A veces, lo que parece no es. La decisión del juez Thomas Griesa de no declarar el jueves a la Argentina en desacato, a pesar de haber amenazado con ello meses atrás, dejó un sabor agridulce en el Gobierno. Según fuentes cercanas a la negociación, la expectativa de la Argentina, tras enviar el proyecto de ley para esquivar el cepo neoyorquino al pago de deuda, era que el magistrado, de 83 años, dijera que se desobedecía a la Justicia estadounidense. La Casa Rosada tenía dos razones: en parte porque así el juez iba a quedar en ridículo por la imposibilidad de decir que “un país está en desacato”; y por otro lado porque esa figura, además, podría dar la impresión de que la única manera de cobrar los próximos vencimientos era optando por cambiar la jurisdicción, es decir, entrar al canje. “Declarar el desacato era lo que correspondía”, se lamentó un funcionario del Poder Ejecutivo involucrado directamente en las tratativas. “Pero Griesa se dio cuenta de que no puede decir que 40 millones de argentinos están en desacato; ¿qué va a hacer? Nos va a meter presos a todos?”, se preguntó. Al mismo tiempo, aunque no hay una estimación clara de cuántos acreedores podrían entrar, existía la sensación en el Ministerio de Economía de que, con el desacato, quedaría más lejana la posibilidad de un acuerdo, lo que incentivaría a los bonistas a entender que para cobrar deberían aceptar el cambio de jurisdicción voluntario que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento y que tiene previsto tratarse en el Senado el 3 de septiembre. La Argentina tiene un próximo vencimiento de deuda el 30 de septiembre. El 30 de junio no pudo pagar porque Griesa bloqueó los fondos y desde fin de julio está, según agencias calificadoras de riesgo, en default.
Riesgo global. En Casa de Gobierno, en tanto, muestran en los últimos días un número para graficar el “riesgo global” que, según la Argentina, generó la Justicia de Estados Unidos con el caso que sentenció en favor del fondo NML. Según datos que maneja Economía, en el mundo hay unos 600 mil millones de dólares en bonos con cláusula pari passu. Se trata de la normativa vigente en la deuda en litigio que obliga a la Argentina a pagarles a todos sus acreedores que hoy están cobrando cualquier condición diferente que arregle con los que ganaron el juicio en Nueva York. “Este es el desconocimiento de Griesa”, dice la fuente.
Singer va por los bancos internacionales El fondo Elliott Management, del magnate Paul Singer, prepara citaciones para los bancos internacionales que intentaron negociar un “acuerdo privado” para comprarle el juicio bajo la idea de que cuentan con fondos de la Argentina, como el Citi, el HSBC y el Standard Chartered. Según trascendió en Nueva York, esta operación apunta a identificar e intentar cobrar los US$ 1.600 millones que el fallo del juez Thomas Griesa ordenó pagarles a los fondos buitre NML y Aurelius, además de un grupo de holdouts minoristas. Parte de estas operaciones, según el fondo de Singer, están vinculadas también a las cuentas del empresario Lázaro Báez, al que apuntan como testaferro. “Creemos que se movió mucho dinero como parte de operaciones con bonos, que son mucho más fáciles de realizar que los movimientos de dinero”, aseguró una fuente del fondo a la agencia de noticias Reuters.
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