El gobierno liberó, a través de un decreto, el mercado de internet, la telefonía y el cable
El DNU modifica la Ley Argentina Digital N° 27.078. Según las consideraciones de la medida, representa un paso hacia la desregulación de precios en el sector, con el objetivo de fomentar la competencia e incentivar la inversión.
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"Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, indica el texto oficial.
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La decisión se toma en el marco de la intervención del Enacom, que el ejecutivo nacional definió en enero pasado. El Licenciado Juan Martín Ozores es quien está como Interventor en el organismo.
Cabe destacar que con este DNU Se modifica la Ley Argentina Digital N° 27.078. Según se explica, la medida representa un paso hacia la desregulación de precios en el sector, con el objetivo de fomentar la competencia, incentivar la inversión y mejorar la calidad del servicio para los usuarios de todo el país.
La publicación en el boletín oficial señala que “el presidente en acuerdo general de ministros decreta: artículo.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación´”.
Desregulado pero con acceso universal
A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.
El texto oficial establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables, garantizando que cubran los costos de explotación y permitan a todos los argentinos acceder a servicios de calidad.
Entre las motivaciones que impulsan la reforma, se señaló la necesidad de incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en Argentina. Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el gobierno espera estimular la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital.
Entre otros fundamentos para tomar la iniciativa el gobierno puntualizó los siguientes argumentos: “Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”.
Además, el decreto sostiene “que en cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”.
Con esta decisión. el Gobierno anuló un decreto de 2020 con el que la administración anterior buscó controlar los precios de los principales servicios de TV por cable, telefonía (fija y móvil) e Internet.
Algo similar es lo que el gobierno hizo con las prepagas de salud, aunque por el momento le ha valido algunos enfrentamientos con las empresas del sector a las que ha acusado de hacer una “cartelización que afecta a los argentinos”, aunque por el momento no anunció medidas para los fuertes aumentos.
