Férrea defensa del Gobierno al nuevo contrato de concesión con Aeropuertos Argentina 2000

A diferencia de Franco Macri o los accionistas del Grupo francés Suez, Eduardo Eurnekián tiene una buena relación con el Gobierno. Por eso, a capa y espada, la Unidad de Renegociación de Contratos (Uniren) y el Organismo Regulador de los Aeropuertos (Orsna) defendieron hoy el nuevo contrato renegociado con Aeropuertos Argentina 2000 (AA200).

De otro lado del mostrador, los representantes de compañías aéreas opinaron que el Estado debería rescindir el convenio por "incumplimiento del concesionario". El pago parcial del canon anual y el cumplimiento también parcial de las inversiones comprometidas al momento de la privatización de los 33 aeropuertos licitados constituyeron los fundamentos principales de quienes plantearon la rescisión del contrato.

A fuego cruzado. Así se está dando en este momento, según la agencia DyN, la audiencia pública que se desarrolla en Ezeiza para discutir los términos del contrato reformulado, que ratifica la vigencia de la concesión hasta 2028 y reemplaza el canon fijo anual a pagar por el concesionario por otro de carácter variable, en función de los ingresos de AA2000, consorcio que encabeza el Grupo Eurnekian.

AA2000 deberá depositar mensualmente 15 por ciento de sus ingresos totales en un fideicomiso administrado por el Estado, para financiar obras en los aeropuertos concesionados y otros no concesionados.

Los dichos. El representante de AA2000, Gustavo Lupetti, detalló la gestión de la concesionaria "a pesar de la crisis que soportó el país desde la recesión iniciada en 1998 (año del traspaso de los aeropuertos)".

El nuevo contrato en consideración refiere al reconocimiento de una deuda de AA2000 de casi 850 millones de pesos, que el concesionario saldará con el Estado, de modo que posibilitará a este acceder hasta el 20 por ciento del capital social.

Asimismo, AA2000 deberá colocar en bolsas locales e internacionales hasta el 30 por ciento de sus acciones, y concretar un plan de inversiones por 2.100 millones de pesos hasta el final de la concesión.

Ana Maria Zabala, de la Uniren, consideró "razonables los términos de la Carta de Intención en el marco de las condiciones socioeconómicas que atraviesa el país y la actividad aeronáutica".

El titular del Orsna, Horacio Orefice, admitió que en las anteriores gestiones no se cumplió con el acuerdo que obligaba al Estado a aplicar a un programa de inversiones en aeropuertos no concesionados el canon que se estableció a AA2000.

"Vemos que con este acuerdo el monto adeudado va a ir a parar a obras, tendrán una afectación específica, y coincidimos con la Uniren en que dichos planes tienen que ser revisables anualmente y actualizables en forma quinquenal", señaló Orefice.

La oposición. En tanto, el representante de IATA (International Air Transport Association) Jorge Sepúlveda, solicitó "al Estado argentino que proceda a la rescisión del contrato por los severos incumplimientos de los compromisos por parte de AA2000".

IATA representa a 260 líneas aéreas, y viene sosteniendo duras controversias con AA2000 por el tratamiento tarifario que aplicó a las compañías de aviación.

Esta organización sostuvo respecto del nuevo modelo de contrato que "consagra el pago ilegítimo de tasas dolarizadas por parte de las líneas aéreas, de modo que la operación internacional seguirá subsidiando al servicio aéreo doméstico" (de cabotaje, con tarifas en pesos).

Sepúlveda sostuvo que "una tasa justa (internacional) debiera reducirse al 50 por ciento". En la misma postura coincidieron Carlos Asencio, de la Junta Unificada de Representantes de Compañías Aéreas (JURCA), y Alexander De Guten, de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA).

Las deliberaciones, que no tienen carácter de resolutivas, son presididas por las autoridades de la Uniren, que encabeza Gustavo Simeonoff, y se estima concluirán a última hora de hoy.

En este contexto, el representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Sebastián Bizzi, cuestionó el desempeño del Orsna y puso en duda si esta autoridad "podrá cumplir con las funciones que se le adjudicaron según el nuevo contrato".