El viernes, al cierre de la actividad en Tribunales, el juez federal subrogante de San Francisco, Roque Rebak, dictó el procesamiento sin prisión preventiva del fiscal federal —que actuaba ante ese mismo Juzgado—, Luis María Viaut. Junto a Darío Fabián Rivarola —un colaborador dentro de la fiscalía— lo acusó de tráfico de influencias y concusión agravada, un tipo de extorsión, ambos en calidad de autores.
La resolución también alcanza a Santiago Badino, como partícipe secundario de concusión. Además, procesó a Gerardo Agustín Panero y Walter Gustavo Fattore como partícipes necesarios de tráfico de influencias, y a Víctor Hugo Brugnoni, por cohecho activo.
Actualmente, Viaut se encuentra de licencia con carpeta médica. La Procuración General de la Nación, en el área disciplinaria, abrió un expediente a raíz de la denuncia y posterior imputación.
Los procesamientos relatan dos hechos.
Cooperativistas. El primero ocurrió entre el 26 y 30 de junio del año pasado. Por intermedio de Rivarola, Viaut habría pedido $2,5 millones al gerente de la cooperativa de Las Cañitas, Pablo González, y al presidente de la entidad, Juan Domingo Solá, para frenar una causa judicial por presuntas irregularidades en las que, según les informó Rivarola, habría procedimientos inminentes.
La primera reunión —el 26 de junio— se hizo en la casa de Santiago Badino, quien actuó de intermediario entre Rivarola y los cooperativistas. Según relataron, el empleado judicial le habría planteado un panorama funesto al gerente de la mutual a raíz de una investigación judicial.
Se fijó una nueva reunión para el día siguiente. Allí participó Solá. Decidieron grabar la conversación que discurrió en forma virtual.
Finalmente, el 30 de junio, se concretó un encuentro en una estación de servicios de Devoto a la que concurrieron Rivarola, Badino y González. Estos diálogos también fueron grabados.
Promesas vanas. Pero, además de esa situación que los cooperativistas denunciaron, salió a la luz otro hecho con el cual el productor agropecuario Victor Hugo Brugnoni intentó interferir en una causa judicial en contra de su hijo, radicada en la Justicia provincial. Para ello buscó contactos entre abogados y en tribunales hasta que le prometieron que el fiscal federal Viaut, podría mejorar la situación del joven, detenido por presunto abuso sexual. Para eso habría pagado una coima que, a través de la mediación de Walter Fattore y Gerardo Panero, llegaría a Viaut.
Para la concreción del delito no es necesario que el objetivo final se haya cumplido. En este caso hubiera significado torcer el rumbo de la causa judicial que se tramitaba en los tribunales ordinarios. En su defensa, Viaut sostiene que nunca pudo haber prometido injerencias en una causa que escapa totalmente a su radio de acción y de sus funciones.
Hasta ahora, la Justicia probó que el 23 septiembre de 2020, antes de las 6 de la tarde, Rivarola —presentándose como enviado de Viaut— se reunió con Panero, Fattore y Brugnoni en Las Varillas. En ese encuentro, el productor agropecuario entregó US$ 17.100. Se sospecha que la mayor parte del dinero fue para Viaut y su colaborador, aunque Panero y Fattore también habrían recibido una porción de la coima.
En efecto, hay escuchas telefónicas entre Rivarola y Viaut donde este le indica que debe llevar al día siguiente el dinero a la fiscalía para hacer el reparto.
Embargos. Además de dictar los procesamientos del magistrado y las otras cinco personas, el juez Roque Rebak les impuso embargos sobre bienes inmuebles por $12 millones para Viaut, Rivarola y Brugnoni, y de $6 millones para Panero y Fattore, respectivamente.
PROCURACION GENERAL REUNE ANTECEDENTES DE VIAUT
En los últimos meses, desde que estalló la causa, la Procuración General de la Nación, que encabeza interinamente Eduardo Casal, recoge los antecedentes. La fiscal federal, María Schianni, fue informando sobre los avances del expediente.
Oportunamente, fuentes del centro del Ministerio Público Fiscal de la Nación señalaron a PERFIL CÓRDOBA que la eventual suspensión del fiscal Viaut dependía del avance de la causa penal. Con el dictado del procesamiento, es posible que comience a analizar esa posibilidad.
Interviene la Secretaría Disciplinaria y Técnica, a cargo de Juan Manuel Casanovas, para analizar las conductas administrativas del fiscal y también del empleado, ahora procesados.
