En 2025, por primera vez, un fallo condenó a un hombre por explotación sexual a través de medios digitales: se trata de Fredy Junior Arturo Zea Ricardo, a quien se le aplicó una pena de 25 años de prisión. En el documento de 357 páginas al que pudo acceder PERFIL, los testimonios de las víctimas detallan desde la forma en la que fueron engañadas a través de promesas laborales falsas difundidas por redes sociales hasta la crueldad a la que eran sometidas. Es un “negocio” y un delito crece desde la pandemia: los criminales se adaptaron al contexto, pero el Estado, en su plan de ajuste, dejó de invertir en prevención y reparación a las víctimas.
Los relatos dan cuenta de una innumerable cantidad de exigencias inhumanas y degradantes, además de un estricto aislamiento y control a través de las pantallas. Este tipo de trata es un círculo que parece no terminar jamás: las personas afectadas no saben hasta cuándo o a través de qué medios el contenido que fueron forzadas a grabar continuará circulando.
En la respuesta a la apelación del victimario, la Justicia determinó que el hecho de que la explotación haya sido de manera virtual no es un atenuante. “Hay un control mucho más exhaustivo porque las chicas estaban sometidas a sesiones larguísimas”, explicó a este medio Facundo Lugo, integrante de la ONG La Alameda. “Hay un múltiple control, porque a su vez también intervenía en la comunicación el victimario, que todo el tiempo presionaba para que hagan tal o cual acción que estaban esperando quienes lo pedían de manera remota”, agregó.
En el fallo puede leerse que existe un patrón que se repite en la búsqueda de las víctimas: “provenían de familias humildes, de clase trabajadora” y eran de corta edad. El documento describe que Zea Ricardo se aprovechó particularmente de esto. “Generó una expectativa de oportunidad de progreso en las víctimas, de poder sustentarse. Aprovechó la ilusión de las víctimas de conseguir un futuro mejor y poder ayudar a sus familias”.
“La población que era vulnerable con la trata presencial es también la más expuesta en la trata virtual”, consideró Lugo.
“Cuando hablamos de delitos virtuales contra chicos y adolescentes no estamos hablando de casos aislados. Estamos frente a una epidemia silenciosa”, aseguró a PERFIL Viviana Caminos, presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT). “La razón por la que las cifras oficiales no reflejan la magnitud del problema es simple y brutal: el miedo y la vergüenza. Las víctimas quedan atrapadas en un infierno de manipulación tan perfecto que pedir ayuda les parece imposible”.
Sobre el avance del abuso y la trata virtual, Caminos reflexionó: “la gente todavía tiene en la cabeza la imagen del ‘monstruo’ desconocido que acecha en la calle. El peligro, hoy, puede estar en la lista de amigos de su hijo en un videojuego, puede ser otro compañero del colegio, o incluso puede ser un familiar”. También en las redes criminales transnacionales, “que operan con una impunidad que asusta, amparándose en el falso anonimato de internet, moviendo dinero a través de criptomonedas y desapareciendo detrás de un clic”, expresó.
“Lo más terrible, lo que a muchos padres les cuesta procesar, es que la escena del crimen es la propia habitación de los chicos. El arma del delito es el celular que ellos mismos les regalaron. El abuso no ocurre en un lugar oscuro y lejano, ocurre en su cama, mientras el resto de la familia mira la televisión”.
La forma en la que los niños y adolescentes son engañados es gradual. “Nadie cae en la trampa de un día para el otro. Es un trabajo de hormiga. Empieza en un videojuego online, por ejemplo”. En otros casos, como los mencionados en la denuncia, “el anzuelo es una promesa de fama y dinero fácil. ‘Modelo de webcam’, ‘influencer’”. Los delincuentes empiezan pidiendo fotos inocentes, con ropa, destacó. “La escalada es tan gradual que cuando la víctima se da cuenta, ya está completamente atrapada”.
En medio del aumento de este tipo de delitos –mucho más difíciles de detectar porque los victimarios están detrás de una pantalla– las políticas destinadas a la prevención y reparación fueron desmanteladas. “No existen más campañas que las de las ONG”, sintetizó Caminos.
“De toda la política pública en materia de trata que se creó desde el año 2008 lo único que quedó en pie, porque está creado específicamente por ley, es el Programa Nacional de Rescate y la línea 145”, detalló Lugo.
Tal como reveló PERFIL, en mayo de este año el Gobierno dio de baja los programas Restituir y Reparar, que incluían una compensación económica para las víctimas. Los reemplazó por otro: el de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas. En agosto, cuando este medio publicó la nota, no contaba con presupuesto para operar. En octubre tiene asignados $ 1.000 millones, de los cuales de todas maneras no se invirtió ni un solo peso.
Además de contar con recursos escasos o no ejecutados, el control, afirma Lugo, se vuelve más ineficiente: “El Comité de Lucha contra la Trata y el Consejo Federal de Trata pasaron a la órbita del Ministerio de Seguridad. Esto es algo que no sucede en ningún lugar del mundo, porque se sabe la complicidad de la fuerza de seguridad con este tipo de delitos”, concluyó.
