El Gobierno quiere enviar al Congreso un paquete de desregulación económica que, por segunda vez desde que Javier Milei llegó al poder en 2023, incluye la iniciativa de derogación de la ley 25.542, de defensa de la actividad librera, sancionada en 2001, que establece un precio único de los libros.
El argumento público es "liberar los precios para beneficiar la competencia y a los consumidores". Sin embargo, esa iniciativa pierde de vista que la posibilidad de liberar los precios beneficia a sectores concentrados que tienen la capacidad de absorber pérdidas y vender más barato para ganar terreno en el mercado. Y, paralelamente, erosionar las posibilidades de circulación de obras independientes, emergentes o menos best seller, que enriquecen la cultura.
Si las reglas del juego no son igualadoras, el juego no es democrático. Todos tienen que tener igualdad de derechos, pero no todos son iguales. Esto para pensar qué significa la desregulación y por qué no siempre implica más libertad.
El argumento libertario hoy sostenido por el presidente Javier Milei y accionado en materia de aplicación normativa por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se ampara en la promesa de liberar cadenas, para hacer movimientos desanclados de su contexto y de su especificidad.
Desregular no es sinónimo de libertad
“Es el segundo intento en poco más de dos años. Ninguno de los actores relevantes de la cadena (autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura) lo ha solicitado, ni ahora ni antes. No hay un mercado cautivo esperando ser liberado”, expresaron mediante un comunicado firmado por referentes del sector: la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa), la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), la Cámara de Librerías Independientes de Rosario, la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines de La Plata, la Cámara de Libreros y Editores Independientes, el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina, la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, la Sociedad Argentina de Escritores, el Centro PEN de Argentina, la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, el Colectivo LIJ, la Asociación de Dibujantes de Argentina y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, la carrera de Edición de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires.
“Si nuestra vida cultural, literaria e intelectual es reconocida en toda la geografía de nuestra lengua y más allá de ella, se debe en buena medida a una red amplia y diversa de librerías -explican-. Esa red es la que hace viable la existencia de centenares de editoriales pequeñas y medianas, y son esas editoriales las que publican a los nuevos autores y autoras”.
La Ley de Protección a la Actividad Librera (25.542) establece que el editor o importador fija un precio exacto para cada título, garantizando que un lector pague lo mismo en una pequeña librería de provincia que en una gran cadena porteña. Este acuerdo, además, es celebrado por pequeñas editoriales como por grandes empresas como Planeta que se encuentra representada por la Cámara Argentina del Libro (CAL).
El cruce de redes entre Federico Sturzenegger y Luis Novaresio por el precio de los libros
El tema preocupa a muchos sectores porque el mundo de los libros es parte central de la construcción de la identidad, del fomento de la cultura, de la posibilidad creativa, por lo que, como muchas figuras públicas, el periodista Luis Novaresio manifestó su preocupación en redes sociales: “La crueldad al pretender hacer desaparecer librerías y editoriales independientes, en cada barrio de cada ciudad o pueblo, es un modo sofisticado de la maldad”, expresó en su cuenta de X.
Frente a lo que el ministro contestó: “Puedo compartir la preocupación por la lectura, la cultura y las librerías. Pero tanto mi opinión como la tuya, son irrelevantes. La única opinión relevante es la del consumidor. Y esta ley no afecta en nada la capacidad de los argentinos para seguir comprando en una librería si deciden hacerlo. En un ámbito de libertad será y debe ser el ciudadano quien elija el canal que prefiera”.
Luego debatió el sistema de precios únicos tomando como ejemplo el libro del periodista: “Pero dicho esto quiero ofrecer una perspectiva desde el lugar del librero. Y usaré tu propio libro para ilustrarlo. No es una chicana, sino que sirve para demostrar que las lógicas de la venta de libros nada tienen que ver con la que existía al promulgarse la ley. Y que nadie puede escaparse a ellas, ni siquiera vos, que argumentás que no debiera permitirse que ningún punto de venta venda el libro más barato. Sin embargo si miramos las imágenes que adjunto es evidente que incluso tu libro se ofrece a precios muy diferentes por otros canales”.
Sturzenegger señaló que el libro de Novaresio Todo por amor, pero no todo, se consigue a un precio en librerías y a otro en Kindle o en Audible. “El mayor desafío para las librerías ya no es la competencia de enfrente. Es Amazon, es Kindle, es Audible, son las plataformas digitales y los nuevos hábitos de consumo. Y frente a esa competencia, la ley actual no les da más herramientas. Les quita una potentísima: la competencia. ¿En un mundo donde un libro puede venderse por un valor en papel, otro en Kindle o ser prácticamente gratis dentro de una suscripción, tiene sentido seguir prohibiendo que una librería haga un descuento? Creemos que no”, concluyó el funcionario.
Frente a esto, Victor Malumian, responsable de la editorial Godot y uno de los creadores de le FED (Feria de editores), aclaró, en diálogo con PERFIL: “Es una pena que los ejemplos solo demuestren que no hay conocimiento sobre la materia, a punto de confundir soportes y modelos de negocios”.
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“El ebook es más barato porque es más barato producirlo (por no decir que hace un free ride sobre la producción del soporte analógico), adicionalmente en el caso del ebooks el costo de producción de la segunda unidad es cero. La diferencia es tal entre un ebook y un libro impreso que los márgenes en toda la cadena y los acuerdos son distintos”, detalló.
“El país no puede darse el lujo de tener discusiones tan ignorantes y politizadas sin necesidad, necesitamos poder discutir estas problemáticas con alguien que tenga los conocimientos rudimentarios del rubro”, enfatizó.
Peor que en el 2001
La ley que el gobierno quiere derogar se gestó en noviembre de 2001 y se promulgó en 2002. Fue una herramienta para proteger al sector en medio de la debacle del país. Es decir, en ese momento crítico, se optó por pensar medidas de resguardo y no aceleradores de su descomposición.
En ese entonces el sector librero se vio avasallado por los los supermercados y grandes cadenas de librerías que brindaban ofertas agresivas como anzuelo para que sus clientes permanecieran en sus sedes y a la par las librerías más pequeñas se desmoronaban. El entonces senador Leopoldo Moreau impulsó el proyecto en la Cámara alta y avanzó hasta convertirse en ley.
El modelo de Sturzeegger y el modelo vigente
Frente a la avanzada, desde la Fundación El Libro subrayaron que la normativa “garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en cada rincón de nuestro territorio”.
“La red de librerías argentinas —reconocida a nivel internacional por su densidad, riqueza e historia— no representa meros puntos de venta de mercancía. Son verdaderos faros culturales, espacios de encuentro democrático y de promoción de la lectura. Su valor social e histórico excede cualquier lógica de mercado tradicional”, expresaron en un comunicado oficial.
La FED destacó que la Ley 25.542 “es ejemplo en todo Latinoamérica y se inspiró en los principales mercados editoriales del mundo: Francia, Alemania y España. Luego fue emulada por Portugal, Italia, Austria, Japón, Países Bajos y varios países más”.
Por su parte la cooperativa y librería La Libre se ocupó de desarmar los argumentos que se detallan para favorecer la derogación y que son muy esclarecedores.
-“Sin un precio fijo, la competencia se reduciría a una guerra de capital financiero donde solo podrá sobrevivir quien pueda soportar pérdidas temporales. Esto es un camino directo hacia la concentración y el monopolio. Si la ley cae, el mercado quedará en manos de tres o cuatro plataformas digitales y grandes supermercados que decidirán qué leemos, cuándo lo leemos y a qué precio”.
-“En un mercado desregulado, las grandes superficies (como las cadenas de supermercados) exigen a las editoriales descuentos mayoristas brutales para poder ofrecer al público ‘promociones’ agresivas. Para que las editoriales puedan otorgar esos descuentos sin ir a la quiebra frente a los altos costos industriales, se ven forzadas a inflar artificialmente el precio de lista original. Los lectores no estaremos comprando ‘con descuento’, si no pagando un precio base que fue engrosado previamente.
-“Las plataformas monopólicas como Mercado Libre imponen comisiones exorbitantes por venta, tarifas abusivas por posicionamiento y nos obligan a las librerías a absorber los altísimos costos de logística del ‘envío gratis’. Además, sus algoritmos presionan para participar en liquidaciones forzadas. Para poder vender en estas plataformas sin perder dinero, el precio base del libro debe subir irremediablemente. Los lectores estaremos financiando la rentabilidad y la logística de un monopolio digital en lugar de aportar al trabajo de escritores, editores, distribuidores, promotores de lectura, etc.
-“En el Reino Unido existía el Net Book Agreement (un acuerdo de precio fijo similar a nuestra ley). En 1995, el acuerdo fue abolido bajo la misma promesa: ‘los libros serán más baratos’ y el resultado fue catastrófico. Los supermercados comenzaron a vender los bestsellers por debajo de su costo de producción (práctica de dumping) usándolos como gancho para que la gente entrara a comprar otros productos.
Un tercio de las librerías de barrio, al no poder competir, tuvieron que cerrar sus puertas. En seguida, los supermercados empezaron a dictar qué se publicaba. Las editoriales dejaron de apostar por nuevos autores o literatura compleja, reduciendo drásticamente la bibliodiversidad, para enfocarse solo en autores consagrados. Finalmente, el precio de los libros subió por los altos costos y las editoriales PyMES tuvieron que reducir sus tiradas. El libro se convirtió en un objeto de lujo para pocos lectores”.
-“Derogar esta ley es ir a contramano de las potencias culturales. Países como Francia, Alemania, España, Japón y Corea del Sur defienden a rajatabla el precio fijo".
"La producción de libros aumentó de 12.000 novedades en 2001 a 34.000 en 2023. Esa cifra representa una diversidad de voces que necesitamos que siga existiendo. Tener la posibilidad de entrar a una librería y encontrar a un autor nuevo que te conmueva no tiene precio”.
-“La Ley 25.542 nos protege a todos: librerías, editoriales, autores y a vos como lector.De hecho, cuenta con el apoyo de toda la cadena de valor del libro. Desde las librerías independientes y editoriales pymes, hasta los grupos editoriales más grandes como Penguin Random House y Grupo Planeta, e incluso las principales cadenas comerciales del país. Hasta el propio CEO de la cadena Yenny – El Ateneo defiende públicamente esta normativa, porque todos los actores formales de la industria entendemos que el precio uniforme no es un privilegio, sino la herramienta que garantiza reglas claras, estabilidad y supervivencia para todo el ecosistema”.
RB/fl
