El Gobierno apura la presentación de un nuevo programa de incentivo a la inversión en gas, el combustible más consumido en el país tanto por hogares como así también por industrias y usinas eléctricas, según afirmó a este medio un colaborador director de Mauricio Macri. El Presidente destacó esta semana –en su primer acto oficial en la Casa Rosada tras sus vacaciones cordilleranas de fin de año– que en 2017 las empresas productoras del hidrocarburo desembolsarán US$ 5 mil millones para extraer gas no convencional en la cuenca neuquina. Lo hizo en el marco del anuncio de un nuevo convenio colectivo de trabajo para la industria petrolera que pone el foco en la mejora de la productividad laboral a partir de la eliminación de una serie de adicionales que cobran los trabajadores petroleros y de ambiciosos cambios en los diagramas de trabajo del sector.
La iniciativa –adelantada por PERFIL en su edición del 9 de octubre y clave para los intereses de Macri, que busca replicarla con otros gremios– se ensombreció a último momento por la negativa de Guillermo Pereyra, líder del sindicato de Neuquén y el principal referente gremial del sector petrolero, a suscribir el documento. Pereyra, quien también es senador nacional por el MPN y preside la Comisión de Energía de la Cámara Alta, desistió de firmar el acuerdo mientras se extienda –hasta el 24 de enero– la conciliación obligatoria por el despido de 1.700 trabajadores de contratistas de YPF en Neuquén. De vacaciones al norte de Neuquén, Pereyra regresará al ruedo el 23 de enero, según comunicó a dirigentes del gremio.
Condición. Uno de las prerrogativas que reclamó el sindicalista para rubricar a fin de mes el convenio –además de un subsidio Repro de $ 20 mil pesos mensuales para mil trabajadores despedidos– es la publicación del nuevo plan de incentivo al gas, dado que el programa actual, denominado en la jerga petrolera como Plan Gas a secas, expira en 12 meses (el 31 de diciembre de 2017), un plan insuficiente para concretar nuevas inversiones en campos no convencionales de gas, desde la óptica de la empresas.
En este mundo, la posición de Pereyra coincide –tácita o estratégicamente– con la de las petroleras. De hecho, empresas como YPF, Pan American Energy (PAE), la francesa Total, la alemana Wintershall y las locales Pampa Energía y Pluspetrol, entre otras, reclaman desde hace meses al Ministerio de Energía la publicación de un nuevo Plan Gas como condición sine qua non para avanzar con el desarrollo de Vaca Muerta, presentada en el sector como un ingente reservorio no convencional de gas. Macri confirmó el martes que el Gobierno accederá a prorrogar “por varios años” el Plan Gas, que en la práctica implica que el Estado garantiza con fondos públicos un precio de venta del gas más alto que el que pagan los consumidores residenciales y las industrias.
En la práctica, la medida no acarreará a priori aumentos para las tarifas. Se instrumentará a través de subsidios directos del Tesoro, tal como funciona en la actualidad. Según indicaron a este medio allegados al ministro Juan José Aranguren, se fijará un sendero de precios decreciente para los proyectos de gas no convencional, que arrancará en US$ 7,50 por millón de BTU en 2018, descenderá a 7 dólares en 2019 y concluirá en US$ 6 en 2019. Los precios diferenciales aplicarán sólo para el tight y shale gas y no así para toda la oferta incremental de gas, como funciona hoy. La modificación generó rispideces con empresas petroleras, que argumentan que así redactado el programa no logrará movilizar las inversiones prometidas por el Presidente. Pero desde el Gobierno le restaron importancia a esa postura. “El nuevo Plan Gas es competencia del Ejecutivo y no surgirá de la negociación con las empresas”, advirtió un funcionario de peso.
Caputo seduce inversores en Wall Street
A una semana de salir al mercado para buscar US$ 5 mil millones, el ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, actualizó la información sobre la Argentina en la SEC, la comisión de valores de los EE.UU. y destacó que el FMI levantará la amenaza de sanciones contra la Argentina y el acuerdo con los holdouts y fondos buitre.
La última información disponible llegaba a diciembre de 2015, por lo que el funcionario informó también la eliminación del cepo cambiario y la puesta en marcha de un blanqueo de capitales, la política de ajuste fiscal y hasta el ascenso y la salida de Alfonso Prat-Gay. La recapitulación del año del primer año de gobierno de Mauricio Macri también destaca factores que hacen a la “institucionalidad” como la designación de dos jueces en la Corte Suprema y el dato de que fue aprobado por el Senado.
