial para coordinar operativos extraordinarios en la ciudad. El acuerdo, firmado por el intendente Daniel Passerini y el ministro Juan Pablo Quinteros, recibió el acompañamiento de distintos bloques opositores, aunque con fuertes críticas, mientras que el PRO y la izquierda votaron en contra.
La discusión excedió el alcance operativo del convenio y se convirtió en un nuevo capítulo de la disputa política entre el municipio y la Provincia. Mientras el oficialismo defendió la necesidad de coordinar recursos para responder ante situaciones excepcionales, la oposición cuestionó la delegación de tareas, la autonomía municipal y la capacidad de la gestión para garantizar los servicios públicos.
Policías inspectores de tránsito: qué piensan Passerini y Quinteros para la ciudad
El debate también quedó atravesado por la preparación de la visita del papa León XIV y por el conflicto con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), en medio de los cuestionamientos por la prestación de servicios y el funcionamiento de los controles de tránsito.
Qué establece el convenio entre la Municipalidad y la Provincia
El acuerdo contempla la planificación, organización, ejecución y supervisión conjunta de operativos que, por sus características y riesgos, requieran una actuación coordinada entre ambas jurisdicciones.
Según lo establecido, la Policía de Córdoba asumirá la conducción operativa y el responsable policial designado organizará el despliegue, determinará las prioridades e impartirá instrucciones al personal municipal afectado al dispositivo, a través del responsable del municipio.
La Municipalidad, por su parte, pondrá a disposición del Ministerio de Seguridad las áreas necesarias para reforzar la seguridad y podrá encomendar otras tareas operativas indispensables para el operativo, siempre que sean compatibles con sus competencias.
Las medidas tendrán carácter temporal y estarán delimitadas a las circunstancias que justifiquen su implementación. El convenio también establece el respeto por la autonomía municipal y las competencias de cada jurisdicción.
El objetivo es coordinar los recursos humanos y materiales para proteger a las personas, garantizar la seguridad vial y facilitar una circulación ordenada durante acontecimientos especiales.
El oficialismo defendió la cooperación con la Provincia
Nicolás Piloni, concejal del bloque oficialista, defendió el acuerdo y rechazó que implique una renuncia a las atribuciones municipales. “Cooperar con la Provincia no significa renunciar a nuestra autonomía, significa mejorar la capacidad de respuesta”, sostuvo. Además, buscó despejar las críticas sobre el alcance de la medida: “No estamos hablando de todos los empleados municipales, hay miles que cumplen con sus tareas”.
En la misma línea, Marcos Vázquez planteó que el Estado debe intervenir cuando se interrumpe un servicio. “Cuando se interrumpe un servicio a los vecinos debemos actuar. No se deben dar vueltas enroscadas. Hay que resolverle las cosas a la gente”, afirmó. El concejal Raúl La Cava apuntó contra el Gobierno nacional: “No somos como el Estado nacional, ausente y que hambrea a la gente”.
Desde el Frente Cívico, Graciela Vilatta cuestionó el acuerdo y lo vinculó con el escenario electoral de 2027. “Es el convenio para candidatura a intendente de Quinteros 2027. Es la oportunidad que ha merituado”, afirmó.
La concejala cuestionó la capacidad de gestión del municipio y enumeró problemas que, a su entender, la administración de Passerini no logra resolver. “Creo que me podría pasar toda la mañana de la cantidad de acciones que no hace más la Municipalidad y se las pasó a la Provincia. Se ve que la Municipalidad no tiene conducción”, sostuvo.
También apuntó contra los problemas en la recolección de residuos y el transporte. “Los temas importantes como la basura o el transporte no los resuelven. Este convenio es reconocer la incapacidad de manejar a un puñado de inspectores”, remarcó.
Martín Juez, también del Frente Cívico, cuestionó el despliegue político que rodeó el tratamiento legislativo. “No se puede montar el circo que montaron para hablar de este convenio. Le estamos diciendo al mundo que la ciudad de Córdoba no puede controlar el tránsito”, expresó.
La Unión Cívica Radical acompañó el convenio, pero cuestionó con dureza la presentación política que hicieron la Provincia y la Municipalidad. Para el bloque, el anuncio tuvo una dimensión mayor que los cambios concretos previstos en el texto.
Quinteros mete a la Policía en el tránsito y la oposición habla de “intervención” en clave 2027
La presidenta de la bancada, Elisa Caffaratti, calificó la iniciativa como una “hipócrita puesta en escena” y sostuvo que el oficialismo buscó obtener rédito político con una medida acotada. “Instalaron un relato épico, hablaron de un cambio de paradigma y de recuperar la autoridad, pero uno lee este convenio y encuentra algo muchísimo más modesto y acotado. No modifica el Código de Tránsito, no convierte a la Policía provincial en inspectores municipales ni le otorga nuevas facultades. El convenio es chico y la puesta en escena fue grande”, afirmó.
Caffaratti también relacionó la discusión con el conflicto gremial y las contrataciones municipales. Cuestionó la confrontación pública con el SUOEM y señaló que, mientras el Ejecutivo exhibe firmeza ante las cámaras, aparecen acuerdos y concesiones en otros ámbitos.
“Se muestran los dientes frente a las cámaras, pero esa guerra tiene horarios porque después aparecen los acuerdos, las concesiones y las prebendas”, sostuvo. En ese marco, mencionó expedientes de pases de becarios y monotributistas a contratos y cuestionó el crecimiento de esa estructura durante la gestión municipal de Martín Llaryora.
La titular del bloque radical también apuntó contra Quinteros y le reclamó que concentre sus esfuerzos en la prevención del delito. “Sería bueno que concentre toda esa energía en aquello para lo que sí tiene responsabilidades: mejorar la seguridad de los barrios de Córdoba, que hoy están azotados por la delincuencia”, manifestó.
“Acompañamos una herramienta razonable para situaciones extraordinarias porque los vecinos no pueden ser rehenes de nadie, pero rechazamos la sobreactuación y la impostura. Al circo político no nos subimos”, concluyó. Sergio Piguillen, de la UCR, puso el foco en las atribuciones institucionales de la ciudad y advirtió sobre los riesgos de delegar facultades municipales.
“Tenemos la obligación de que se gobierne con la Carta Orgánica en la mano y no delegando facultades que le pertenecen a los vecinos bajo el ropaje amable de los convenios de colaboración, que terminan operando como mecanismo de absorción de la autonomía de la ciudad de Córdoba”, sostuvo.
La concejala Jessica Rovetto Yapur también acompañó el convenio, aunque cuestionó que la intervención policial se convierta en una solución permanente a los problemas de funcionamiento municipal. “Vamos a acompañar todo lo necesario para que la visita del Papa sea segura y ordenada. Pero el orden no puede ser una mercancía que se compra cada vez que un gremio decide apretar”, afirmó durante el tratamiento.
“El intendente y el gobernador lo llamaron extorsión. Les creemos. Pero ¿qué hicieron? No la enfrentaron con firmeza, no se sancionó a nadie: se rindieron y firman un convenio para traer a la Policía a hacer el trabajo que ya les pagamos a otros. Eso no es enfrentar la extorsión, es pagarla dos veces”, sostuvo.
La concejala extendió sus críticas a los conflictos en la recolección de residuos y el transporte. “Cuando para el SURRBAC o la UTA pasa lo mismo: el gremio aprieta, el Ejecutivo cede, y el que paga es el vecino. Siempre el vecino”, expresó. Además, advirtió sobre el costo que puede tener para la prevención del delito destinar policías a tareas de ordenamiento vehicular. “Cada policía dirigiendo autos en una esquina es un policía que no está cuidando un barrio”, señaló.
Finalmente, planteó que el municipio debe garantizar la prestación de los servicios, transparentar sus costos y aplicar sanciones cuando corresponda. “Los cordobeses no vamos a ser rehenes de ningún gremio ni el cajero automático de cada conflicto que la gestión no sabe, no puede o no quiere resolver. Que la extorsión no la paguen los vecinos”, concluyó.
