El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, avanzan en un esquema que permitiría que efectivos de la Policía de Córdoba asuman tareas de control y ordenamiento del tránsito en determinadas situaciones excepcionales. La primera aplicación concreta estaría vinculada con la visita del papa León XIV, cuyo recorrido por la ciudad demandará un importante despliegue de seguridad, tránsito y ordenamiento de la circulación.
La discusión va más allá del operativo papal: el mecanismo podría utilizarse también cuando el municipio considere que no está en condiciones de garantizar por sí mismo la prestación del servicio. La iniciativa tomó fuerza después del conflicto protagonizado el último fin de semana por los inspectores municipales de tránsito. El sábado por la noche, los trabajadores comunicaron que no prestarían servicios durante el domingo, en medio de un reclamo por el pago de horas extras.
La decisión se produjo en una jornada particularmente compleja para la ciudad, que tenía tres eventos masivos: la maratón del Hospital Allende, el partido entre Belgrano y Talleres en el estadio Kempes y la procesión de la Virgen del Rosario del Milagro.
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Ante la ausencia de los inspectores, la Policía de Córdoba intervino en los operativos de tránsito. En el caso de la maratón también participaron cerca de 100 funcionarios municipales.
Desde el Gobierno provincial cuestionaron la decisión de los inspectores. “Eran eventos que demandaban operativos de tránsito para unas 70 mil personas. Entendemos que los inspectores están en su derecho de reclamar si efectivamente existe una deuda, pero no pueden hacerlo poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas ni tomando de rehén a nadie”, sostuvo Quinteros.
El antecedente que encendió la alarma
El episodio del domingo fue leído como una señal de alerta de cara al operativo por la llegada del Papa. La preocupación central es que una medida gremial pueda alterar un dispositivo que, por sus características, requiere previsibilidad y coordinación.
Por eso, una de las alternativas que analizan Passerini y Quinteros es que los inspectores municipales no participen de los controles vinculados con los accesos, el recorrido y los perímetros de seguridad del itinerario papal.
En la Municipalidad confirmaron que el intendente y el ministro trabajaron durante el fin de semana para garantizar los operativos y que esta semana terminarán de definir el mecanismo formal.
La opción que aparece con más fuerza es un convenio entre el municipio y la Policía. La ciudad conserva el poder de policía sobre el tránsito dentro del ejido municipal, con excepción de la Circunvalación y los accesos de la Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Por eso, una eventual delegación de facultades debería ser formalizada y, según anticipó Quinteros, ratificada por el Concejo Deliberante.
“No podemos improvisar sobre la marcha. No es una cuestión de gusto, de antojo, ni de capricho, es una cuestión de orden público durante la visita más importante que tendrá Córdoba en los últimos 40 años. Nosotros tenemos que garantizar el tránsito, el orden público y el acceso a cada área y una medida como la del sábado pasado afectaría todo el operativo”, afirmó el ministro.
De una medida excepcional a un nuevo esquema
Aunque el disparador es la visita papal, tanto en la Provincia como en el municipio reconocen que el mecanismo podría tener una aplicación más amplia. En principio, se trataría de una delegación transitoria. Sin embargo, la posibilidad de habilitar a la Policía para intervenir cuando el municipio no pueda garantizar de manera eficiente y oportuna el control del tránsito abriría una discusión de fondo sobre el rol de los inspectores municipales.
La ciudad cuenta actualmente con unos 400 inspectores de tránsito distribuidos en cuatro turnos, de lunes a lunes. Entre sus tareas se encuentra la organización de unos 20 eventos diarios, además de desvíos por obras y la coordinación de cruces cuando existen inconvenientes con los semáforos.
El Suoem mantiene una posición histórica respecto del llamado “poder de policía” de los inspectores municipales. Esa función está asociada, además, a un régimen laboral específico, que incluye una bonificación del 30% del sueldo por la tarea de inspectoría, módulos y francos compensatorios por el trabajo nocturno o durante los fines de semana.
La relación entre la administración Passerini y las áreas de control municipales ya tuvo otros capítulos de tensión. Uno de ellos fue el proceso de creación del Ente de Fiscalización y Control y la resistencia de los inspectores al traspaso de funciones hacia ese organismo. En los últimos meses, esa situación comenzó a modificarse.
El conflicto de los últimos días también tiene un componente económico. Desde el municipio explicaron que las horas excedentes de los módulos mensuales se pagan a 60 días y que el compromiso correspondiente debía abonarse este martes. El Ejecutivo anunció que el pago se concretaría el jueves próximo.
Para la administración municipal, sin embargo, el reclamo no justificaba la decisión de no prestar servicios durante una jornada con tres eventos masivos.
“Faltaron a la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos. Ningún inspector ignora lo que representa que no haya control de tránsito en una maratón, una procesión y un clásico Belgrano-Talleres”, señalaron desde el municipio.
