El Potenciar Trabajo nació en el año 2009, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, bajo el nombre “Argentina Trabaja”, inicialmente con 150 mil beneficiarios. Después se transformó en el programa “Hacemos Futuro y Ellas hacen" en 2018 para finalmente pasar a llamarse Potenciar Trabajo en el año 2020.
Se trata de cerca de 1,3 millones de planes Potenciar Trabajo, por los cuales sus beneficiarios reciben un monto mensual de $22.770, equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil, y suelen realizar una contraprestación de cuatro horas diarias con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa; contraprestación que debe acreditarse ante una unidad de gestión o certificación (UG), que puede ser una cooperativa, una asociación civil o religiosa o un municipio.
La información se desprende de un informe ejecutado por la Fundación Mediterránea titulado "Las propuestas de reconversión y administración del programa Potenciar Trabajo favorecerían a la provincia de Buenos Aires y sus municipios del conurbano”.
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Sea por la ineficacia que presentan para mejorar la situación social a largo plazo, por su costo fiscal, las molestias que las manifestaciones y cortes de calles generan en el resto de la sociedad o por razones meramente políticas; lo cierto es que en las últimas semanas han proliferado iniciativas para reconvertir planes sociales, como el Potenciar Trabajo, en incentivos para la incorporación de sus beneficiarios al mercado laboral, o directamente para que el programa Potenciar Trabajo sea administrado por provincias y municipios, en lugar de organizaciones sociales.
Las iniciativas para reconvertir el Potenciar Trabajo
Los proyectos para transformar el Potenciar Trabajo en incentivos para generar trabajo genuino apuntan a que los potenciales empleadores de los actuales beneficiarios puedan usar el monto involucrado en los planes para cancelar las contribuciones patronales de los empleos generados por esa vía.
No obstante, existe una posibilidad preocupante en algunos de estos proyectos, en el sentido que provincias y municipios puedan convertirse en empleadores de los actuales beneficiarios, utilizando también los montos de los planes para cancelar las contribuciones patronales.
Esta iniciativa podría derivar en un crecimiento alarmante en el empleo público, dado que resulta previsible que existan luego reclamos de los beneficiarios para que sean efectivizados como empleados estatales en provincias y municipios, engordando una planta de personal del estado que resulta ya, desde el inicio, desmesurada.
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En los últimos días, se agregó una propuesta para que los planes Potenciar Trabajo pasen a ser administrados por provincias y municipios, en lugar de las organizaciones sociales que actualmente lo hacen. Esa posibilidad no haría más que consolidar la existencia de dichos planes, cuando habría que buscar su reemplazo y posterior desaparición.
Por ejemplo, reemplazarlos por incentivos para que sus beneficiarios se integren al mercado de trabajo, a través de empleos en el sector privado; así como por programas masivos de capacitación en oficios que faciliten la integración al mundo productivo, con la posibilidad de reemplazar también con Planes Alimentar durante la transición.
En caso de que los planes queden en manos de provincias y municipios
Más allá de los aspectos positivos o negativos que podría tener la administración de los planes en manos de provincias y municipios, sobre la eficiencia en la selección de los beneficiarios y la administración del programa, lo cierto es que -según el informe de Fundación Mediterráneda- esta decisión consolidaría una marcada disparidad regional en su asignación, beneficiando principalmente a la provincia de Buenos Aires, pues en tal provincia se hallan algo más del 50% de los titulares de los planes, cuando su participación en la población resulta del 39%.
Si se analiza la asignación de los planes Potenciar Trabajo en función de la población con dificultades laborales en cada provincia (desempleados, informales y cuentapropistas de baja productividad), Buenos Aires aparece como una jurisdicción relativamente beneficiada, al contar con 14,4 beneficiarios cada 100 personas con dificultad laboral (16 en el conurbano), segunda en el ranking, luego de Jujuy (22,9).
Por caso, en provincias como Santa Fe, Mendoza, La Pampa y Córdoba, existen menos de 5 beneficiarios de Potenciar Trabajo cada 100 personas con dificultades laborales. También llama la atención que provincias con altas tasas de pobreza, como Corrientes, cuente con menos de 8 beneficiarios cada 100 personas con dificultad laboral.
Un sesgo en la asignación del Potenciar Trabajo
Por otra parte, dentro de la provincia de Buenos Aires se observa también un sesgo de asignación del Potenciar Trabajo hacia los 24 partidos del conurbano, que reciben 3,7 planes cada 100 habitantes, cuando en los partidos del interior de Buenos Aires la relación es de 2,6, y de 3,3 en el promedio de la provincia.
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Cuando se trata de dinero que proviene de la Nación y se gasta en la provincia de Buenos Aires, decidido y administrado por el propio gobierno provincial, la participación de dicha provincia resulta relativamente baja, comparada con su participación en la población total o en el PIB total de Argentina.
En cambio, cuando se trata de recursos que se gastan en la provincia de Buenos Aires, pero decididos y administrados desde el gobierno nacional, la participación de Buenos Aires resulta relativamente alta, mayor a la que presenta en la población o en el PIB nacional.
SE / LR
