El Gobierno encara la fase final del proceso para privatizar las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila—, al aprobar la primera etapa del Concurso Público Nacional e Internacional para vender el 100% de las acciones de las sociedades creadas para operar esas centrales.
La medida, formalizada mediante la Resolución 1910/2025 del Ministerio de Economía, habilita la precalificación de oferentes y fija para este viernes 28 de noviembre a las 10 la apertura de las ofertas económicas, a través de CONTRAT.AR.
Tras la adjudicación de las primeras concesiones viales la semana pasada, se revelarán las ofertas económicas que definirán quiénes operarán los complejos por los próximos 30 años. Las represas del Comahue representan el 15% de la generación eléctrica nacional, por lo que su privatización es considerada estratégica por el Gobierno.
De los nueve grupos que se presentaron inicialmente, ocho quedaron precalificados. La Secretaría de Energía informó que solo se desestimó la propuesta de IPS Renewal S.A. por incumplir requisitos del pliego.
El Ministerio de Economía habilitó las propuestas de los actuales operadores (Enel, AES Argentina, Central Puerto, y Orazul), así como de los grupos liderados por Pampa Energía, de la familia Mindlin; Central Costanera, ligada a los socios de Central Puerto; y un consorcio entre Hidroeléctrica Futaleufú (Aluar), la provincia de Chubut y Genneia.
También otros dos grupos sin experiencia previa en grandes represas: Edison Inversiones (familia Neuss, Cherñajovsky y Galli) e Inverlat (dueños de Havanna), que viene expandiéndose en el sector eléctrico.

Un proceso estructural
La resolución —firmada por el ministro Luis Caputo— se apoya en un extenso andamiaje normativo que incluye las leyes 15.336, 23.696 y 27.742, y decretos clave como el 718/2024, el 286/2025 y el 590/2025, que ordenaron la reversión, reorganización societaria y posterior privatización de las principales represas del Comahue.
Los complejos hidroeléctricos, cuyas concesiones iniciales datan de 1993, fueron incorporados al programa de privatización mediante las instrucciones impartidas por la Secretaría de Energía. Así, ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) conformaron cuatro sociedades operadoras, con la composición accionaria establecida en 98% ENARSA y 2% NASA, para transitar la etapa de transición previa a la venta.
La Ley 27.742 declaró a ambas compañías sujetas a privatización. Luego, los decretos 286/2025 y 695/2025 autorizaron la privatización total de ENARSA y la privatización parcial de NASA, respectivamente, habilitando así el traspaso de activos estratégicos al sector privado.
El decreto 718/2024 instruyó la realización de un concurso público competitivo y estableció que la adjudicación de las acciones activaría formalmente las nuevas concesiones para generación hidroeléctrica.
En agosto de 2025, la Resolución 1200 del Ministerio de Economía lanzó el concurso, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2025-91224663-APN-SE#MEC), fijó el llamado internacional y constituyó una Comisión Evaluadora ad hoc. Posteriormente, las resoluciones 1569/2025 y 1649/2025 dictaron ocho circulares de aclaraciones y modificaciones, y redefinieron fechas claves para el proceso.
El Gobierno espera recaudar entre US$ 500 y US$ 700 millones por la venta del 100% de las sociedades concesionarias. Actualmente, la explotación del “negocio del agua” deja alrededor de US$ 50 millones anuales en conjunto.
Las otras siete represas que el Gobierno buscará privatizar
Mientras avanza la reprivatización de las represas del Comahue, el Gobierno ya empezó con el procedimiento hacia la concesión de otras 7 centrales hidroeléctricas, cuyos contratos empezarán a vencer entre el 30 de noviembre y el 30 de julio de 2026.
Se trata de los complejos Futaleufú, Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo.
FN / EM