El cambio climático, lejos de ser una problemática aislada, se superpone e interactúa con tantas otras crisis y desafíos mundiales, como los conflictos bélicos, la creciente desigualdad social y la pérdida de biodiversidad propulsada por el avance implacable de nuestra especie sobre los ecosistemas naturales. Sus impactos no solo se potencian en los contextos donde coexisten estas problemáticas, sino que las exacerban, aumentando con ello la vulnerabilidad y restringiendo aun más la capacidad de las comunidades y los ecosistemas al adaptarse a este nuevo escenario.
Bajo este enfoque se concibe el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que evalúa la información científica más actualizada sobre los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. Este reporte expone cómo la crisis climática está teniendo impactos devastadores e irreversibles sobre las sociedades humanas y los ecosistemas naturales.
La mitad del mundo, muy afectada por el cambio climático
Entre varios hallazgos alarmantes el informe alerta que, actualmente, entre el 42% y 46% de la población mundial vive en contextos de alta vulnerabilidad al cambio climático. Sus impactos, cada vez más profundos, no se reparten de manera equitativa sino que se concentran en los sectores de la sociedad que han sido históricamente víctimas de la marginación social, económica, cultural, étnica y de género.
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Si bien lo cierto es que ninguna región escapa a sus consecuencias, los países del Sur Global se destacan ampliamente por concentrar la mayor cantidad de “puntos calientes” de vulnerabilidad: América Latina es, de hecho, una de las regiones más expuestas y sensibles a los impactos climáticos.
Esta situación se ve potenciada por la desigualdad social, la inestabilidad política, las recurrentes crisis económicas, la destrucción y el uso insostenible de los ecosistemas naturales, la degradación de los suelos y la fuerte dependencia de los commodities.
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Nuestra región, además, se encuentra cada vez más expuesta a los incendios forestales y Argentina no es ajena a esta realidad. Desde hace dos años y sin respiro se propagan incendios por todo el país, propiciados por condiciones climáticas altamente desfavorables y otros factores entre los que se destaca una deficiente gestión en el manejo preventivo del fuego.
Incluso hoy, con 1,1ºC de calentamiento global por sobre los niveles pre-industriales, no estamos logrando prevenir ni amortiguar los desastres desencadenados por los eventos climáticos extremos, que se hacen cada vez más frecuentes y potentes.
Por lo tanto, queda claro que no estamos preparados en absoluto para lo que implicaría exceder el umbral de 1,5ºC: el techo de calentamiento que establece el Acuerdo de París y que el IPCC advierte podría superarse en las próximas dos décadas de continuar las tendencias actuales. En muchos lugares la capacidad de adaptación está llegando a su límite, y de no tomar medidas urgentes la adaptación será cada vez más costosa, menos eficaz y en algunos casos imposible.
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Evitar perturbaciones aún más disruptivas e irreversibles a nivel planetario demanda que aceleremos los procesos de transición energética y socioecológica justa hacia nuevos paradigmas de desarrollo que sean sostenibles, resilientes y equitativos. Procesos que requerirán de una planificación energética integral de mediano y largo plazo dirigida a abandonar progresivamente la quema de combustibles fósiles –principal causa del cambio climático antropogénico– e incrementar la participación de las energías renovables.
Hacia las energías renovables
El modelo energético actual de la Argentina, basado fundamentalmente en combustibles fósiles, presenta una gran concentración de capitales y tecnologías, y genera importantes gastos en forma de subsidios desde el presupuesto nacional. Subsidios que no dejan como contrapartida ni equidad en el acceso a energías limpias y seguras, ni desarrollo de capacidades y tecnologías locales que contribuyan al desarrollo territorial, ni tampoco soberanía energética a pesar de contar con recursos energéticos endógenos.
En este sentido, la posibilidad de redireccionar los subsidios de los combustibles fósiles para favorecer e impulsar la transición energética necesaria es una discusión que debería darse a la luz de analizar los costos reales del sector. En un informe FARN: “La transición energética en Argentina y los subsidios a los fósiles”, se explica que la proyección de estos subsidios al 2050 –unos 20 mil millones de dólares anuales– , muestra que estos fondos permitirían cubrir gran parte de los gastos de la transición energética y disminuir así la necesidad de financiamiento externo.
Además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), adaptar los sistemas socioeconómicos y naturales al mundo de hoy y el que vendrá se hace cada día más imprescindible. Esta agenda enfrenta serias limitaciones políticas, financieras e institucionales. De todo el financiamiento climático internacional otorgado hasta la fecha, la adaptación sólo percibió entre el 4 y el 8%, y aún existe una enorme brecha entre los costos para fortalecer la capacidad de adaptación en los países en desarrollo y el apoyo brindado.
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La importancia del apoyo financiero
Desde una perspectiva de justicia climática, es fundamental que los principales responsables históricos por la acumulación de GEI en la atmósfera brinden apoyo financiero adecuado, predecible y sostenible para la adaptación en los países en desarrollo. Asimismo, es urgente la necesidad de establecer en la próxima cumbre climática (COP27) un mecanismo de financiamiento específico para que las poblaciones más vulnerables puedan afrontar las pérdidas y daños ocasionados por los impactos climáticos a los que ya no pueden adaptarse.
Sin embargo, si bien la necesidad de financiamiento adicional es real y legítima, no podemos seguir postergando y condicionando la implementación de medidas concretas para proteger a nuestra población y patrimonio natural de los impactos que ya se sienten en todo el territorio.
Argentina prometió elaborar e implementar su Plan Nacional de Adaptación al cambio climático en 2019 –y recibió financiamiento del Fondo Verde del Clima para hacerlo– pero este proceso lleva años de retraso. La situación actual demanda dar prioridad y transversalizar esta agenda en todos los sectores y niveles del Estado, tomando cada oportunidad que se presente para integrar la adaptación a la planificación y la toma de decisiones desde un enfoque sistémico, participativo y de derechos humanos.
*Co-coordinadora de política climática en FARN.
