Los 25 imputados en la causa judicial que investiga el pago de sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) durante el kirchnerismo apelaron el martes la resolución del juez federal Claudio Bonadio, que esta semana encarceló al ex ministro de Planificación Julio De Vido y trabó un embargo por $ 1.000 millones sobre todos los procesados. Ahora, la Cámara Federal Penal deberá expedirse sobre cada una de las apelaciones. Se espera que lo haga recién después de la feria judicial, que se extenderá hasta febrero.
PERFIL confirmó que al menos tres de los procesados que cuestionaron la resolución de Bonadio pidieron a la Justicia que citara a declarar a los ejecutivos de las empresas privadas que vendieron gas por barco a Enarsa, la empresa estatal de energía creada por Néstor Kirchner en 2004. Son ejecutivos de cerca de 15 empresas internacionales como Morgan Stanley, Repsol, Gas Natural Aprovisionamientos, BP, Petrobras, Glencore, Trafigura, ENI, Gunvor, Shell, Marubeni, Excelerate y Vitol.
En su extenso auto de procesamiento, de 286 hojas, Bonadio concluyó que entre 2008 y 2015 se pagaron sobreprecios por casi US$ 7 mil millones, una cifra que se desprende de un relevamiento realizado por el perito de la Corte David Cohen, que fue duramente cuestionado por los imputados en función de su presunta endeblez técnico-metodológica. En cualquier caso, el magistrado no indagó acerca de quién se quedó con el dinero abonado en forma presuntamente irregular.
La Cámara Federal deberá determinar ahora si acepta llamar a los ejecutivos a que presten declaración indagatoria. “La pericia no discrimina a los proveedores que habrían pagado sobreprecios. Por eso corresponde citarlos a todos”, expresó a este diario uno de los imputados, que solicitó reserva de nombre.
Los primeros nombres. Entre los directivos señalados figuran Alberto Chiesera, ex director de Morgan Stanley; Alberto Galicia, de la española Repsol, y Víctor Tuñón Balladares, ex gerente de Gas Natural Aprovisionamientos.
Se trata de las tres compañías que concentraron la mayoría de los cargamentos de GNL cuando se inició el proceso de importación, en 2008. Galicia es director de Gas de Repsol y fue el ejecutivo de mayor rango que estuvo a cargo de la venta de GNL a Enarsa, en el invierno de ese año. La petrolera ibérica –que en ese momento tenía el control accionario de YPF– monopolizó la provisión de los primeros seis barcos de gas en 2008 para cubrir la faltante del insumo, que se hizo evidente por la crisis de 2007. “La urgencia de ese momento y la complejidad tecnológica de la operatoria (la modalidad ship to ship para descargar gas licuado de un barco a otro no estaba del todo aceptada en ese entonces) nos llevaron a contratar en forma directa a Repsol”, admitió un ex funcionario del gobierno anterior. Ante la consulta de PERFIL a Repsol, desde Madrid evitaron realizar comentarios al respecto.
A partir de 2009, Enarsa abrió la nómina de proveedores y ahí surgieron los nombres de Gas Natural Aprovisionamientos. “Existen ciertas cláusulas de non-disclosure (confidencialidad) que no me permiten hablar de ninguna transacción en particular”, se excusó Chiesera, un venezolano que se desvinculó de Morgan Stanley y fundó su propia compañía energética en Estados Unidos.
Fuentes de la causa indicaron que Chiesera y Galicia estarían vinculados familiarmente, pero el primero negó ese parentesco.
Tuñón Balladares, por su parte, también reside en Estados Unidos (trabaja en la empresa Sabin Pass, que maneja una de las dos terminales de GNL en ese país). Entre 2009 y 2012 fue la persona que manejó el negocio de Gas Natural Aprovisionamientos –donde Repsol tenía una participación accionaria, aunque no controlante– en la Argentina. Este medio intentó comunicarse con él pero no respondió las llamadas al celular.
Gas Natural y Morgan Stanley fueron las compañías que más cargas de GNL realizaron entre 2010 y 2011 y las que contrataron a las firmas Dysan (registrada en España) y Dilligentia, controladas por la familia Dromi, como consultores para concretar ventas de GNL a Enarsa.
Ahora la Justicia deberá decidir si los convoca a ser parte de esta trama, que empieza a tener sus primeros nombres propios en el sector privado.
¿Y si el que habla es Baratta?
Aunque todos miran a Julio De Vido, el ex ministro de Planificación Federal, que está preso y estuvo al frente del manejo de los principales contratos energéticos en el kirchnerismo, el empresariado tiene otra inquietud. Que quien posiblemente hable y dé nombres de los que participaron de negocios poco claros sea Roberto Baratta, la ex mano derecha del arquitecto santacruceño.
De hecho, todos miran con perplejidad que entregó una declaración ante la Justicia que tiene más detalles y nombres de lo que hizo, al menos en su primera exposición, el ex ministro.
Baratta tenía voz y voto e intervenía en el diálogo permanente con los principales actores de toda la cadena energética.
Igual, como De Vido, se cuidó de dejar su huella firmando pocos documentos.
