Los trascendidos de las últimas semanas sobre la intención del Ejecutivo nacional de avanzar en un decreto que vaciaría el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) genera preocupación y temor en el sector agropecuario, que considera que sería un golpe sin precedentes para una de las instituciones más estratégicas del entramado científico y productivo del país.
Se habla del posible desmantelamiento del Consejo Directivo Nacional, actualmente compuesto por diez representantes del Estado, de universidades y de entidades del sector agropecuario.
En su lugar, se conformaría un nuevo consejo reducido a ocho integrantes, en el que el Estado nacional quedaría con cuatro lugares y la posibilidad del doble voto presidencial.
Esta modificación daría luz verde a una serie de medidas que pondrían en riesgo al personal de planta no permanente, a los becarios, a las Agencias de Extensión Rural y Oficinas Técnicas del país, y el pase a disponibilidad de los Institutos de Investigación para la Agricultura Familiar.
La ingeniera agrónoma Vanina Margonari, extensionista rural del Inta desde 2003, actualmente trabajando en Jesús María, considera que un eventual cierre de las agencias de extensión rural implicaría la desconexión de la agenda del Inta con la realidad de los territorios. “La agenda institucional pasaría a ser definida por ‘especialistas' en forma centralizada, desterritorializada, y orientada a objetivos muy posiblemente diferentes a los intereses de los actores territoriales”, opina.
El Inta es un organismo público, de ciencia y tecnología, que se dedica a la investigación, la innovación, el desarrollo y la extensión rural en el sistema agro-bioindustrial. Fue creado por ley en 1956. Está presente en todo el país con Estaciones Experimentales; Centros Regionales; Agencias de extensión rural; Centros de Investigación y una Dirección Nacional.
Desde hace casi 70 años, el Inta trabaja desde la articulación de cinco componentes identitarios y estratégicos: investigación y desarrollo; transferencia y extensión; vinculación tecnológica; relacionamiento institucional; e información y comunicación.
En el país son casi 260 las Agencias de Extensión Rural, incluso en la Antártida argentina. En Córdoba hay alrededor de 25 unidades donde la extensión es una actividad prioritaria. Dependen de dos estaciones experimentales: Manfredi, en el centro norte de la provincia con un área de influencia de 10,5 millones de hectáreas, representando el 62% de la superficie provincial, y Marcos Juárez, en la mitad sur con un área de influencia aproximada de 6,4 millones de hectáreas.
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-En un eventual recorte al Inta, ¿están en riesgo las extensiones rurales?
-El gremio de los trabajadores de Inta (Apinta) ha informado sobre un posible recorte o modificación de la dotación de unidades de extensión en el país, entre otros numerosos cambios estructurales (...) De implementarse un nuevo retiro voluntario, numerosos trabajadores de Inta, varios de ellos del sistema de extensión, van a optar por adherir. Los sueldos que percibe la mayoría de los extensionistas y otros trabajadores de Inta, los ubica en el rango de clase baja a clase media baja.
-¿Qué impacto tendría en los territorios el cierre de las agencias de extensión?
-Implicaría la desconexión de la agenda del Inta con la realidad de los territorios, con sus oportunidades y problemas específicos. Implicaría que la agenda institucional pasaría a ser definida por “especialistas” en forma centralizada, desterritorializada, y orientada a objetivos muy posiblemente diferentes a los intereses de los actores territoriales. Los impactos serían mucho más graves en las economías regionales, en el interior profundo, donde el rol del Inta es mucho más difícil de sustituir por otros actores institucionales públicos o privados.
-¿Cuál es el trabajo de las agencias de extensión rural?
-Son el vínculo directo entre la ciencia y el territorio. Son el catalizador del trabajo entre la investigación, la innovación y la adopción tecnológica. Son clave para contar con diagnósticos situados, específicos de cada realidad, lo que permite identificar una agenda relevante de investigación para la solución de problemas y el aprovechamiento de oportunidades. Facilitan procesos organizativos, brindan asesoramiento y asistencia técnica a grupos de productores, promueven la generación y apropiación de tecnologías en el sector agropecuario, implementan procesos de innovación territorial, de valor agregado, realizan ensayos demostrativos, adaptativos y de validacion tecnologica en condiciones locales concretas, capacitaciones, jornadas, que responden a las demandas y problemáticas de cada territorio.
-Trabajaste muchos años en la agencia de extensión rural de Pampa del Infierno, en Chaco. ¿Qué se pudo hacer allí?
-Recorría a diario los campos, visitando productores, organizando jornadas y reuniones técnicas a cielo abierto, en las colonias rurales donde aún viven los propietarios de los campos. Hablábamos de producción de pasturas, de sorgo, de cabras, de vacas, de algodón, de girasol, de manejo de bosque con ganadería integrada, de registros, de análisis económicos, de dinámicas de grupo, de sistemas de cosecha de agua. Pero, sobre todo, hablábamos de futuro. Junto al equipo de la agencia, al gobierno local y diversas organizaciones, queríamos que pudieran ampliar sus oportunidades, que no tuvieran que vender sus campos por falta de opciones. INTA era ahí una alternativa real. Y lo era porque lo construimos juntos. En esa etapa hubo logros muy significativos (...) que no eran sólo reconocimientos: eran impulsores de nuevos horizontes que fortalecían alianzas entre el sector público y privado. Recuerdo que, gracias a un programa de Japón, un grupo de productores accedió a un nuevo tractor John Deere, amplió su área sembrada y conformó una asociación que terminó beneficiando a más de 60 familias que habitan el campo aún hoy y no migraron a las grandes ciudades.
-¿Cómo es la relación de una extensionista con el territorio?
-En extensión rural no hay éxitos individuales: todo lo construimos en red, siendo parte de un equipo interdisciplinario, de un grupo, de un convenio con otras organizaciones, de un proyecto regional o nacional, de un plan, de un territorio, de un Estado presente. El territorio va interpelando la propia práctica.
-¿Por qué crees que el Estado tiene que estar presente en un país históricamente agroganadero?
-El Estado -y el Inta como instrumento del Estado- es fundamental para garantizar un desarrollo que pueda contribuir a disminuir asimetrías con perspectiva federal. El sector agropecuario es estratégico por su contribución a la generación de divisas y por la provisión de alimentos para todos los habitantes, pero tiene características de gran diversidad de potencialidades agro climáticas, de disponibilidad y acceso a los recursos naturales, de infraestructura, de acceso a mercados, de acceso a la tecnología. Sin el Estado, sin el Inta, habría una tendencia hacia la concentración, con un amplio abanico de actores y regiones que quedarán rezagados, fuera del sistema, con los consiguientes problemas sociales, ambientales, productivos, y con la pérdida de las potencialidades que esas regiones pueden expresar. El Inta es un actor fundamental tanto del sistema científico tecnológico como del socio productivo. Como parte constitutiva del Estado argentino, ha trabajado y lo continúa haciendo desde la formulación y ejecución de políticas públicas para el desarrollo territorial, sostenible y federal.
