Argentina pidió a la jueza estadounidense Loretta Preska que deniegue la petición de los demandantes de ejecutar en 30 días el fallo que le obliga a pagar 16.100 millones de dólares a accionistas minoritarios en el caso de la nacionalización de la petrolera YPF.
La acusación había solicitado a la magistrada del tribunal sur de Manhattan, que diera 30 días de plazo para que Argentina empezara a pagar la indemnización y los intereses a los que fue condenada en la sentencia favorable a las empresas demandantes Grupo Petersen y Eton Park.
"Sería una violación extraordinaria de la cortesía internacional permitir la ejecución de la sentencia de 16.100 millones de dólares en este caso en un plazo artificialmente limitado" y "generaría litigios innecesarios y caóticos", alegan los representantes del Estado argentino en un escrito enviado a la jueza el 27 de septiembre, según informó AFP.
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El abogado Robert Giuffra, que firma el petitorio, recuerda que el bufete de abogados Burford Capital ha vendido el 38,75% de su participación en el caso a terceros, "cuya identidad ni siquiera ha sido revelada". Este bufete compró el litigio al Grupo Peterson, una de las empresas demandantes.
Según la defensa argentina, la sentencia de la jueza estadounidense equivale a casi el 20% del presupuesto de la República para 2023, por lo que el "pago de tal proporción del presupuesto de un país no sería posible para ningún gobierno en el plazo que proponen los demandantes".
"No hay certeza de que el pago de la sentencia, una vez efectuado, pueda recuperarse, un resultado insostenible dado que la apelación de la República plantea cuestiones jurídicas difíciles para el Tribunal de Apelaciones", alegan los defensores de Argentina, de acuerdo con información de AFP.
Pedido de embargo
Esta semana, mediante un escrito presentado ante la jueza Preska, los abogados representantes del fondo Burford Capital, solicitaron que en el plazo de 30 días se empiecen a ordenar los embargos sobre bienes argentinos.
El pedido se fundamenta en la sospecha firme de que el país no cumplirá con la decisión judicial, según alegan los letrados en su presentación. Asimismo, señalan la existencia de antecedentes negativos que indican que Argentina es un mal pagador. También el requerimiento hace alusión a “las declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel que demuestran que no tienen intención de cumplir con la sentencia”.
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