Luego de publicar la versión original de Operación Traviata alguien me avisó que un dato brindado por uno de mis informantes era equivocado. Eso me preocupó y me dispuse a corregir el error en sucesivas ediciones. Una tarea sencilla. Sin embargo, encontré una madeja de intereses que parecían dirigidos a que la investigación judicial del asesinato del sindicalista José Rucci se mantuviera a flote, pero sin molestar a quienes les podría caber alguna responsabilidad penal.
Por lo menos, mientras los Kirchner siguieran en el poder y estuviera vigente la interpretación oficial sobre los crímenes en los ´70, que establece que los únicos delitos que pueden ser investigados son los del terrorismo de Estado de la dictadura militar. Esa doctrina deja fuera del alcance de la Justicia a los montoneros, autores del asesinato de Rucci, el 25 de septiembre de 1973, en plena democracia y dos días después del tercer triunfo electoral de Juan Perón.
A la cúpula de Montoneros se le había ocurrido competir con Perón por el liderazgo del peronismo y del gobierno, y quisieron “apretarlo” matándole a uno de sus principales colaboradores, que le aseguraba el control del sindicalismo, una de las “patas” del eje de su gobierno, el Pacto Social.
Frente a un hecho político como el atentado contra Rucci o una coima a un funcionario, la investigación judicial se vuelve política. Su ritmo y sus resultados dependen de relaciones de poder entre el gobierno, la oposición, los tribunales, los grupos económicos, los gremios y los medios de comunicación. Así, las causas de corrupción se aceleran cuando un gobierno está en retirada; perdió el poder, llega la Justicia.
Tal vez por eso la investigación del juez Ariel Lijo, que había reabierto la causa luego de la publicación de Operación Traviata, dio un vuelco en marzo, cuando, tras consumir varios meses en otra dirección, convocó como testigo al entonces ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Manuel Urriza. El 1° de abril, Urriza explicó por qué había tantos dirigentes de la Juventud Peronista (JP) entre los colaboradores del gobernador Oscar Bidegain y cómo se movían algunos de ellos. La JP estaba hegemonizada por Montoneros, del cual Bidegain era un estrecho aliado.
La sola decisión de convocar como testigo a Urriza indicó un cambio de rumbo en la investigación, en dirección al posible vínculo del grupo que atentó contra Rucci con funcionarios bonaerenses. Si se comprueba, este vínculo colocaría en problemas a la interpretación del Procurador General de la Nación, Esteban Righi: sostiene que los crímenes de la guerrilla, incluidos los realizados en democracia, no son delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos por organizaciones sin relación con el aparato estatal; están prescriptos y ya no pueden ser investigados.
Cuando me enteré del dato incorrecto, deduje que el juez me volvería a citar por lo cual llamé por teléfono a mi fuente para corregir la información. No tuve mucha suerte: luego de varios intentos, encontré a este ex oficial montonero, que ocupó un alto cargo en el gobierno de Bidegain, aturdido por la repercusión del libro y con miedo a enfrentarse "con quienes yo sé que no me tengo que pelear".
Mientras buscaba antecedentes dentro y fuera de la Argentina acerca de cómo manejarme con una persona a quien había protegido con el anonimato pero que me había dado un dato equivocado y ahora se negaba a corregirlo, me fui dando cuenta de que nadie quería que fuera citado de nuevo a los tribunales de Retiro para que enmendara el error o bien, revelara el nombre y el apellido del informante renuente. No demostraba interés el juez Lijo; ni los abogados de la familia Rucci; ni los ex montoneros que se habían enterado y ya no querían hacer olas.
Los abogados de los Rucci consideraban que sería un "grave error estratégico" apurar la investigación: preferían mantenerla abierta y lograr todos los avances posibles hasta que se diera un contexto político favorable, con el kirchnerismo debilitado o fuera del gobierno, que abriera paso a una interpretación más amplia de los crímenes contra la humanidad.
Pensaban que mientras el juez citara a testigos la causa seguiría abierta; les surgiría un problema si avanzara un paso e indagara a un sospechoso: ese imputado podría plantear que ese delito prescribió y que no debía ser investigado. En ese caso, era probable que el fiscal obedeciera las instrucciones de su jefe, Righi. ¿Y qué haría el juez?
Aquí conviene acudir a la experiencia de un ex magistrado que solicitó el anonimato: "Lo que un juez federal debe tener es una enorme capacidad de inmovilización, de mantener quieta una causa, junto con una gran habilidad para reaccionar rápidamente en los momentos de vulnerabilidad del gobierno o del funcionario. Diría que cuando un gobierno comienza a ser vapuleado por los jueces es que se está cayendo".
En realidad, las relaciones que se dan entre un grupo político dominante y los jueces exceden al caso Rucci y a los Kirchner. Los políticos saben que los jueces pueden causarles muchos dolores de cabeza y por eso intentan nombrar jueces afines y condicionar su desempeño, como sucede con el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, a través de Carlos Kunkel y Diana Conti. Pero, los jueces tienen sus mañas. Hay quienes tratan de quedarse con causas sensibles, para resistir las presiones del poder político, una táctica defensiva, o para pasar al ataque y exigir beneficios, como un ascenso a camarista.
En conclusión, y siempre en un terreno especulativo, es probable que el juez Lijo no irrite a los Kirchner mientras estén en el poder con un fallo contrario a la interpretación oficial sobre los delitos de lesa humanidad, y es posible que intente mantener la causa en su juzgado, imprimiéndole un ritmo lento pero seguro.
El “cuartel general”. El dato cuestionado fue la dirección correcta del departamento utilizado como "cuartel general" por el grupo que planificó y ejecutó el atentado. El informante había vivido allí hasta que se mudó a La Plata para trabajar con Bidegain. A principios de junio de 1973, el asesor más importante de Bidegain, Norberto Habegger, le pidió las llaves de la vivienda "para preparar algo muy grande".
La primera vez que me reuní con él fue el 11 de abril de 2007 en el restaurante "El palacio de la papa frita", cerca del Obelisco. Lo había contactado por teléfono luego de verlo en un programa de TV hablando sobre los años 70. "Claro que sí: tenemos que asumir nuestras cagadas de una vez por todas", me contestó.
Recuerdo que en esa cena este ex oficial montonero me contó muchas otras cosas que me sirvieron para cotejar la seriedad de sus dichos. Por ejemplo, me dijo que su esposa había alquilado ese departamento algunos años antes del asesinato de Rucci con un nombre falso ya que también militaba en la lucha armada. Y me dio el nombre verdadero de ella. Todos los datos resultaron ciertos.
Cuando le pregunté dónde estaba ubicado ese departamento, me contestó que la dirección era la avenida Juan B. Justo 5781, algo que yo preveía porque la había encontrado en Montoneros: la buena historia, de José Amorín. Ahí fue cuando quise saber a quiénes había visto luego allí. "Estaba "Lino", Julio Roqué. Lo vi también a Pablo Cristiano; a un "monto" tucumano que murió, cuyo nombre no me acuerdo... Había dos montos que sobrevivieron, uno ahora es un próspero empresario que está totalmente ajeno a todo esto".
— ¿Y quiénes son esos dos sobrevivientes?
—No te voy a decir los nombres por una cuestión de códigos que los que estuvimos en la cárcel los conocemos muy bien: si hay que dar algún nombre, que sea el de un muerto. ¡Eso es e-le-men-tal!
Nos volvimos a encontrar al mes siguiente, el 14 de mayo de 2007, en un café de Palermo. Me había quedado con la espina y le volví a preguntar por los nombres de los dos sobrevivientes. Se negó de nuevo. Llegué a aquel encuentro con una duda: no había encontrado ningún edificio de departamentos en la dirección indicada.
—No sé qué pasó, lo habrán demolido: fue hace más de 30 años. Pero, ése era el número.
Me pareció una explicación razonable: el barrio había cambiado mucho desde 1973. Pensé que, aún si el departamento siguiera existiendo, no habría sido de mucha utilidad para mí. Además, la vivienda había sido alquilada por la esposa del informante con documentos falsos.
En todo caso, me sigue resultando evidente que el grupo que planificó y concretó el asesinato del líder de la CGT, que no salía a la calle sin sus 13 guardaespaldas, contó con un "cuartel general", con un espacio privado para preparar el ataque, que no despertara sospechas. Y que debió estar cerca del lugar de la emboscada.
Me queda sí la duda de por qué esa fuente se negó luego a revelar la dirección exacta del departamento si había sido alquilado por su esposa con papeles “truchos”. Tal vez porque ambos “blanquearon” sus identidades luego, con la llegada de la democracia, y ahora tenga miedo de que ese dato pueda traerle problemas a él o a su mujer de entonces.
(*) Editor jefe del diario PERFIL.
