Liliana Montero: “Tenemos cientos de niños sin familia, ellos son la expresión de una sociedad rota”

El rostro más cruel de la crisis socioeconómica son los niños abandonados, sin familias que los contenga. En la primera entrevista que brindó como titular del nuevo Ministerio de Desarrollo Humano, Liliana Montero admitió que esa realidad la “conmociona”. “Vamos a un escenario muy complicado de lazos rotos”, señaló. “Es la punta del iceberg –enfatizó– hay que mirar hacia abajo para un abordaje integral”.

Es una de la escueta lista de tres ministras mujeres del gabinete del gobernador Martín Llaryora, junto a Laura Jure (Desarrollo Social) y Victoria Flores (Ambiente y Economía Circular). Es extrapartidaria, como Pedro Dellarrosa (Ciencia e Innovación Tecnológica) y Juan Pablo Quinteros (Seguridad).

PERFIL CÓRDOBA la entrevistó en la sede que se está adecuando para su cartera, en calle Alvear esquina Rosario de Santa Fe. Ciencia de datos, mapeo geolocalizado de los organismos estatales y comunitarios para sostener y fortalecer las redes sociales ante la ruptura de vínculos creciente son ejes centrales de su gestión. De ella dependerán cuatro Secretarías: Senaf (Niñez, Adolescencia y Familia); Derechos Humanos y diversidad; Discapacidad y personas mayores, y Programas especiales. Esta última será transversal al resto. Falta definir los nombres de quienes las encabezarán y reasignar las partidas presupuestarias.

—¿Por qué y con qué objetivo se creó el Ministerio de Desarrollo Humano?
—El contexto socioeconómico es complejo, con el 40 % de pobreza que en los niños asciende a 56%, según datos del Indec. Cada 10 pibes de cero a 14 años, 5,6 son pobres. El gobernador Martín Llaryora se caracteriza por decidir políticas públicas en función de los datos. La primera pregunta que me hizo fue: cómo resolvemos esta situación en un contexto macroeconómico que nos excede y tiene un anclaje en dos grandes problemas, los jóvenes en conflicto con la ley penal y los niños y adolescentes sin cuidados parentales. Ellos son la punta del iceberg. Si no miramos hacia abajo seguiremos poniendo parches. Hay que abordar a la familia. El objetivo es que todo se solucione en un ministerio, sin deambular por diferentes espacios. Por eso el nombre. Este ministerio abarca el devenir de la vida de un sujeto. Un niño nace, crece y se desarrolla en un contexto familiar y comunitario.

—¿Usted gestionará programas de intervención, contención y también de asistencia económica?
—Es un programa integral. Por ejemplo, en la problemática juvenil los consumos problemáticos de sustancias son muy importantes. El abordaje incluirá también a Salud, Seguridad y Justicia. Es imposible una política penal juvenil de los pibes que están en el Complejo Esperanza si no pienso en el abordaje del consumo problemático de sustancias, en el contexto de la familia que vive en un barrio.

— ¿La reasignación de áreas en este ministerio implica incremento de personal?
—Sería apresurado hoy decir si alcanza o no con lo que tenemos. Dependerá del diagnóstico. En estos días he dialogado con varios equipos técnicos. Planteé si no es necesario modificar los paradigmas para abordar las problemáticas. En función de esa discusión probablemente debamos hacer una reingeniería de los recursos. Me molesta mucho cuando llego a un lugar donde se habla de causas, expedientes, medidas, porque detrás hay un un niño con nombre y apellido. El concepto de población a cargo es importante desde que entran hasta que se van del sistema. Un niño no puede pasar por 20 equipos técnicos porque le volvemos a generar pérdidas.

—En los últimos meses hubo reclamos por precariedad laboral del personal de Senaf. ¿Qué respuesta hay para ellos? 
—Estoy tomando contacto con todas las modalidades, con las cuales diferentes programas han dado respuestas a las necesidades de personal o profesionales. Sí creo que habrá que avanzar a un modelo de mayor estabilidad, en términos de capacidades profesionales según la necesidad de los recursos humanos.

Bajar o no la edad de imputabilidad 
Mientras fue legisladora opositora, Liliana Montero presentó un Habeas Corpus por condiciones deplorables del Complejo Esperanza. Fue en 2014. La última vez que lo visitó fue en 2016. El lunes pasado, horas después de asumir como ministra lo visitó. Cuando contó su experiencia de regresar a ese lugar por el que tanto trabajó se emocionó. Prometió “llenar con actividades los centros que alojan a los jóvenes para que puedan reintegrarse al mundo” del cual se los apartó. Sobre el encierro y la baja en la edad de imputabilidad dijo que “no solucionan nada”.

—¿Qué posición tiene sobre bajar la edad de imputabilidad, un proyecto que se podría impulsar en forma inminente?
—Ese debate aparece cada vez que no se quieren ver las cuestiones de fondo, el 56% de los niños están bajo la línea de pobreza. Soy terapeuta de niños, es mi expertise. En una época había sobrediagnóstico de síndrome de hiperactividad y se sobremedicaba. Recuerdo que cuando me reunía con los papás les decía que la pastilla los calmaba a ellos, a la escuela y a la sociedad. Dar el debate de la edad de imputabilidad calma, pero no resuelve. Lo que aporta soluciones es abordar las problemáticas de fondo, qué hacemos con los pibes que no terminan la escuela, con el narcotráfico y el consumo problemático de sustancias. La decisión política del Gobierno provincial es abordar esos temas. Sería irresponsable como ministra entrar en ese debate y discutir si un año o un año menos. La incidencia en el marco general del delito es ínfima. No hay país del mundo que haya resuelto el problema sólo discutiendo la edad. Yo me ocuparé de cómo hacer para que estos chicos tengan proyectos de vida.

—¿Qué se hace desde Senaf con menores de 16 años –no punibles– que cometen delitos graves?
—El niño es el emergente de una situación familiar y social. No debemos quitar responsabilidad a la familia y a la comunidad como si hubiera nacido de un repollo. La violencia no es un acto individual. Siendo legisladora opositora escuché a Schiaretti decir que la violencia es la hija no querida de la injusticia social. Coincido. Son necesarios todos los abordajes posibles, individuales y sociales para analizar por qué un pibe de 13 años empuña un arma. Nos calma encerrarlo, pero eso no resuelve el problema. Hay que abordar el problema con las víctimas y con los victimarios, sus familias y sus contextos donde están las verdaderas causas de esa conducta.

—¿Habrá centros especiales para adolescentes menores de 16 años que delinquen? Es algo que piden algunas juezas del fuero.
—No es una decisión para tomar en este momento. Lo conversaremos con el Poder Judicial, con los ministerios de Seguridad y Justicia para encontrar las soluciones más adecuadas en este abordaje profundo e integrado que explicaba.

—¿Cómo encontró el Complejo Esperanza?
—El cambio del paradigma del modelo tutelar al de protección de derechos que lleva muchos años es muy importante. Hay avances y retrocesos. Tiene que ver con la responsabilización, la reparación del daño y la reintegración. El predio es muy grande, necesita intervenciones permanentes. Lo que más me ocupará será llenarlo de actividades para poder reintegrar a los jóvenes a la comunidad. Hay que incorporar más talleres de tecnología, que salgan con más habilidades y capacidades para enfrentar el mundo laboral. Las medidas privativas son la excepción y deben ocurrir por el menor tiempo posible. Si esa es la regla, mientras estén allí tenemos que brindarles las herramientas para que salgan en mejores condiciones. No es un lugar de encierro, es un centro socioeducativo.

ABORDAJE BASADO EN DATOS Y MAPEO GEOLOCALIZADO

—¿Qué está pasando con niños sin red de contención familiar?
—Es lo que más me preocupa, me conmociona. Tenemos cientos de niños y adolescentes sin cuidados parentales. No hay quién los cuide. Están en las residencias del Estado y las de gestión privada. Algunos están en situación de adoptabilidad.

—¿Por qué hay tantos niños solos?
—Recibimos cientos de pedidos de la Justicia de valoración de medidas excepcionales, para retirar niños de cuidados parentales. Eso habla de la ruptura del tejido social y comunitario. No hay equipos que alcancen. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos más residencias? ¿Cuántos niños vamos a tener en un modelo tutelar? O hay que preguntarnos qué nos pasa como comunidad donde está rota la red familiar, comunitaria, atravesada por la crisis socioeconómica y por el consumo problemático donde se rompe la instancia de cuidado. Vamos a un escenario muy complicado de lazos rotos. Hay que fortalecerlos desde el Estado. El gobernador, mientras fue intendente, apuntó a trabajar con la comunidad organizada. Vamos a fortalecer estas redes. Solo en la Capital tenemos más de 4.400 efectores sociales. Son la institucionalidad comunitaria en el territorio: lo que tiene el Estado (escuelas, centros de salud) y la comunidad (iglesia, centros vecinales, comedores y merenderos, clubes). En Capital tenemos ese mapeo. Es una herramienta de gestión impresionante para trabajar en recomponer el tejido social. Vamos a mapear los efectores sociales en toda la provincia para que, apenas surja un caso de un niño sin cuidados parentales, rápidamente sepamos cuál es la red comunitaria que puede ayudar a contener. Hay que evitar la institucionalización en una residencia. Esta metodología servirá también para adultos mayores, personas con discapacidad. El eje de trabajo de este ministerio es la comunidad organizada con el Estado.

—¿Cuáles fueron los resultados en la ciudad de Córdoba?
—Es lo que hicimos durante la pandemia. Pocos saben que en Capital, con un click hoy sabemos cuáles son las organizaciones que hay en un barrio, una manzana, una cuadra, que nos permiten resolver problemas tremendos. El gobierno de la ciudad generó herramientas para abrir programas muy potentes.

DERECHOS HUMANOS

“Es decisión del gobernador Llaryora continuar la política de Derechos Humanos en la misma línea del exgobernador Schiaretti. El vínculo con los organismos, la preservación de los sitios de la Memoria y el Archivo Provincial seguirán inalterables”, puntualizó Montero. Y agregó que se promoverá, como lo hizo en la Municipalidad, conflicto con la ley penal la mesa de trabajo conjunta, profundizando los derechos de las nuevas generaciones y poniendo énfasis en los inmigrantes y pueblos originarios”.

 

NÚMEROS

• 102  Jóvenes en conflicto con la ley penal están en el Complejo Esperanza (4 son mujeres).
• 348 NNyA viven transitoriamente en los 11 Organismos de gestión asociada (Oga) que funcionan como residencias.
• 500 Salas cunas para niños de hasta tres años.
• 228  NNyA sin cuidados parentales viven transitoriamente en 16 residencias de la Senaf (11 en la Capital, 5 en el interior).
• 576 Total de NNyA sin contención parental bajo cuidado residencial en la Senaf.