La dificultad del Gobierno para poner en caja a la inflación amenaza con llevarse puesta la política energética de incentivar la producción local de hidrocarburos. Podría ser el segundo grave tropiezo, de índole política, en la administración de un sector que le trajo un gran dolor de cabeza y una grieta con la sociedad.
El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, convenció al presidente Mauricio Macri de la necesidad de congelar el precio de los combustibles durante 2017. Tal como lo anticipó PERFIL la semana pasada, se trata de buscar un ancla antiinflacionaria que no sea ni el tipo de cambio ni el gasto público ni las tasas de interés.
En una reunión en pleno del gabinete económico hace dos sábados en la Quinta de Olivos, que duró cuatro horas, quedó diseñada la estrategia. Allí se discutió la cuestión, y Sturzenegger contó –en este punto– con el respaldo del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, pero también de un ala de la Jefatura de Gabinete.
Con las cifras del IPC de octubre en la mano, que cuando se creía controlada pegó un salto de 2,4%, fuentes que participaron del encuentro dijeron que Sturzenegger planteó que es inviable mantener un esquema de precios diferenciales para el petróleo que se comercializa en el mercado interno, y aboga por una convergencia inmediata –a partir del 1° de enero– del valor del “barril criollo” con la cotización internacional del Brent, la referencia que rige para Europa. La idea viene pensándose hace meses en la Jefatura de Gabinete.
Según los cálculos oficiales, de ser eliminados los subsidios, el precio del crudo Medanito –el que se extrae en Neuquén– bajaría de US$ 63 a US$ 47 y el Escalante (Chubut), de US$ 52 a US$ 40: casi un 30% de un solo saque. Pero una medida de ese tipo acarrearía una fuerte retracción de la inversión en yacimientos de petróleo, que podría desembocar en una oleada de despidos de miles de trabajadores de la industria.
Sin interlocutor. Lejos de funcionar como un dique de contención de esa avanzada, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, interpreta el escenario como inevitable. Formado profesionalmente en una refinadora, le cuesta ponderar el impacto de la apertura total en las provincias productoras de hidrocarburos, y peor aún, en el entramado productivo de las empresas vinculadas al segmento de exploración y producción, con YPF a la cabeza.
Esmerilado por la crisis de las tarifas, no cuenta con fuerza para incidir en un tema que se define arriba de su nivel.
Paradójicamente, YPF, la petrolera del Estado –la mayor empresa del país y primer productor de petróleo y gas de la Argentina, con un 40% de la oferta total–, es el principal perjudicado de la política antiinflacionaria.
Anoticiado de la intención del Gobierno de bajar el precio interno del petróleo para alinearlo con el internacional, el presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, aprobó la semana pasada un recorte en la valuación de los activos de la compañía –impairments en la jerga financiera– por casi US$ 2 mil millones.
El directivo intenta frenar la convergencia inmediata con el precio internacional, pero sabe que corre de atrás. No discute la cuestión de fondo –la alineación de los precios–, pero defiende un aterrizaje gradual que permita acomodar los números de la petrolera. Gutiérrez propone que el precio interno del crudo baje de a un dólar por mes para completar la convergencia en septiembre. La última palabra será de la política.
