La legislatura provincial de Chubut derogó en la mañana de este martes 21 de diciembre la ley de zonificación minera, aprobada el viernes pasado. Ante el fuerte rechazo social que generó la sanción, el gobernador Mariano Arcioni comunicó su intención de dar marcha atrás con su aplicación y convocó la sesión virtual.
Se presentaron cuatro proyectos por parte de Chubut Unido, PJ y radicalismo, pero se trató el presentado por el Ejecutivo. Aprobada por unanimidad, se derogó la ley que aprobaba la zonificación.
“La violencia nunca es el camino y rechazo la violentación de instituciones, como como la represión excesiva. Hoy nos encontramos derogando por el rol de miles de vecinos y vecinas. Hoy es el triunfo que va mas allá de una actitud demagógica. Desde mi espacio político, siempre transmitimos la necesidad que se garanticen”, expresó la diputada provincial del PJ, Saso Monica.
Triunfo social
“Más allá del proyecto, quiero que quede claro que la política no puede ir contra la voluntad del pueblo. Esto es un triunfo de vecinos y vecinas de la provincia. El pueblo no se equivoca. El pueblo se hizo escuchar”, agregó Saso.
La diputada Lloyd Jones Leila sumó: “Los pueblos no fueron consultados. Se actuó con soberbia. El pueblo que fue violentado demostró que el proyecto no tenía licencia social. El cínico y traidor del gobernador que tenemos que salió cuarto porque tiene una provincia endeuda, con emergencia hídrica, sin educación fue a fondo. Y tuvo que retroceder porque la ciudadanía se hizo oír”.
Chubut: el gobernador Arcioni suspendió la ley de zonificación minera y llamará a un plebiscito
Con movilizaciones en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y Puerto Madryn, el gobernador de Chubut además hizo un llamado a un plebiscito, con el objetivo de frenar la reacción popular contra la medida.
En una sesión express y sin previo aviso, la legislatura de Chubut aprobó, la semana pasada, el proyecto de diversificación productiva de la meseta, que impulsa la zonificación minera en las zonas de Telsen y Gastre, con 14 votos a favor, 11 en contra..
Además de la suspensión de la ley, el mandatario provincial incluyó un llamado –en un plazo que sería de 180 días– para convocar a un consulta popular con el fin de que la ciudadanía se exprese a favor o en contra de la normativa.