Diez personas fueron liberadas en Andalgalá, Catamarca, luego de haber sido detenidas tras los disturbios generados en una marcha en la puerta de una de las mineras que opera en un cerro que se ubica a solo 17 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, continúan procesados en una causa judicial.
En total, son doce las personas que continúan procesadas. Matías Paz, Walter Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damian Abel fueron liberados ayer luego de estar detenidos durante dos semanas. Por otro lado, Aldo Flores, Sara Fernández y Ailen Diamante Saracho se encontraban con prisión domiciliaria y también están judicializados. Mientras que Oscar Martirene y Rubén Sacheti fueron liberados hace unos días pero, según pudo saber PERFIL, también están procesados
Desde la Asamblea El Algarrobo festejaron la liberación, y advirtieron que “la fiscal Marta Nieva firmó un decreto bajo caución y que la misma fue de $300.000 por cada uno de los vecinos detenidos". "Eso retrasó la salida de los compañeros pero por otros mecanismo que interpusieron los abogados pudieron recuperar su libertad. Con la caución los tratan básicamente como delincuentes o narcos ya que es una garantía por si se escapan. Son vecinos que luchan por el agua y la fiscal los trata de esta manera”, explicó Melina Zocci, perteneciente a la Comisión de Comunicación Asamblea El Algarrobo, a PERFIL.
Cómo y por qué fueron detenidos en Andalgalá
Los allanamientos y detenciones comenzaron el lunes 12 de abril. El sábado anterior se realizó la caminata número 583 (se hace una por semana) en la cual miles de personas se manifestaron preocupados por el cerro y el agua de la zona. Y es que la lucha contra las mineras en Catamarca lleva muchos años. “No es la primera vez. Ya tuvimos represiones y detenciones pero esto superó mucho todo y demostró que el gobierno de la provincia y las mineras no tienen problemas en avasallar los derechos de las personas”, indicó Zocci a este medio.
Según explican desde El Algarrobo, "durante la marcha un grupo de personas desconocidas tiró una bomba molotov al edificio de la minera Yamana Gold, que impulsa las nuevas perforaciones que se están realizando". “También llegaron 70 policías con la excusa de de la pandemia cuando durante todo el año pasado nunca mandaron oficiales”, agregó Zocci para reforzar el argumento que tienen en la asamblea: que las causas contra los vecinos fueron armadas.
“Los incidentes en las oficinas de Agua Rica no fueron meros actos de vandalismo, como pretenden hacernos creer. Quieren mostrarnos como violentos cuando desde la misma empresa en complicidad con el poder de turno, fueron preparando el escenario para tal suceso”, aseguraron desde la asamblea. Y agregaron al respecto: "Ante la imposibilidad de encontrar pruebas concretas en su contra los vecinos fueron liberados".
La megaminería en Andalgalá
El proyecto minero “Agua Rica” se ubica a 17 kilómetros de Andalgalá. El objetivo es realizar explotaciones para obtener principalmente oro, cobre y plata. Luego de varios años de lucha, en 2016 los vecinos de la zona consiguieron una victoria judicial. “Se trata de un amparo dictado por la Corte Suprema provincial, y la ordenanza 029/16 que protege la cuenca alta de Andalgalá y prohíbe proyectos de megaminería en las nacientes de nuestros ríos, de donde nosotros tomamos agua. El primer pueblo está a 9 km. que es Potrero. Pero el año pasado, gracias al lobby minero, la declararon inconstitucional y la dieron de baja”, señaló Rosa Farías, vecina de la Asamblea El Algarrobo, a PERFIL.
Esto ocurrió el pasado 23 de diciembre. En ese mismo mes, se anunció que “Agua Rica se integraría con la planta de Minera Alumbrera para dar paso al Proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera)". Por ese motivo, quienes conforman la asamblea comenzaron a realizar más cortes y marchas para protestar. Pero el 7 de abril, varias perforadoras ingresaron por un departamento vecino y comenzaron a operar, según señalan desde El Algarrobo. Así fue como se llegó a la manifestación del 10 de abril, día en el cual ocurrieron los hechos que finalizaron con 12 personas procesadas.
Además, según aseguran, "las perforaciones se ubican a solo 700 metros de glaciares inventariados por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino), IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) y el mismo Ministerio de Minería". “Eso viola la Ley de Glaciares. También se violan otras leyes como la de Bosques Nativos y la Ley General del Ambiente. Y a eso se suma que no tienen licencia social porque no queremos que la megaminería contamine el suelo y el agua que nos rodea y que utilizamos”, finalizó Zocci.
