Mientras se espera que el encuentro de la próxima semana en Buenos Aires entre Cristina Kirchner y Dilma Rousseff aporte definiciones en el conflicto con la brasileña Vale, el Gobierno convocó hace diez días a Impsa, la metalmecánica de la familia Pescarmona, para intentar reflotar el proyecto minero Potasio Río Colorado, paralizado desde fines de 2012.
Hace dos semanas, Francisco ‘Paco’ Pérez, gobernador de Mendoza, donde está emplazado el yacimiento minero, propuso a los máximos directivos de Impsa –la mayor empresa industrial de la provincia– el ingreso como accionista en el emprendimiento de unos US$ 10 mil millones.
Vale, la tercera minera del planeta, anunció que está buscando comprador para el proyecto, pero el titular del holding, Enrique Pescarmona, declinó aceptar. “Impsa no cuenta con la espalda suficiente para hacerse cargo de una inversión tan grande”, explicó a PERFIL un ministro del gabinete de Pérez, quien está de gira comercial por China e India con una comitiva de Mendoza. El viaje está programado desde hace meses, pero ahora están tentando a inversores orientales a participar de Potasio Río Colorado.
“Además, la minería no es su core business”, agregó el ministro. No obstante, Impsa aceptó estudiar la obra en pos de encontrar alternativas que faciliten su reactivación. “Estamos ayudando con ideas, pero no es sencillo. Vale no sólo se retiró de la Argentina, también se fue de Canadá. Es el negocio del potasio el que está complicado. Aún así, nos ofrecimos a colaborar en lo que podamos”, precisó un alto ejecutivo de Impsa. El Ministerio de Trabajo dispuso el jueves abrir un procedimiento preventivo de crisis para proteger a los trabajadores afectados por la suspensión de las obras de Vale. La medida se extiende a las empresas contratistas. El proceso coincide con el vencimiento de una conciliación obligatoria para evitar el despido de unos tres mil trabajadores vinculados con el megaproyecto minero. Los empleadores y los gremios se reunirán en una audiencia antes de que termine la semana próxima. De no haber acuerdo, se abrirán negociaciones de las partes por diez días.
“Vale adeuda unos $ 350 millones a proveedores de Mendoza. La semana pasada pagó cerca de $ 90 millones. Pero queda mucho adeudado a las UTEs entre Techint y Odebrecht, Skanska-Chediac y a Distrocuyo y Cartellone. Estamos contribuyendo a certificar las obras realizadas por los contratistas, a fin de facilitar su cobro”, precisó otro colaborador de Pérez.
