Casi el 90% de la oferta energética en nuestro país proviene del gas y el petróleo, combustibles fósiles con múltiples impactos ambientales, resulta paradójica la aprobación de un insólito impuesto en la provincia de Chubut para los generadores de energía eólica, una fuente de renovables clave en la transición que el país necesita para disminuir las emisiones frente al calentamiento global.Y que además bajo ningún punto de vista nos acerca a los compromisos de acción climática que como país asumimos frente al mundo.
El llamado “impuesto al viento” fue autorizado por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn en noviembre. Se trata de una serie de tasas que aplican para las empresas de energía eólica. Anteriormente, la tasa que dichas empresas pagaban se calculaba en función de los metros cuadrados del predio; con este nuevo impuesto, los parques eólicos pasarían a pagar dependiendo de la producción de energía, lo que podría representar hasta un 4,5% de su facturación.
Hoy, plantear una transición de la matriz energética que se acerque cada vez más hacia fuentes renovables resulta vital. De hecho, en el actual contexto de crisis climática y ecológica, las renovables resultan clave frente a la necesidad de multiplicar los esfuerzos para frenar el aumento de la temperatura global, sin mencionar, además, el gran potencial que tiene la Argentina para la generación de las mismas, particularmente la eólica. Además de los recientes anuncios del Presidente de la Nación en la Climate Ambition Summit acerca de los compromisos de Argentina en materia ambiental para 2021.
Los parques eólicos fueron impulsados en el último tiempo y muchas de esas empresas se instalaron en la Patagonia, una de las zonas con mayor potencial eólico en el país. Al respecto, cuando a través de la Ley 27.191 se incentivó la instalación de estos parques y se indicó expresamente que “el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía (...) no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías (...) hasta el 31 de diciembre de 2025”.
El tema en cuestión comenzó a cobrar relevancia a finales del año pasado, cuando el Honorable Concejo Deliberante local de Puerto Madryn, entre noviembre y diciembre de 2019, decidió extender la potestad tributaria municipal sobre los parques eólicos de la zona. Hasta entonces, si bien los campos en los que se instalaban los emprendimientos eólicos eran cercanos a Puerto Madryn, el poder de imposición de la Municipalidad no llegaba y quedaban fuera de su ejido territorial. Fue entonces que la legislatura provincial aprobó duplicar la extensión del ejido municipal abarcando así a los emprendimientos de energía eólica.
Finalmente, mediante la ordenanza 11.349, la municipalidad extendió a los titulares de los parques eólicos la responsabilidad por el pago de dos tasas, una por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental y la segunda, por construcción de obras particulares y obras realizadas por empresas nacionales y provinciales.
La medida afecta principalmente a dos de los principales parques eólicos de la zona, el de Aluar y el más grande, de Genneia, sin mencionar que las restricciones en el tipo de cambio ya vienen deteniendo desembolsos del sector en general.
Una alternativa cada vez más limitada
Frente a este panorama, cabe mencionar algunos datos sobre la energía eólica en el país:
- Argentina genera alrededor de 4,7 GWh anuales, lo que equivale al consumo de más de 1.500.000 hogares, y evita así la emanación de más de 2,3 millones de toneladas de CO2 por año.
- Según el RECAI (Renewable Energy Country Attractiveness Index) realizado en mayo del 2020, Argentina ocupa el puesto 18 de atractivo en energías renovables, habiendo decaído respecto a índices de años anteriores por la incertidumbre política en la industria.
Partiendo de lo anterior, esta medida podría implicar un gran retroceso para el país por sus múltiples consecuencias: obstaculiza el desarrollo de proyectos en materia de energía renovable, amenaza su continuidad, aleja las inversiones futuras, y podría afectar a los consumidores finales que verán reflejados en su consumo habitual los eventuales gravámenes que se pretendan crear. A todo lo mencionado se suma la posible pérdida de empleo calificado tanto en la construcción como en el mantenimiento y la operación de los parques eólicos a la vez que acentúa la necesidad de seguir dependiendo de energías no renovables para satisfacer la demanda actual.
El país tiene una oportunidad única desde el punto de vista energético: según los especialistas, el potencial eólico de Argentina supera los 2000 GW (esto es 100 veces la capacidad total instalada en el país sumando todas las fuentes de energía); podría decirse entonces que Argentina posee mayor potencial eólico que petrolífero.
Por sus características, este tipo de fuentes cuenta con múltiples beneficios: son inagotables, poco contaminantes, gratuitas y de gran potencial de explotación en el territorio nacional. Por tanto, el recurso eólico dejó de ser solamente una fuente de energía renovable que permite generar electricidad con un bajo impacto ambiental; además, se ha convertido en una fuente de generación alternativa y necesariamente complementaria a las ya existentes que permitiría lograr el autoabastecimiento energético nacional y cumplir con las metas de reducción de emisiones comprometidas por nuestro país para los próximos años.
