El concepto de daños colaterales es generalmente utilizado por los expertos en temas de estrategia
de guerra más que por los economistas. Significa básicamente los daños que sufre la población civil
en una acción armada y que no han sido previstos específicamente como daños.
Los colegas de las ciencias económicas prefieren utilizar otros términos tales como
"impuestos distorsivos”, "efectos regresivos", "disfunciones del sistema impositivo", para
referirse a los problemas que generan ciertos impuestos.
Sin embargo quiero utilizar un término que no es propio de la Economía para mostrar cómo cada
una de las decisiones que toma un Ministro de Economía puede producir efectos no deseados en
ámbitos que aparentemente nada tienen que ver con el sistema económico ni con los objetivos que se
propusieron.
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En concreto me refiero al impuesto a los débitos y créditos bancarios, mas conocido como
impuesto al cheque y su impacto en la seguridad de los ciudadanos.
Cuando el impuesto fue establecido, tenía claramente finalidades fiscales y cuando se ha
renovado su vigencia también se ha argumentado la necesidad de mejorar el superávit fiscal que el
Estado Nacional requiere, al menos transitoriamente mientras mejore la situación del país y se
tenga que afrontar el pago de la deuda pública.
Sin embargo, ahora podemos observar que además de ser un factor distorsivo de las
transacciones económicas está produciendo "daños colaterales" en la seguridad ciudadana.
Todos los días podemos leer noticias sobre asaltos a la salida de los Bancos. Empresarios,
tesoreros de empresas, pequeños comerciantes, jubilados, han tenido que optar por mover físicamente
pequeñas y medianas sumas de dinero para no tener que soportar el costo de utilizar el tradicional
medio de pago como es el cheque.
Las grandes empresas no tienen tantos problemas (comparativamente) y realmente utilizan ese u
otros medios de pago bancarizados y lo incluyen en sus costos y tal vez puedan trasladarlos a
precios, pero las pequeñas unidades económicas encuentran que esos costos no pueden afrontarlos tan
sencillamente y optan por intentar proteger sus fondos con su propia persona física, llevando
encima los importes de sus transacciones.
Como estos costos no pueden ser internalizados fácilmente, los actores más débiles de la
economía están sufriendo un daño no previsto en el sistema impositivo y los ladrones gozan de un
escenario altamente favorable, como diría un experto en comercialización pueden obtener la crema
del mercado sin mayores esfuerzos ni costos adicionales.
Se dirá que también una chequera puede ser robada, sí, pero existen formas de denuncia rápida
que al menos resguardan mejor la seguridad de los actores. Lo mismo ocurre con otros medios de pago
llamados “plásticos “, y otras formas bancarizadas de las transacciones, pero que
lamentablemente aún tienen costos que no permiten su masificación.
Los responsables del sistema financiero y bancario, el Ministro de Economía y los
representantes del pueblo en la Cámara de Diputados de la Nación, deberían urgentemente revisar el
concepto de este impuesto y sus daños colaterales, para también contribuir a mejorar la seguridad
de todos los ciudadanos, buscando que el mover físicamente el dinero sea minimizado como conducta
en las transacciones y los costos de la bancarización sean mínimos. El costo social de violencia
física sobre nuestros ancianos es mucho mayor que la baja que se pueda producir en la recaudación
fiscal.
Por supuesto la desconfianza, la memoria colectiva del corralito, la devaluación y toda la
gama de problemas que hemos sufrido desde hace pocos años no serán fácilmente superables, pero el
impuesto a los débitos bancarios tiene rápidamente que desaparecer, o transformarse para que las
pequeñas explotaciones y los ciudadanos no se arriesguen tan peligrosamente con los movimientos de
dinero en efectivo.
D.N.I. 4.661.929. Directora del Departamento de Administración y
Comercialización. Universidad de Congreso-Mendoza.
