El Ministerio Público Fiscal describió las últimas acciones realizadas en la causa de la tragedia de las Altas Cumbres, donde el legislador en uso de licencia Oscar González está acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, por el siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022, donde murió Alejandra Bengoa, mientras que su hija y una amiga, ambas de 15 años, sufrieron graves secuelas.
En el informe presentado se reconoce que el defensor Miguel Ortiz Pellegrini siempre se negó a acatar medidas necesarias para que el caso avance. “La defensa del imputado se opuso a las medidas probatorias realizadas hasta ese momento, como la apertura de teléfonos celulares, informe técnico químico de restos de pintura, informe técnico mecánico y pericia psicológica”, reza el escrito.
En ese sentido, destaca que en febrero, tres meses después del siniestro, “los abogados co-defensores solicitaron ampliar los puntos de la pericia accidentológica”, para lo cual se designaron peritos de parte. Recién en marzo se ordenó el informe del vehículo y al oficial encargado de la precia: el ingeniero Ramiro Ojeda.
Pasaron nuevamente varias semanas y a mediados de mayo, los expertos concluyeron que “sería necesario contar con un análisis en el automóvil BMW X1 por parte de la empresa concesionaria Auto Munich, agencia oficial de BMW en la ciudad de Córdoba”.
Además, se pone de manifiesto en el informe que a fines de ese mismo mes, el gobierno de Córdoba ordenó el pago del monto necesario para llevar a cabo el informe de Diagnóstico Computarizado por parte de la concesionaria Auto Munich y la contratación del servicio de grúa para su traslado.
La concesionaria, por su parte, “otorgó el turno para la realización del diagnóstico el día 14 de junio”, siete meses después del siniestro.
Todo se llevó adelante “con la presencia del perito oficial y los peritos de las partes (uno por la defensa y dos por parte de la querella) que fiscalizaron el procedimiento, labrándose acta de todo lo realizado”. En el informe del ministerio Público Fiscal se aclara que “no se permitió el uso de instrumental privado que traía uno de los peritos de la querella por no acreditar la homologación de la agencia oficial”.
Se espera que en los próximos días se pueda acceder al informe final presentado por la concesionaria y auditado por los peritos.
