UPC y Cambiemos podrán disponer de $600 millones para la campaña

Los partidos que este año competirán en las elecciones provinciales de Córdoba , podrán disponer del mayor financiamiento declarado desde el retorno de la democracia en 1983. Esto se desprende de los nuevos topes que prevé la ley 9.571 que regula el Código Electoral Provincial (CEP). Los cambios más importantes fueron impulsados a finales del año pasado por el oficialismo de Unión por Córdoba (UPC) en la legislatura y permitieron ampliar de manera considerable los aportes públicos y privados para financiar las campañas electorales.

De acuerdo a estimaciones propias realizadas por PERFIL CORDOBA en base al Código Electoral y a los votos obtenidos en las elecciones provinciales de 2015, Unión por Córdoba (UPC) y Cambiemos podrían obtener cerca de 300 millones de pesos cada una para financiar sus acciones proselitistas. Si se toma en cuenta que la ley estipula campañas de 45 días corridos de duración, las principales fuerzas políticas provinciales podrían disponer de más de seis millones de pesos por día para gastar en sus campañas electorales Fondos públicos. Los cálculos permiten estimar que el monto global que este año destinará la Justicia Electoral a todas las fuerzas políticas rondará los 130 millones de pesos. Este aporte estatal conformará el denominado “Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales” y se transforma en el piso de aportes públicos para solventar los gastos de propaganda electoral en medios gráficos, radiales, audiovisuales, públicos y privados de toda la provincia. La suma se amplió en casi el 170% y, de acuerdo a la nueva ley, “no puede ser inferior a la suma de equivalente al 3,5 por mil del salario Mínimo Vital y Móvil por elector habilitado a votar”.

El Fondo de Financiamiento garantiza el reparto del dinero a todas las fuerza políticas que participen de la elección. El 30% del total (unos 39 millones de pesos), se distribuye en partes iguales para cada partido. El 70% restante (91 millones de pesos), se repartirá de manera proporcional en función a los votos obtenidos en la última elección a gobernador para todos aquellos que hayan obtenido un mínimo del 1% del total de votos válidamente emitidos. El esquema permite garantizar fondos públicos para todos los competidores electorales, pero también profundiza las diferencias entre partidos menores y las fuerzas mayoritarias. Unión por Córdoba y Cambiemos, contarán con unos 300 millones totales para sus campañas.

En un escenario de cantidad de partidos similar al de 2015, eso significa que el oficialismo puede recibir casi siete veces más dinero del Estado que el competidor que obtuvo el último lugar en la elección anterior. Más aportes de privados. En el capítulo correspondiente al financiamiento no estatal, la ley actualizada estipula que “los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de la compulsa electoral no pueden superar, individualmente y para gastos electorales, la suma equivalente al siete por mil del Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la elección”. Así, con las estimaciones a valores actuales, los partidos tendrán la posibilidad de contar con aportes de personas físicas o jurídicas, que no estén exceptuadas en la ley, por una suma cercana a los 260 millones de pesos.

En este sentido, la ley busca evitar los “aportes en negro” a las campañas y por eso fija restricciones a los contratistas del estado, a los aportantes anónimos y especifica detalladamente quiénes y cómo pueden contribuir. ¿Cuánto recibirá cada partido? Si se toma el promedio de crecimiento del padrón electoral de Córdoba desde 2011, es probable que este año haya unos 3 millones 25 mil personas habilitadas para sufragar y si esto se combina con el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que en marzo será de 11,978 pesos y con los votos obtenidos en la elección de 2015, se pueden estimar los montos de dinero que podrían recibir las distintas fuerzas políticas este año. De este análisis estimado se desprende que en un escenario similar al de 2015 en el que compitan siete fuerzas políticas, Unión por Córdoba recibirá casi 42 millones de pesos del estado, Viene de Pág. 2 t Cambiemos más de 36 millones y una eventual fórmula del kirchnerismo percibirá algo más de 21 millones de pesos. Bastante por debajo quedarán las partidos y alianzas minoritarias que percibirán entre seis y diez millones de aportes públicos y de una eventual fuerza que participe por primera vez a la que el estado solo le garantizará un aporte cercano a los 5,5 millones de pesos. En todos los casos, hay que sumarle la posibilidad de los aportes privados que tendrán un tope cercano a los 260 millones de pesos.

En caso de que alguna fuerza llegue a ese monto total los aportes legales serán multimillonarios. Unión por Córdoba podría obtener aportes totales por unos 302 millones de pesos y Cambiemos por más de 296 millones. Mayores controles. En despachos de la Justicia provincial advierten que la ampliación de los aportes exigirá una mayor capacidad de contralor. La propia jueza Marta Vidal, quien desde el viernes integra el Tribunal Electoral junto a los doctores Jorge Namur y Leonardo González Zamar, admitió que una de las primeras medidas que tomará será solicitar mayores recursos para afrontar los procesos electorales. “Tenemos 10 oficios ya pre parados solicitando al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) partidas para infraestructura del juzgado. Entre otras cosas necesitamos ampliar el Cuerpo de contadores auditores que hoy está funcionando con una sola persona”, precisó Vidal. De todas maneras, la magistrada electoral descartó de plano que las modificaciones al Código puedan generar inconvenientes en las tareas de fiscalización y control del financiamiento de las fuerzas políticas y del proceso electoral en general.

Quiénes pueden aportar y quiénes no

En su artículo 201, el Código Electoral indica que: “Los partidos, alianzas y confederaciones políticas pueden obtener para el financiamiento de sus campañas electorales, bajo las modalidades y limitaciones establecidas en la presente Ley, los siguientes aportes del sector privado:” 1) De sus afiliados, si lo previesen las cartas orgánicas; 2) De otras personas humanas no afiliadas; 3) De las personas jurídicas, y 4) Del rendimiento de su patrimonio y otro tipo de actividades. En cambio, la normativa prohíbe expresamente en el artículo 203 los aportes de privados en los siguientes casos: “Los partidos, alianzas y confederaciones políticas no pueden aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones provenientes de:” 1) Personas anónimas. No puede imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante; 2) Entidades centralizadas o descentralizadas nacionales, provinciales, interestatales, binacionales, multilaterales o municipales; 3) Empresas contratistas de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o municipales; 4) Personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar; 5) Personas humanas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país; 6) Personas que hubieran sido obligadas por sus superiores jerárquicos o empleadores a efectuar la contribución; 7) Gobiernos o entidades extranjeras, y 8) Personas humanas condenadas por delitos de lesa humanidad, contra la administración pública, trata de personas y narcotráfico. Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente.

Lo bueno y lo malo

El financiamiento de los partidos políticos y los controles del estado sobre ellos, suele ser uno de los puntos sensibles a tener en cuenta por la sociedad civil respecto de las denominadas “malas prácticas políticas”. El politólogo y docente de la Universidad Católica, Pablo Soffietti, considera un avance para el sistema democrático que el Estado amplíe sus aportes para garantizar recursos a todas las fuerzas políticas y asegura que la reforma aporta un piso de igualdad entre los partidos. Sin embargo, el investigador del Conicet especialista en financiamiento de campañas advierte que en relación con los aportes privados el problema de esta regulación radica en el potencial conflicto de intereses entre empresas aportantes, si al ganar el candidato al que apoyaron, luego acceden a contratos públicos o a legislaciones favorables para su actividad. “Una experiencia de reforma cercana nos permite ver que la prohibición de aportes de empresas no tendría efectos aparentes en el esquema de financiamiento. En el 2009 el Gobierno nacional prohibió el aporte de personas jurídicas a las campañas electorales y a pesar de eso, la cantidad de dinero aportado por privados no solo no disminuyó en las elecciones subsiguientes, sino que además en algunos casos se incrementó notablemente”, aseguró Soffietti. En este punto, el investigador considera que prohibir que las personas jurídicas realicen aportes podría contribuir a crear mecanismos de financiamiento paralelos, algunos legales, haciendo aportar a empleados a su nombre pero con recursos de la empresa y otros fuera de la ley, con fondos no declarados. “Es un avance que el Estado garantice un piso de financiamiento equitativo para todos los partidos siempre y cuando se establezcan mecanismos de registros públicos de donantes que sean accesibles a la ciudadanía y que garanticen la transparencia del proceso electoral”, advirtió Soffietti.