En el marco del juicio por la expropiación de la petrolera de bandera nacional, YPF, y mediante un escrito presentado ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, los abogados representantes del fondo Burford Capital, solicitaron que en el plazo de 30 días se empiecen a ordenar los embargos sobre bienes argentinos.
Cabe recordar que quienes piden esta medida cautelar son los beneficiarios del histórico fallo que condenó a Argentina al pago de USD 16.000 millones por el proceso de expropiación de la petrolera YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner.
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Lo cierto es que pasaron solo dos semanas desde el fallo favorable al reclamo del fondo y apenas una, desde la sentencia condenatoria definitiva contra Argentina. Por otra parte, se estima que el Gobierno nacional estará apelando la sentencia.
En concreto el pedido presentado ante la jueza del caso, se enfoca en poder trabar embargos sobre activos del país, una vez transcurridos 30 días, contados desde el viernes 15 de septiembre último.
Malos antecedentes y falta de voluntad de pago
El pedido se fundamenta en la sospecha firme de que el país no cumplirá con la decisión judicial, según alegan los letrados en su presentación. Asimismo, señalan la existencia de antecedentes negativos que indican que Argentina es un mal pagador. También el requerimiento hace alusión a “las declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel que demuestran que no tienen intención de cumplir con la sentencia”.
Una demanda millonaria y mucho silencio local
La presentación por parte del fondo Burford, no hace más que acelerar los plazos del proceso judicial ante la Justicia de Estados Unidos. Si bien se estimaba que los beneficiarios del fallo podrían esperar a la definición de las elecciones presidenciales del 22 de octubre próximo, los planes fueron otros.
En ese sentido, los litigantes se adelantaron con un escrito ante la jueza que presidió el juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF. La presentación de los demandantes, trascendió el viernes último. Mientras tanto, la defensa a cargo de la Procuración del Tesoro dirigida por su titular, Carlos Zannini, anticipó que apelaría la medida solicitada. No obstante, aún no fue realizada presentación alguna en dicho sentido por parte del Gobierno Argentino.
Por lo pronto, no fue realizado ningún pedido ante Preska, tendiente a frenar una eventual orden judicial de embargo de bienes, contemplando la crisis económica y financiera que atraviesa el país. Cabe destacar, que precisamente un argumento en tal sentido, fue el admitido por un tribunal de Londres en agosto pasado.
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Qué bienes argentinos podrían ser embargados
La presentación judicial del fondo que persigue el embargo para garantizarse el pago de la condena, o tal vez, negociar una forma de pago con Argentina, alertó respecto de qué bienes podrían estar siendo considerados por los demandantes.
Si bien, dado el contexto económico de crisis que atraviesa el país, no lograrían el pago completo de la condena, tal vez podría servir para acercar a las partes y negociar. Pero también es muy cierto, que Argentina no posee demasiados activos sin inmunidad soberana y susceptible de ser embargados en el exterior.
Tres parecerían ser las opciones posibles. Entre las posibilidades más ciertas, una eventual orden de embargo podría recaer sobre la nueva aeronave que integra la flota presidencial, el avión ARG-01, que reemplazó al icónico Tango 01. Tal vez, se encontrarían expuestas también algunas aeronaves de la flota de Aerolíneas Argentinas, excepto los aviones que vuelan con destino a Miami o Nueva York, ya que no son activos propiedad del país, sino que se trata de aviones alquilados a una compañía irlandesa.
Una tercera opción, podría ser que los demandantes intentaran un pedido de embargo directo contra los bienes propiedad de YPF.
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¿Otro posible caso “Fragata Libertad”?
El fallo por el caso de la expropiación de YPF, y el pedido para avanzar en una medida cautelar, rápidamente lleva la memoria a cercanos antecedentes de pedidos de embargo contra bienes propiedad de Argentina.
Tal fue el caso del fondo NML Capital, controlado por Elliot Management, de Paul Singer, por la deuda en default de 2001. Este caso terminó con una condena contra Argentina en 2012, ante el juzgado del Distrito Sur de Nueva York a cargo del juez Thomas Griesa, luego reemplazado por Preska, ante su fallecimiento. La apelación argentina ante la Cámara de Casación y luego ante la Corte Suprema de Justicia de EE.UU no tuvo éxito. Durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2016 se negoció el pago de USD 2.280 millones con la emisión de bonos.
Antecedentes de pedidos de embargo
En el marco del litigio de NML Capital, se solicitó el embargo de varios bienes argentinos.
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- Fragata Libertad: permaneció durante 77 días retenida en el puerto africano de Ghana. Precisamente, entre octubre y diciembre de 2012, hasta que el Tribunal del Mar obligó a liberarla.
- Residencia del embajador argentino en Washington: junto a más de diez inmuebles propiedad del país en los Estados Unidos, intentaron ser embargados por el fondo litigante.
- Casa Museo de José de San Martín, en Boulogne Sur Mer, Francia.
- Satélite argentino Aquarius SAC-D, lanzado al espacio en 2011.
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Estos pedidos de embargo no prosperaron. La Justicia desestimó los solicitados sobre embajadas y propiedades argentinas en el exterior, sobre activos en bancos argentinos en Estados Unidos, y depósitos del país en sucursales del Banco Nación en EE.UU. También se desestimó el embargo sobre la cuenta bajo titularidad del Banco Central en la propia Reserva Federal.
Mientras Argentina no pague la condena, tendrá que pagar una tasa variable del mercado estadounidense que ajusta de manera semanal. Actualmente, se encuentra en 5,42% anual. “En pocas palabras, la Argentina no tiene intención de pagar la sentencia, y sería espurio que sugiriera lo contrario”, cierra el escrito. Por lo cual, los litigantes señalan que el plazo de 30 días “razonable” para comenzar a ordenar los embargos. Será la jueza quien tendrá que definir aceptar el pedido o desestimarlo.
MVB JL
